A días del operativo contra el “narcoterrorismo” que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro, un nuevo ataque de EEUU a una embarcación con cargamento de drogas en el Caribe despertó la preocupación de la comunidad internacional.
A poco tiempo del violento operativo de seguridad del gobierno brasilero sobre un área de favelas que dejó más de 100 muertos, un nuevo despliegue en la “lucha contra el narco” despertó la preocupación de la comunidad internacional. Es este caso, el lanzamiento de un misil por parte de Estados Unidos sobre una presunta embarcación narco navegando en el Caribe generó respuestas por parte de organismos internacionales. El traspaso de los límites del derecho internacional en el centro de las disputas, otra vez.
La noticia se conoció en los últimos días, cuando una presunta “lancha narco” fue interceptada y destruida por el gobierno de EEUU, tras un despliegue militar naval en la zona del Caribe. Según información difundida desde Washington, tres personas murieron en el ataque. El hecho ocurrió tras un ataque similar en el área oriental del Océano Pacífico. Días antes del ataque en el Caribe, desde Naciones Unidas habían lanzado una advertencia sobre la legitimidad de este tipo de operaciones.
Tras el nuevo bombardeo, el organismo internacional calificó como “inaceptable” el accionar del gobierno norteamericano. Volker Türk, comisionado de la ONU, demandó una investigación exhaustiva del accionar militar de EEUU y remarcó que los ataques en el Caribe y el Pacífico “violaron” el derecho internacional. Asimismo, desde el organismo señalaron que las justificaciones por parte de la administración de Donald Trump sobre estos ataques se sostenían en consignas de campaña contra el narco y el terrorismo. Asimismo, indicaron que este tipo de ataques deben implicar un “último recurso” y que, de no ser así, implicarían una “violación del derecho a la vida”.
Este tipo de acción en nombre de la lucha contra el narcotráfico ha despertado hace tiempo una larga discusión. Episodios ocurridos en países como Ecuador, México, el ya mencionado caso de Brasil, dan cuenta de límites en riesgo en el ejercicio de la fuerza en la búsqueda de resolución sobre el crimen organizado. Esta problemática ya había sido advertida hace más de una década ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Violencia anti-narco en Latinoamérica: México, Honduras, Brasil
En su informe sobre el “impacto de las políticas de drogas en los derechos humanos”, una decena de asociaciones civiles y del derecho de toda América Latina -entre ellas el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS) de Argentina- advirtieron sobre las consecuencias de la llamada “guerra contra las drogas”. En el documento presentado en 2015 frente a la CIDH, advertían que las políticas de fuerza represiva contra “las drogas” tendían a vulnerar los derechos humanos de los sectores más empobrecidos y relegados de la sociedad.
Entre los factores más destacados en este problema, el documento detallaba la llamada “militarización de las políticas antidrogas”, poniendo como ejemplo el caso de México. Desde 2006, según el informe, en este país se ha multiplicado el uso de la fuerza letal y la implementación de fuerzas armadas nacionales en materia de seguridad contra el narco. Este proceso fue proporcional a las consecuentes recomendaciones y quejas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este punto.
Sobre esto ha brindado su análisis recientemente la politóloga mexicana Guadalupe Correa-Cabrera. En declaraciones a la BBC sobre la situación en México, la especialista ha señalado que al utilizar las fuerzas armadas para problemáticas de seguridad interior, se contribuye a la construcción de un “enemigo interno”. Esta caracterización, según Correa-Cabrera, devino en el país de una guerra contra el narcotráfico a una guerra “contra el pueblo” mismo.
La citada presentación de 2015 ante la CIDH también señalaba el caso de Honduras. Según los datos publicados, en 2011 el país presentaba un balance de 92 asesinatos cada 100 mil habitantes, una cifra que lo ubicaba en el primer lugar en el ranking de homicidios a nivel mundial. Si bien el fenómeno se vinculaba a causas múltiples, la mayoría de los casos estaba relacionada al tráfico de drogas y las respuestas militares al problema. En la actualidad, a pesar de las acciones represivas, la presencia de las estructuras narco no ha cesado. En 2024, el conocido político local Carlos Zelaya (cuñado de la presidenta Xiomara Castro) quedó en el centro de un escándalo tras difundirse un video de una presunta reunión con jefes del narcotráfico.
En tanto, el más reciente caso que trascendió a nivel internacional fue el de Brasil, en el marco del operativo de seguridad contra el llamado Comando Vermelho. El violento despliegue en dos aglomerados de favelas que dejó el saldo aproximado de 111 muertos (en su gran mayoría civiles) generó el repudio de representantes de Amnistía Internacional y el pedido de la ONU de una investigación inmediata.
Presidente de la Fundacion para la democracia
