A pesar de los grandes avances desarrollados en la última década en materia de salud y derechos reproductivos, el aborto sigue siendo puesto en tensión. El avance de políticas regresivas de corte “anti-género” pone en vilo a Europa.
A pesar de los avances culturales y sociales en materia de igualdad de género, acceso a nuevos derechos y políticas de salud pública, la legalidad del aborto sigue siendo materia de controversias en múltiples partes del mundo. Las transformaciones internacionales sobre los llamados derechos reproductivos siguen dando a pie a observaciones y advertencias de diversos organismos sobre cómo aborda cada región esta práctica. Europa ha quedado en la mira reciente por tendencias restrictivas sobre este punto.
Así lo ha demostrado un reciente informe divulgado de Amnistía Internacional (AI), que señaló su preocupación sobre “barreras” a los derechos existentes sobre el aborto en el continente europeo. Imposición de requisitos burocráticos médicos, objeciones de conciencia de parte de profesionales, falta de personal calificado, entre otros puntos aparecen en el informe de Amnistía sobre el estado de situación del derecho al aborto en Europa. Entre las estadísticas citadas, se habla de 20 países de ese continente donde todavía se penaliza la práctica del aborto en condiciones clandestinas, criminalizando a las personas gestantes en situaciones vulnerables.
El último informe lanzado por la entidad internacional vuelve a sentar el debate sobre cómo a pesar de los logros desarrollados en derecho para mujeres y personas gestantes, siguen vigentes elementos que obstaculizan y, en última instancia, vulneran esos derechos.
En este punto, el análisis de género, derecho y salud pública se entrelaza con lo político. Según declaraciones de Mónica Costa Riba, especialista de AI en lo referente a derechos de las mujeres, las restricciones al aborto han ido de la mano de políticas “regresivas”, alentadas por el avance de movimientos populistas que propician a posturas anti-género.
En 12 países de Europa, las legislaciones imponen plazos de tiempo de espera arbitrarios, como también en 13 países se exige “asesoramiento” obligatorio para poder acceder a un aborto. Este tipo de demandas implican barreras directas o indirectas a través de acciones burocráticas hacia las mujeres.
Las situaciones se replican en todo el mundo. Desde Nicaragua y El Salvador, pasando por Andorra y Polonia, son múltiples los casos donde el aborto sigue siendo penalizado o atravesado por diversas limitaciones. Según cifras de Amnistía, un total aproximado de 700 millones de mujeres en edad gestante no tienen garantizado el acceso al aborto legal y seguro. Asimismo, un 41% de las mujeres en edad reproductiva viven en países con leyes que restringen de manera estricta el acceso a la interrupción del embarazo.
Obstáculos al aborto: situación Latinoamericana
El panorama en América Latina es diverso. Haití, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana son los países donde el aborto se mantiene en prohibición absoluta. En tanto, los niveles de acceso y restricción varían acorde a diversos criterios. Según un informe de la Asociación Civil Mundo Sur, Colombia se destaca, por ejemplo, como el país con el mayor lapso de gestación legal para abortar. Allí, el aborto puede realizarse hasta la semana 24 de la gestación, mientras que en otros países ese número llega hasta la semana 12.
En países como Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Perú o Guatemala, el aborto sólo es permitido bajo la figura de “evitar peligro de vida” de la persona gestante, de lo contrario está penalizado. Ya sea por prohibición o diversas formas de restricción, los efectos de estas complejidades se traducen en la búsqueda por acceder a un aborto dentro o al margen de la ley. Según información de la plataforma de estadísticas Statista, 3 de cada 4 abortos en la región latinoamericana se realizan en condiciones no aptas o inseguras, vinculadas a la clandestinidad.
Acorde al informe de Mundo Sur, Uruguay logró llevar a 0 las muertes en contextos de abortos clandestinos a partir de la aprobación de su propia ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aborto en Argentina: referencia regional
Tanto la gran oleada de movilizaciones y campañas a favor de la ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), con su momento más efervescente en 2018, como su sanción en 2021, constituyeron a la Argentina como un faro para la región de América Latina. La lucha del activismo feminista y su irrupción en la agenda política hizo del aborto no sólo un factor de derecho a la salud sino también un símbolo de lucha.
Según datos del Ministerio de Salud, desde la sanción de la ley de ILE en el país, se registraron más de 245 mil interrupciones voluntarias de embarazo hasta 2024. Por otro lado, en ese lapso de tiempo también se han registrado más 30 demandas en contra de la ley, según los datos de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Presidente de la Fundacion para la democracia
