Naciones Unidas advirtió sobre cómo el incremento de portación de armas de pequeño calibre impacta en la tasa de homicidios, la violencia de género o delitos en ámbitos domésticos. El foco puesto sobre estrategias de desarme y marcos en diversos países.
El incremento de la circulación de armas de fuego en todo el mundo despierta preocupaciones por su injerencia en conflictos humanitarios y las vulneraciones a los derechos humanos que esos escenarios propician. Los organismos internacionales que impulsan debates sobre el desarme advierten sobre cómo la proliferación anual de miles de millones de armas de pequeño calibre incide en el incremento de violencia social y riesgos de seguridad. Un debate en el que se entrecruzan políticas estatales, violencia social, mercados formales e informales y contextos regionales de alta complejidad.
Según un reciente pronunciamiento del representante del Consejo para el Desarme de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Adedeji Ebo, puso el acento sobre la alta gravitación de armas de pequeño calibre (se estima que 1000 millones de armas circulan en la actualidad mundial) de modo ilícito, y su impacto en las crisis de seguridad que se viven en países de alta vulnerabilidad social. Regiones como Centroamérica, Caribe, la región de los Balcanes o África están en la mirada internacional como centros fuertes de este tipo de problemáticas.
Según cifras del área de Derechos Humanos de la ONU, en 2024 hubo un aumento del 40% respecto del año anterior en el número de muertes civiles por conflictos con armas. Se trata de unas 48 mil personas. Según el balance un 30% de esos casos fue vinculado a un arma de pequeño calibre. Asimismo, advirtieron que más del 80% de los casos de violencia sexual entre 2022 y 2024 tuvieron implicancia de un arma de fuego.
Según un análisis de 2024 divulgado por Amnistía Internacional (AI), 700 personas mueren a diario por hechos de violencia que incluyen el manejo de armas de fuego. En este punto, las observaciones internacionales refuerzan el llamado a elaborar estrategias de desarme, regulación del tráfico de armas, como también al debate sobre el rol que ocupan las armas en cada país en materia de seguridad, defensa y derechos civiles.
Asimismo, la organización internacional destacó como preocupación la falta de adhesión de Estados Unidos y Rusia al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, en vigencia desde 2014. Tanto EEUU como Rusia se destacan como dos de los mayores exportadores de armas del mundo, según el informe.
En agosto de 2023, el estado de México puso en agenda este tema al solicitarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que analizara los marcos normativos en el mercado de armas y sentara “obligaciones” hacia las empresas productoras y de comercialización. Esto estaba basado en instaurar un marco regulatorio donde prevalezca el “derecho a la vida” y la integridad de las personas.
Armas de fuego en Argentina
Desde Argentina, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) supo formar parte de la petición que México realizó a la CIDH y presentó un informe donde aportó información sobre la situación en la sociedad argentina. Según datos del 2023, en Argentina solo el 22% de los usuarios de armas registrados (incluidos los pertenecientes a Fuerzas de Seguridad) tenían su credencial en regla, no vencida.
Este último dato compete al sistema legal y regulado de armas, mientras que el sector irregular, por su propia condición, sólo puede ser estimado en cifras aproximadas. Se cree que casi el 4% de los hogares de la Argentina poseen armas de fuego. Según datos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 97% de portadores registrados de armas son hombres y 1 de cada 4 femicidios es cometido con arma de fuego.
En 2024, la organización Human Rights Watch advirtió sobre la peligrosidad de la Resolución 125, oficializada ese año por el gobierno argentino. La organización señalaba que esta medida impulsada por el Ministerio de Seguridad argentino, que ampliaba la capacidad de uso de armas de fuego en fuerzas de seguridad, iba en detrimento de los marcos internacionales y amplificaba el poder de “abuso policial”.
En noviembre de este año, una nueva medida gubernamental generó preocupaciones. En este caso se trataba de un nuevo régimen de parte del Registro Nacional de Armas, en relación a los requisitos para aprobar la portación de armas de fuego en civiles. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la medida presenta ambigüedades peligrosas en sus postulados. Entre sus puntos, el nuevo régimen plantea que, al momento de evaluar la legitimidad de la portación, se “valorará” una antigüedad mínima de 5 años como usuario de armas. El Observatorio sostiene que el criterio de “valorar” en lugar de “exigir” la antigüedad, plantea un riesgo en materia de discrecionalidad para habilitar el uso de armas.
Presidente de la Fundacion para la democracia
