El lado más oscuro de las ciberestafas en Camboya

Detrás de los centros de ciberestafas en Camboya hay mucho más que engaños por internet. Una investigación de Amnistía Internacional mostró que estas redes también están vinculadas con el tráfico de personas, el trabajo forzoso y la tortura. Pero hay algo mucho que preocupa mucho más: hay empresas de seguridad privada, miembros de la policía y de las fuerzas armadas que habían ayudado a mantener el funcionamiento de estos lugares donde cientos de personas sufrieron abusos muy graves.

¿Qué pasaba adentro de los centros?

Hay varias empresas radicadas en Camboya que tienen vínculos muy fuertes con las fuerzas armadas, la policía y redes empresariales que son muy poderosas. Todas estas organizaciones ayudaron a sostener un sistema de ciberestafas que funciona alrededor del tráfico de personas, el trabajo forzoso, la tortura y la esclavitud. Son cinco empresas de seguridad privada las que le daban sus servicios a centros de ciberestafas y había miembros de la misma policía que trabajaban como guardias de seguridad en más de 20 centros.

La secretaria general de Amnistía Internacional dijo que hubo muchas personas que contaron los terribles tratos que sufrieron por parte de la policía, pero eso recién ahora se está pudiendo verificar de forma independiente. También dijo que había empresarios camboyanos que intervenían directamente en la actividad de centros de ciberestafa y eran esos mismos centros los que movían millones de dólares. Los guardias de las empresas de seguridad salían a cazar a las víctimas que llegaban a escapar y los obligaban a cumplir sus normas con violencia. Esas empresas son las que permitieron que ese sistema de explotación funcione. 

Amnistía pudo entrevistar a más de 500 sobrevivientes entre 2023 y 2026. Se encontraron 86 centros. Hay más de 20 miembros de las fuerzas armadas y figuras empresariales y políticas importantes vinculados al sistema.

Los sobrevivientes dijeron que los guardias eran los responsables de impedir que escaparan porque los golpeaban si trataban de hacerlo. Los guardias les daban descargas eléctricas, los metían presos en “salas oscuras” y controlaban, mientras sus jefes violaban a las mujeres. 

Las empresas de seguridad eran parte del sistema

Cinco empresas privadas custodiaban estos centros y tres de ellas tenían vínculos con las autoridades de Camboya. 

La empresa Leap Somnang es la que más estaba metida, porque se la vinculaba a 15 centros y más de 10 sobrevivientes dijeron haber visto guardias con sus uniformes. Esos guardias aislaban a las personas por mucho tiempo. Esta empresa está bajo el control de Ban Sophat, quien aparecía como presidente del consejo de administración. También tenía el rango de coronel de las Reales Fuerzas Armadas Camboyanas.

En tres centros vieron personal militar activo y entrenado que dirigía a los guardias, pero también se los vio ocupando esos puestos de guardia y llevando armas.

Cerrar los centros no es suficiente

Después de todas las denuncias, parece que la actividad de los centros de ciberestafas había terminado, pero Amnistía sigue investigando a los propietarios y directivos para saber qué vínculo tienen con el Estado y las redes de empresas más amplias. Cuando Amnistía dió a conocer sus conclusiones, Sophat dijo que no era propietario de la empresa a la cual se lo vinculaba y que tampoco la dirigía ni gestionaba, sino que solo había asesorado al propietario.

Que los centros de ciberestafas hayan dejado de funcionar no significa que todo haya terminado. Detrás de este sistema hay empresas, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad que, según la investigación, ayudaron a que siga funcionando. Y si esas personas siguen sin dar explicaciones, la explotación puede continuar, pero con otras formas.

Por eso, Amnistía Internacional pide que se investigue a las empresas y a los agentes involucrados, que se suspendan las licencias de las compañías señaladas y que las víctimas puedan ir a la justicia y recibir una reparación por todo lo que sufrieron.

La organización también dice que no alcanza con detener personas o deportarlas para terminar con el problema. Hay que llegar a quienes financiaron, organizaron y protegieron estos centros. Cerrar las puertas de estos lugares es solo una parte de la solución: también hay que investigar a quienes hicieron posible que funcionen y garantizar que los responsables no queden libres.