El despliegue contra la organización criminal Comando Vermelho dejó un saldo estimado de 121 muertos y generó impacto internacional. Naciones Unidas demanda una investigación sobre el accionar de las fuerzas y repudió la violencia.
El reciente operativo de seguridad en Brasil contra la organización criminal conocida como Comando Vermelho que dejó un saldo estimado de 121 muertos puso en el centro de debate el ejercicio de la fuerza en nombre de la seguridad nacional. Organismos internacionales y diversas figuras del ámbito del derecho manifestaron su preocupación sobre un accionar excesivo cuyo saldo calificó el operativo como el “más letal de la historia” de Brasil.
Es que el despliegue de más de 2000 efectivos policiales que durante la última semana ingresaron en dos aglomerados de favelas en Río de Janeiro, bajo órdenes de detención de 100 integrantes de la organización, despertó una fuerte preocupación por su nivel de violencia. La imagen de decenas de cuerpos sin vida apilados en la zona de operación circuló por el mundo entero y generó un impacto inmediato. Se estima que al menos 60 de las víctimas eran civiles y varios efectivos de la propia fuerza policial.
La Organización de las Naciones Unidas se hizo eco de lo ocurrido e hizo sus propias observaciones. El secretario General del organismo, António Guterres expresó su “extrema” preocupación por el alto saldo de víctimas como producto del operativo, como también recordó que estas acciones deben estar alineadas a los postulados del derecho internacional. La entidad exigió una investigación inmediata sobre las condiciones en que fue llevada adelante la tarea.
Asimismo, la responsable de Amnistía Internacional (AI) en Brasil, Jurema Werneck, fue más a fondo y calificó como “desastroso” el accionar de las fuerzas de seguridad en el marco del hecho. Werneck sostuvo que los resultados de la operación implicaron un “fracaso rotundo” para las autoridades del Estado como también para la población local.
El debate sobre la violencia en materia de políticas de seguridad, en especial en torno al accionar policial, no es nuevo en Brasil. En especial en Río de Janeiro, donde la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido motivo de históricos episodios de violencia, con el foco puesto en las poblaciones más vulnerables de la región. En el caso del operativo contra Comando Vermelho, la lucha contra el llamado “narcoterrorismo” fue uno de los principales ejes discursivos que habilitaron el objetivo del despliegue.
Esto despertó el debate de especialistas sobre la manera en que las políticas de seguridad se han convertido en eje de disputas políticas. Sabina Frederic, ex ministra Nacional de Seguridad de la República Argentina, analizó que el mensaje de la lucha contra el “terrorismo narco” puede ser tomado como una búsqueda de legitimidad de los sectores de derecha locales.
A nivel histórico, han sido reiteradas las observaciones internacionales sobre la violencia policial y de otras fuerzas de seguridad en Brasil. A principios de septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por un “patrón excesivo” en las políticas de seguridad frente a los derechos humanos. Para ello citó como ejemplos los asesinatos de Igor Oliveira, Guilherme Dias Santos o Jeferson de Souza, todos jóvenes de 24 a 30 años, en algunos casos afrodescendientes. Todas estas muertes se dieron en el marco de operativos de la policía durante mayo y julio de este año. En todos los episodios se observó un ejercicio desmedido de la violencia.
Frente a estos y otros hechos, la CIDH lanzó un comunicado donde le recordaba al gobierno brasilero la necesidad de generar un modelo de seguridad ciudadana con un especial hincapié en la protección de derechos humanos y en la inclusión de criterios con perspectiva de género. Asimismo, recomendaba fomentar la aplicación de tácticas que reduzcan la letalidad, como también realizar reformas fuertes en los protocolos policiales en el uso de la fuerza.
Seguridad y violencia en Brasil: El antecedente de Carandiru
Uno de los antecedentes más destacados en el historial de violencia y seguridad en Brasil es el de la recordada masacre de la penitenciaría de Carandiru en 1992, donde un motín de internos decantó en el asesinato de más de 100 reclusos en manos de la policía militar de Sao Paulo. 85 de esas víctimas fueron asesinadas a quemarropa en sus propias celdas.
En el año 2000, la mencionada CIDH emitió un extenso informe sobre el caso donde planteó el desarrollo del episodio y sentó posición sobre las responsabilidades del Estado y los actores involucrados. En el documento la Comisión concluye que el estado brasilero, en efecto, cometió violaciones al derecho a la vida, constituyó una “masacre y demandó una investigación sobre los responsables. Para 2013, Naciones Unidas destacó y celebró la condena a 23 policías involucrados en el caso, cuyo fallo fue emitido por un tribunal paulista.
Presidente de la Fundacion para la democracia
