La detención por tercera vez de un reconocido grupo de músicos callejeros por sus mensajes de protesta despertó la preocupación de organismos internacionales. Se reavivan las advertencias sobre el autoritarismo contra la disidencia.
Las persecuciones ideológicas en Rusia son un tema debate que ya tiene un largo historial, los actos de sanción y censura no cesan en el territorio gobernado por Vladimir Putin. En el transcurso de la última semana el tema volvió a instalarse en la agenda internacional debido a la detención de músicos callejeros que cantaban canciones en contra de la guerra contra Ucrania. Se trata de la tercera vez en que el grupo de artistas Stoptime sufre una detención por parte de las fuerzas de seguridad rusas debido al contenido antibélico de sus canciones. La censura no cesa en un país que ya ha mostrado su carácter autoritario tanto frente a artistas, como a medios de comunicación, activistas políticos y medios de comunicación.
Fueron los jóvenes Aleksandr Orlov y Diana Loginova, ambos integrantes de Stoptime, quienes fueron arrestados en San Petesburgo por tercera vez por el contenido de sus canciones. La noticia recorrió el mundo y generó repercusiones en organismos de derechos humanos de todo el mundo. Amnistía Internacional (AI) emitió un comunicado donde advirtieron sobre los posibles cargos que podrían adjudicar a ambos artistas por el mero hecho de cantar canciones en contra de la guerra.
En nombre de AI, el representante regional Denis Krivosheev se pronunció sobre las reiteradas “leyes represivas” que ha dictado el gobierno ruso en los últimos años, al punto de que la sociedad ha naturalizado como un “tecnicismo” el hecho de enfrentar arrestos y prisión por emitir una opinión contraria al gobierno. Sin ir más lejos, Loginova fue penalizada con una multa de 30.000 rublos, bajo la figura de “deslegitimación de las fuerzas armadas rusas”. Las persecuciones a artistas callejeros se han replicado en regiones como Ekaterimburgo y Perm.
El caso vuelve a remitir experiencias pasadas de artistas musicales y de otros ámbitos que fueron censurados y perseguidos por el gobierno de Putin. Uno de los ejemplos que mayor trascendencia tomó en los últimos años fue el del conjunto musical Pussy Riot, colectivo de mujeres activistas feministas, cuyo contenido artístico generó fuerte controversia en Rusia. En 2012, Pussy Riot fue condenada a dos años de prisión luego de realizar una intervención frente a una catedral. Este año, cinco de sus integrantes volvieron a ser condenadas por criticar el despliegue militar en Ucrania.
La hostilidad contra artistas por parte de las autoridades rusas ha tenido sus variados ejemplos, en especial en lo referente a mensajes en contra de la guerra. La crítica al despliegue militar en su tema recurrente en muchos autores. Entre los casos más destacados se pueden situar el del colectivo artístico Yav, conocido por sus murales en edificios deteriorados, con mensajes anti bélicos en el marco de la guerra contra Ucrania. Otro reconocido es el de Yelena Osipova, una mujer de 77 años que se ha dedicado a pintar cuadros e intervenir en San Petesburgo con actos de protesta contra el gobierno, gesto que la causado multas y arrestos. Otro ejemplo es el artista de grafiti conocido como Zoom, cuyas pintadas callejeras reflejan una marcada crítica al autoritarismo.
Persecución a la disidencia
En 2023, la justicia rusa condenó a 7 años de prisión a la artista local Aleksandra Skochilenko por difundir “información falsa” sobre las fuerzas militares de ese país, una de las figuras más recurrentes utilizadas para castigar a activistas, comunicadores y artistas por actos de protesta. Esta tendencia se despliega también al mundo de los medios, como lo evidenció el caso de Mikhail Afanasyev, quien se dedicó a reportar en sus notas sobre fuerzas militares que se negaban a ir a pelear en Ucrania. Similar fue el caso de la reportera María Ponomarenko, condenada a seis años de prisión por cubrir un atentado.
El hostigamiento a periodistas, comunicadores y activistas de diversa índole ha llevado al exilio a muchas personas, así como también a adoptar actividades clandestinas o directamente a la auto-censura para evitar la persecución judicial.
La propia entidad Amnistía Internacional fue censurada al ser declarada “organización indeseable” en Rusia. La decisión tomada desde el Kremlin fue denunciada por referentes de la entidad internacional como una maniobra para “silenciar a la disidencia” y “criminalizar” sus actividades.
La decisión fue tomada en base al marco legal que opera en Rusia desde 2015, que habilita al gobierno a prohibir de manera arbitraria a entidades extranjeras y dar carácter delictivo a sus actividades. Entonces, el gobierno ruso señaló a AI de promover ideas y contenidos “rusófobos”. Las acusaciones, en concreto, estaba basadas en el trabajo de la entidad humanitaria sobre la situación de la libertad de expresión en el país, como también su actuación en la guerra de Ucrania. Según AI, la justificación legal de esta decisión contradecía los estatutos internacionales.
Presidente de la Fundacion para la democracia
