Repudiamos enérgicamente las actuaciones de las y los diputados al Congreso de la República de Guatemala que de forma poco transparente y sin agotar los procedimientos legales, han elegido como magistrado titular ante la Corte de Constitucionalidad al juez Mynor Moto acusado por el Ministerio Público de delitos de corrupción y complicidad con el crimen organizado. El juez Moto tiene una larga tradición de compromiso con la impunidad de funcionarios estatales relacionados con el narcotráfico, la corrupción y la violación de derechos humanos.
De acuerdo con numerosas instituciones defensoras de derechos humanos, dentro y fuera de Guatemala, el propósito de esa maniobra abiertamente ilegal es copar el máximo tribunal constitucional para fortalecer la impunidad de violadores de derechos fundamentales y funcionarios corruptos. La Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía Especial contra la Impunidad han señalado que Mynor Moto no reúne los requisitos mínimos de idoneidad, capacidad, honradez y honorabilidad. A pesar de estar en trámite varios Recursos de Amparo y siete apelaciones en contra de su elección, Moto fue juramentado en horas de la noche por un grupo mayoritario de congresistas conocidos por la ciudadanía y la prensa guatemalteca como el “pacto de corruptos” que cuenta con pleno apoyo del Presidente de la República Alejandro Giammattei y su gobierno.
Causa inquietud este acto abierto y descarado de ilegalidad, pues evidencia el control que ha alcanzado en Guatemala el crimen organizado y el sistema de impunidad sobre los organismos ejecutivo, legislativo y judicial. La historia demuestra los extremos de aberración a los que pueden llegar los funcionarios gubernamentales que han perdido los límites legales, han dejado de considerar a la opinión pública nacional e internacional y no se detienen frente a los señalamientos de los organismos multilaterales.
Ello resulta particularmente grave en un país que en medio de la mayor crisis sanitaria mundial está sumido en la pobreza y el desempleo, al mismo tiempo que se reprime violentamente a los migrantes centroamericanos, se incrementan los casos de femicidio y se criminaliza y persigue a las y los defensores de derechos humanos. Con un promedio de 15 defensoras y defensores asesinados cada año, el Estado guatemalteco no garantiza el libre ejercicio de la defensa del derecho humano a defender derechos.
Expresamos nuestra solidaridad con la ciudadanía guatemalteca y la alentamos a continuar en la defensa del Estado de Derecho y a manifestar su repudio a la corrupción y la impunidad. Con su lucha decidida y el apoyo solidario de la comunidad internacional, el pueblo de Guatemala logrará avanzar en la construcción de un país más justo y más humano.
29 de enero de 2021.
Fundación para la Democracia
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Memoria Abierta, Argentina.
Asociación Caminos de la Memoria, Perú.
Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Chile.
Asociación Paz y Esperanza, Perú.
Memorial de la Resistencia Dominicana, República Dominicana.
Fundación Hijos de la Resistencia Dominicana, República Dominicana.
Museo de la Palabra y la Imagen –MUPI-, El Salvador.
Red por la Paz y el Desarrollo de Guatemala –RPDG-, Diáspora Guatemalteca.
Movimiento de Unidad Progresista y Popular –MUPP-, Guatemala.
Asociación Paz con Dignidad, Estado Español.
Núcleo da Preservação da Memória Política de São Paulo, Brasil.
Museo de la Memoria de Rosario, Argentina.
Grupo de Estudios sobre Centroamérica, Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,
Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas, Chile.
Instituto Internacional de Aprendizaje para la Reconciliación –IIARS-, Guatemala.
Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, Argentina.
Comisión Provincial por la Memoria –CPM-, Argentina.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado Guatemalteco –ODHAG-, Guatemala.
Comisión Jacobo Árbenz en Argentina.
Asociación Solidaridad Guatemala-Argentina.
Memorial para la Concordia, Guatemala.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos –AFEP-, Chile.
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile.
Comisión Funa, Chile.
Corporación La Serena 16 de octubre, Chile.
Fundación Víctor Jara, Chile.
Corporación 3 y 4 Álamos, Parque por la Paz, la Memoria y la Justicia, Chile.
Corporación Memoria Cerro Chena, Chile
Agrupación por la Memoria Histórica Providencia Antofagasta, Chile.
Museo de las Memorias: Dictadura y Derechos Humanos, Paraguay.
Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Mártires por la Liberación –
ASOFAMD-, Bolivia.
Red Colombiana de Lugares de Memoria, Colombia.
Secretariado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
Faro de la Memoria de Mar del Plata, Argentina.
Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba, Argentina.
Todos por Guatemala/All For Guatemala, Canadá.
Plataforma de Guatemaltecxs Exiliados por Terrorismo de Estado, Canadá.
Montreal Elders for Environmental Justice, Canadá.
Older Women Live (OWL) Ckut FM 90.3, Montreal, Canadá.
Instituto Espacio para la Memoria, Argentina.
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Argentina.
Nora Räthzel, feminista, Profesora de Sociología, Universidad de Umea, Suecia.
Martín Almada, Premio Nobel Alternativo 2002, Paraguay.
Norberto Alayón, Profesor Consulto, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
María Stella Cáceres, Directora del Museo de las Memorias, Paraguay.
Daniel Feierstein, Profesor UNTREF y UBA en estudios sobre genocidio, Argentina.
Lita Stantic, Productora cinematográfica, Argentina.
Alcira Argumedo, Socióloga, Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA,
Argentina.
Beinusz Szmukler, Presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación
Americana de Juristas, Argentina.
Ana María Careaga, Psicoanalista, investigadora y docente de la UBA, Argentina.
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos
Desaparecidos -FEDEFAM-.
Instituto Vladimir Herzog. Democracia, derechos humanos y libertad de expresión,
Brasil.
Comité para la Defensa de la Salud, Ética y Derechos Humanos -CODESEDH-,
Argentina.
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Argentina.
Rodolfo Pastore, Director del Departamento de Economía y Administración de la
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Diana Mulinari, Departamento de Género, Universidad de Lund, Suecia.
Ander Neegaard, Estudios de etnicidad y migración, Universidad de Linköping,
Suecia.
Marta Pérez Valverde, Psicoanalista, Viena, Austria.
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH-, Argentina.
