Además de los debates alrededor de la violencia y la inseguridad, organismos internacionales debaten sobre el efecto en el ejercicio de los derechos básicos frente al avance de las organizaciones delictivas.
El crecimiento del crimen organizado a nivel estructural se ha convertido en un tema de discusión tanto por su dimensión en materia de lucha contra el narcotráfico, como también por su impacto a nivel social, su efecto en los derechos humanos y en la calidad democrática. América Latina no es la excepción. Advertencias de organizaciones civiles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pusieron el foco sobre la injerencia del crimen organizado en las estructuras del Estado y las instituciones y su manifestación en prácticas como la esclavitud, la trata de personas y desapariciones forzadas.
En septiembre de este año, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se reunió para discutir sobre cómo la desigualdad ha generado una “intersección entre economía formal, informal y criminal” en la región. El secretario de la CEPAL, Luis F. Yáñez, expresó que no es solamente la seguridad lo que está en jaque, sino la propia “democracia, la economía y la cohesión social”.
En una audiencia de la CIDH desarrollada a mediados de este año, una veintena de entidades civiles de diversos ámbitos advirtieron sobre el efecto del crimen organizado en la garantía de los derechos humanos. Desde Argentina, una de ellas fue la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Allí se alertó sobre cómo las estructuras criminales no sólo generan violencia, sino que limita y condiciona tanto el ejercicio de los derechos básicos y pone en crisis la legitimidad democrática.
La “gobernanza criminal” frente a los derechos
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha referido a este tema este año con el foco ubicado en cómo las organizaciones criminales han logrado expandirse en los últimos años en dimensiones cada vez más diversas. La penetración es cada vez mayor en gestión de economías ilícitas que ya no se agotan solo en el narcotráfico sino también en ámbitos de base como, por ejemplo, la minería ilegal. Este tipo de enclaves le ha abierto puertas al crimen organizado hacia comunidades enteras donde han logrado emplazarse incluso en tareas propias del Estado o de las instituciones.
En tanto, este tipo de diversificaciones han logrado afianzar explotaciones tales como el trabajo de esclavo, la trata de personas, la extorsión de comunidades mediante el terror, entre otras. Según señala PNUD, en casos como el de las zonas rurales de Colombia, las propias organizaciones administran la “justicia” como también el reparto de comida en las comunidades. Estos procesos han logrado establecer lo que el organismo internacional define como “gobernanza criminal”.
En 2024, el Real Instituto Elcano lanzó una serie de estadísticas en materia de inseguridad en Latinoamérica, vinculada a la presencia del crimen organizado. Según el sondeo, el 50% de los homicidios ocurridos en la región son asociados al crimen organizado.
La lucha contra el narcotráfico: otra preocupación para los DDHH
Mientras múltiples entidades se debaten sobre el avance de las organizaciones criminales en el entramado social de América Latina, otro de los debates apunta a las consecuencias de la lucha contra el narcotráfico. Este año, Amnistía Internacional (AI) ha alertado sobre cómo determinadas políticas públicas en materia de seguridad de carácter punitivo pueden resultar violatorias de los derechos humanos. El organismo internacional puso de ejemplo el caso de El Salvador, cuya Asamblea Legislativa aprobó en 2025 una serie de reformas legales que, según denuncian, agravan las violaciones de los derechos humanos.
Se trata de las llamadas leyes Penitenciarias, Penal Juvenil y Contra el Crimen Organizado. Acorde a lo detallado por AI, en nombre de la lucha contra las organizaciones delictivas, las modificaciones incorporadas afectan las condiciones de detención penitenciaria, vulneran la integridad de menores de 18 años y ejercen un control “desproporcionado” en poblaciones de niños y adolescentes.
Asimismo, la entidad señaló que la reforma de la Ley Contra el Crimen organizado implicó la limitación de derechos del sistema penitenciario tales como la libertad condicional. Esto, según AI, restringe la posibilidad de reinserción social y ponen en riesgo las legislaciones y marcos normativas internacionales en este punto.
En otra parte del mundo, otro ejemplo que ha señalado Amnistía Internacional es el de Irán. En 2023, el organismo denunció la ejecución de unas 853 personas en el marco de la llamada “guerra contra las drogas”. A través de pronunciamientos, AI sostuvo que, en nombre de las políticas anti-narcotráfico, las prisiones iraníes se convirtieron en “centros de muerte”. La utilización de la pena de muerte de manera masiva por delitos vinculados a drogas fue uno de los puntos más sobresalientes. Esto se combina con el impacto de estas políticas sobre las comunidades más pobres y relegadas del país.
