Un reciente informe de Naciones Unidas reanudó la discusión sobre la “privatización de la guerra” y los riesgos que el fenómeno implica en el derecho internacional y los derechos humanos. La mirada de especialistas y entidades humanitarias.
En pleno clima de guerras y crisis humanitarias en diversas partes del mundo, la injerencia del corporaciones y multinacionales preocupa a la mirada de derechos humanos por su carácter de “privatización encubierta”. En una búsqueda por introducir intereses propios, son varias las entidades privadas que despertaron la alerta de especialistas y organismos por su capacidad de traspasar los límites del derecho internacional, bajo fines lucrativos. “Mercenarios”, soberanía y derecho en vilo de cara a las guerras y conflictos del siglo XXI.
Este fue el tema que puso en agenda durante la última semana la Organización de Naciones Unidas (ONU) al divulgar un informe de especialistas donde analizan el papel “desestabilizador” que ejercen los grupos empresarios militares y de seguridad privada, al inmiscuirse en conflictos humanitarios. En el informe, la ONU destaca cómo estos actores buscan recovecos legales para introducir sus intereses en políticas de Estado en materia de defensa y seguridad.
Desde la entidad internacional señalan una serie de riesgos que acompañan estas maniobras, entre los que destacan la vulnerabilidad sobre la cual es ubicada la soberanía del Estado, la intromisión de lógicas de mercado en temas de alta delicadeza y violaciones a los derechos humanos, entre otros.
Las Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP) son vistas con preocupación por Naciones Unidas y, por ello, realizaron un llamado para que los Estados desarrollen políticas y estrategias de regulación de estos grupos corporativos. Asimismo, subrayan el peligro que la utilización de “mercenarios” puede causar en contextos como la toma de prisioneros, posibles torturas, crímenes de guerra, como también los marcos jurídicos para juzgar estas acciones.
Las operaciones de este tipo no sólo abracan guerras sino también contextos de seguridad interna en la que los gobiernos introducen acción militar. Es el caso de Erik Prince, empresario a cargo de la firma Blackwater (una de las más destacadas en materia de compañías militares privadas) y su “alianza” este año con el gobierno de Ecuador para enfrentar al “terrorismo narco” en ese país.
La firma Blackwater tiene un largo historial de servicios de militarización privada en vinculación con aproximadamente 30 países de diferentes continentes. Otras de las firmas que han trascendido a nivel internacional por sus acciones en conflictos armados han sido Defion Internacional, Triple Canopy, Garda World entre otras. Por ejemplo, la empresa norteamericana MPRI, encargada de brindar servicios de “asesoramiento y formación” a fuerzas de Croacia en 1994, por intermedio del gobierno de Estados Unidos, implicando esta maniobra un caso de tercerización de una acción gubernamental en una empresa privada.
Antecedentes sobre privatización militar
La discusión no es nueva. Desde hace varios años, diversos organismos internacionales han advertido sobre la idea de “privatización” de las fuerzas militares en enfrentamientos armados. En 2022, la organización Center For Civilians in Conflict (Centro para ciudadanos en conflicto, en castellano) lanzó un informe sobre “el impacto” de las compañías militares privadas en la “protección de ciudadanos”. Allí se citan ejemplos como la masacre de civiles perpetradas en Nisour, Bagdad, en el año 2007, por parte de contratistas militares. Este caso fue uno de los grandes detonantes para el inicio de movilizaciones civiles en busca de resarcimientos por el accionar de estas empresas.
En el informe, se tipifican una serie de problemáticas vinculadas a la militarización privada. Una de ellas es la tendencia de algunos Estados a apelar a fuerzas militares privadas para “disimular” su participación en determinados conflictos. Asimismo, remarcan la dificultad de relevar datos certeros sobre el accionar de estas fuerzas en las acciones militares. Otro de los grandes problemas es la incapacidad de civiles afectados por estas compañías para iniciar acciones legales, demandar resarcimientos o exigir información.
Ya en 2013, el Comité Internacional de la Cruz Roja ponía el foco sobre este fenómeno, fundamentalmente por el riesgo ocasionado sobre el derecho internacional humanitario. En un informe de ese año, la Cruz Roja ya señalaba que las responsabilidades de estas empresas y sus subordinados nunca “era clara”, más aún a la hora de atenerse o no al derecho internacional. El organismo planteaba el problema de que los empleados de estas empresas, a la vista del derecho internacional humanitario, eran calificados como civiles, aun siendo partícipes de hecho de acciones militares.
Medidas frente al fenómeno
A partir de señalamientos como el realizado en su momento por Cruz Roja, han sido varias las iniciativas que se fueron desarrollando en el plano internacional para hacer frente al fenómeno. Entre ellas se destaca el mentado Documento de Montreaux, impulsado por la propia entidad humanitaria, lanzado en Suiza en 2008. Allí se establecían nuevos criterios de compromiso y responsabilidades para los Estados frente a las empresas militares privadas. En un inicio se plegaron a este documento unos 17 países, cifra que con el tiempo superó los 50.
Presidente de la Fundacion para la democracia
