El informe, realizado en el marco de la misión encabezada por Rigoberta Menchú Tum y Guillermo Whpei, detalla la situación actual de Chile y la sistemática violación de los Derechos Humanos de los ciudadanos por parte del Estado. Fue presentado en el Palacio de la Moneda, la sede del ex Congreso Nacional de Santiago y ante distintos organismos internacionales.

Desde el inicio del mes de noviembre hasta la fecha, la Misión de Solidaridad y Denuncia encabezada por la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, y el presidente de nuestra Fundación, Guillermo Whpei, ha mantenido estrecha comunicación en Chile con diversas organizaciones y entidades vinculadas a los derechos humanos. A raíz de estos encuentros, y del acompañamiento en el terreno de las manifestaciones por parte de la ciudadanía, elaboraron un informe que detalla la crítica situación que vive Chile en la actualidad.

El escrito realizado fue presentado esta semana en el Palacio de la Moneda -dirigido al presidente Sebastián Piñera- y en la sede del ex Congreso Nacional de Santiago. También se hizo entrega del informe a la diputada mapuche-huilliche, Emilia Ancapichún, y a Haroldo Brito Cruz, presidente de la corte Suprema de Chile. Por último, llegó al Instituto Nacional de Derechos Humanos, después de una tensa reunión con sus autoridades.
En el informe se corrobora que “en las diversas formas de manifestación pública, las y los ciudadanos demuestran una actitud pacífica y que por encima de las actuaciones de grupos violentos y provocadores prevalecen las conductas pacíficas mayoritarias”. Al mismo tiempo la misión ha constatado de manera directa “el carácter desproporcionado, generalizado, sistemático e indiscriminado de las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las fuerzas de seguridad del Estado que evidencia la abundante disposición de recursos para la represión”.

El informe demuestra, además, la preexistencia de políticas y prácticas metódicas de represión, tal como lo demuestra el número de muertos y heridos a manos de agentes estatales, la cantidad de víctimas de tortura y violación sexual, y los más de 350 casos de personas que han sufrido graves heridas en los ojos –muchas de ellas irreversibles- como producto del disparo directo de perdigones y bombas lacrimógenas.

Ante la evidencia sobre los graves daños que las fuerzas de seguridad del Estado le han causado a centenares de personas por el uso de escopetas que disparan perdigones, la misión exige en su informe la inmediata y total prohibición del empleo de dichas armas de fuego. No basta con regular o normar su uso, pues está demostrado que eso no limita la utilización criminal de ese armamento. Además, ha lanzado una campaña en la plataforma online change.org/armasletales, impulsando un petitorio dirigido al secretario general de las Naciones Unidas para lograr la prohibición.

Por último, dado el carácter generalizado y sistemático de las violaciones de derechos humanos que están ejecutando las fuerzas de seguridad del Estado, la misión verifica y detalla en su informe que “de manera intencional, planificada y consistente en Chile se están violando normas fundamentales del derecho internacional”. El escrito señala que según el Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998, se entiende por crimen de lesa humanidad los diferentes tipos de graves actos inhumanos cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicha agresión. Ante la evidencia inobjetable de que los elementos detallados por la Corte están presentes en la represión gubernamental emprendida en Chile en contra de las y los manifestantes pacíficos, la misión concluye en la comisión de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado.