Malí: la guerra que alcanzó a los civiles

En la frontera de Malí con Mauritania, la población civil quedó atrapada en medio de una guerra donde, según Amnistía Internacional, “Nadie se salva”. El informe documenta asesinatos, ataques con drones, torturas y desplazamientos forzados durante operaciones del ejército maliense y mercenarios del grupo Wagner. 

La guerra volvió

En agosto de 2023 se retomaron las hostilidades entre el gobierno de Malí y los grupos armados separatistas del norte (el marco del Azawad), luego del alto al fuego de 2015. La fuerza francesa de Barkhane fue expulsada. También se produjo la salida de la misión de la ONU MINUSMA. Ambas cuestiones crearon un vacío de seguridad.

Las autoridades militares suspendieron a varios medios de comunicación internacionales y nacionales. También fueron disueltos partidos políticos y se persiguieron penalmente a voces criticas con la excusa de la “seguridad nacional” y la “lucha contra el terrorismo”

El informe documenta operaciones militares conjuntas entre el ejército maliense y Wagner (entre 2023 y 2025 en localidades como Fatakara, Échell, Taborak, Tim Adenda, Lernev, Luigi y Toulé) que terminaron con la muerte de decenas de civiles. Las víctimas fueron principalmente pastores y ganaderos, los cuales eran señalados como sospechosos de colaborar con grupos armados yihadistas. La sospecha era únicamente por su etnia, su presencia en zonas rurales o porque portaban elementos cotidianos como motocicletas y walkie-talkies.

Los civiles que no estaban armados fueron asesinados a tiros, los degollaron o los quemaron vivos. También hubo varios casos de cadáveres mutilados.

Los drones se utilizaron para matar civiles

El ejército de Malí aumentó los ataques aéreos con drones en lugares donde había civiles argumentando que así neutralizaban “campamentos terroristas”. Sin embargo, Amnistía documentó incidentes donde las únicas víctimas fueron civiles: en el mercado de Ejdeir el 16 de marzo de 2025, un ataque aéreo contra este mercado local dejó por lo menos, 16 civiles muertos y varios heridos que estaban cargando mercancías y animales. En la Aldea de Tangata, el 13 de noviembre de 2025, hubo un ataque nocturno con un dron que destruyó una vivienda y mató a una familia compuesta por  un matrimonio y cinco niños que estaban durmiendo. 

Hubo casos de tortura extrema llevados a cabo por mercenarios Wagner con la aprobación del ejército maliense en bases militares como las de Nampala y Léré, así como durante traslados. 

Torturas y detenciones

Como métodos de tortura, se utilizaron el waterboarding o simulacro de ahogamiento, las palizas severas con barras de hierro y las descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo. El objetivo de esto era que confiesen o sacarles información sobre los grupos armados.

Hubo varias personas detenidas arbitrariamente que no tuvieron acceso a abogados ni a sus familias y terminaron falleciendo en los campamentos por la torturas y las terribles condiciones de reclusión.

Durante las operaciones en las zonas fronterizas con Mauritania, los ejércitos de seguridad cometieron robos de ganado, de motocicletas, de teléfonos, de dinero en efectivo,de joyas y productos farmacéuticos.

Se incendiaron viviendas, tiendas y centros de salud enteros sin motivo, lo que llevó al desplazamiento masivo de más de 290.000 refugiados malienses hacia la región de Hodh ech-Chargui, en Mauritania.

Lo que ocurre en esta zona de Malí muestra cómo una guerra puede terminar golpeando a quienes no tienen nada que ver con la guerra. Familias enteras fueron asesinadas, otras tuvieron que abandonar sus casas. También hubo torturas, robos y destrucción de edificios.

Para Amnistía Internacional, la situación no puede quedar solamente en el informe y las denuncias. Las autoridades malienses tienen que garantizar la protección de la población civil y el cumplimiento del derecho internacional humanitario. También deben investigar de forma independiente y procesar ante tribunales ordinarios a todos los sospechosos de cometer abusos, incluidos los contratistas militares extranjeros y deben poner fin a las detenciones arbitrarias y liberar a las víctimas de desapariciones forzadas.

En este contexto donde la lucha contra los grupos armados se utiliza como justificación para estas operaciones, el respeto por los derechos humanos y por el derecho internacional humanitario no puede quedar en segundo plano.