El pedido de la justicia rusa por declarar “terrorista” a la Fundación Anticorrupción referenciada en el fallecido activista Alexéi Navalni despertó una nueva preocupación sobre los ataques a las expresiones ciudadanas críticas.
Un nuevo episodio judicial en el escenario político de Rusia puso en alerta a organismos internacionales frente a la tensa relación de ese país con los sectores de disidencia política y social. En este caso, la presión del poder local para declarar “terrorista” a la Fundación Anticorrupción creada por el fallecido opositor Alexéi Navalni, generó la preocupación en la esfera internacional de derechos humanos frente a una conflictividad que ya tiene un largo historial.
Fue la Fiscalía General de Rusia la que exigió durante los últimos días al Tribunal Supremo que declare como “terrorista” a la entidad iniciada en su momento por el opositor al gobierno local de Vladimir Putin. Navalni -líder político encarcelado como “preso de conciencia” y luego fallecido en condiciones de encierro extremas- se convirtió en uno de los rostros más significativos de la lucha de las disidencias ideológicas, culturales y políticas en ese país.
Este nuevo pedido realizado por la Fiscalía General rusa motivó el pronunciamiento de organismos como Amnistía Internacional (AI), cuya responsable para Europa Oriental y Asia Central, Marie Struthers, fue taxativa en su mensaje. La referente de AI sostuvo que esta maniobra no sólo pretende terminar de eliminar el legado político de Navalni, sino además “aplastar” cualquier “núcleo de disidencia” restante en el país.
La entidad internacional, en tanto, además de solicitar que se retiren los pedidos en torno a la Fundación Anticorrupción y quienes participan de ella, también demandó que se garantice una “investigación transparente” en torno a la muerte misma de Navalni.
Este hecho se enmarca en unas semanas de fuerte tensión en el espectro político de Rusia. Durante la jornada del pasado 14 de octubre, activistas políticos disidentes en el exilio nucleados en el mentado Comité para la Guerra, fueron penalizados por el gobierno ruso. Esta entidad, enfocada en denunciar el accionar de Rusia en la guerra contra Ucrania, es considerada como “terrorista” y el Servicio Federal de Seguridad ruso anunció acciones legales contra varios de sus referentes.
Política y género como acciones “extremistas”
Un detalle no menor es que la mencionada solicitud para declarar a la Fundación Anticorrupción ante el Tribunal Suprema de la Federación Rusa, será evaluada por el mismo magistrado que en 2023 resolvió prohibir el llamado “movimiento LGBT internacional”, al considerarlo “extremista”. Además de señalar que tal movimiento no existe, la decisión puso una vez más en agenda la delicada situación que atraviesan los activismos por diversidad en Rusia.
Al ser catalogados como extremistas, cualquier persona involucrada en los movimientos por los derechos de la comunidad LGBTI pueden enfrentar penas de hasta 5 años de cárcel solo por ser “integrantes”, como también hasta 10 años a quienes sean organizadores de cualquiera de este tipo de entidades.
De este mismo modo, en el plano político, la guerra contra Ucrania desató un fuerte enfrentamiento con los llamados grupos de activismo “anti-guerra”. Tras al inicio del conflicto bélico entre ambos países, en febrero de 2022, las manifestaciones callejeras anti-bélicas fueron fuertemente reprimidas.
Preocupaciones de organismos internacionales
La relatoría de derechos humanos de Naciones Unidas ha manifestado en varias ocasiones su preocupación con respecto a Rusia. En el informe de octubre de 2024, la relatora Mariana Katzarova expone graves violaciones en diversos ámbitos. Tal es el caso del grupo de activismo ruso Gulagu.net, citado en el informe, que ha presentado unos 40 GB de video que evidenciaban “palizas, torturas y violaciones de reclusos” en un establecimiento de salud del sistema penitenciario ruso. Según lo denunciado en el informe, el lugar se utilizaba como centro de torturas a pacientes psiquiátricos y presos, todos bajo presencia de custodia policial.
Asimismo, las miradas están puestas también sobre cómo el propio marco legislativo de Rusia no sólo no contribuye a evitar estos conflictos, sino que incluso habilita la persecución.
En su informe “El campo minado legislativo de Rusia: Trampas para la sociedad civil desde 2020”, la organización Human Rights Watch advierte sobre cómo la conformación de leyes desde 2020 en adelante han sentado el marco normativo propicio para la persecución. El informe se basa en ámbitos determinados tales como derechos electorales, de libertad de expresión, reuniones públicas, “verdad histórica” y normas educativas, entre otros.
Allí se analiza cómo los marcos legales y regulaciones han recrudecido sus aspectos represivos y de control sobre ámbitos como los ya mencionados. Según lo expresado por la entidad, las leyes se han direccionado a tipificar como “delitos” acciones tales como la organización de manifestaciones callejeras sin una previa solicitud de permisos al Gobierno. Asimismo, las llamadas leyes de “censura de guerra” prohíben la divulgación de informaciones sobre el accionar de las fuerzas rusas en Ucrania que no coincidan con las versiones oficiales del Gobierno.
En Argentina, por caso, la situación rusa incluso se convirtió en parte de la agenda legislativa local. En 2022, el diputado nacional Waldo Wolff impulsó un proyecto de resolución en el Congreso Nacional sobre este tema. En el documento, el bloque de Wolff manifestó su preocupación y repudio por las intervenciones llevadas adelante entonces por Vladimir Putin a plataformas como Facebook y ‘X’, entre otras plataformas de comunicación, para restringir contenidos sobre temáticas relacionadas a la guerra con Ucrania.
Presidente de la Fundacion para la democracia
