Redadas, detenciones y miedo: qué está pasando con las personas migrantes en Estados Unidos

Amnistía Internacional sostiene que desde el 20 de enero de 2025, el gobierno de Trump comenzó a aplicar una política de Estado enfocada en detener y deportar de manera masiva a personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas. Según su informe, el miedo, la discriminación y los discursos racistas pasaron a ocupar un lugar central en estas políticas. Miles de personas quedaron en el medio: algunas perdieron su estatus legal, otras fueron detenidas y muchas tuvieron que enfrentarse a operativos que, según la organización, buscaban también generar miedo en las comunidades.

Así son los operativos contra personas migrantes

¿Cómo son estas redadas? ¿A quiénes detienen? ¿Y qué pasa cuando llegan los agentes? Amnistía Internacional intentó responder estas preguntas a partir de cuatro grandes operativos realizados entre 2025 y 2026 en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans, Minneapolis-Saint Paul. 

Para hacerlo, la organización habló con 154 personas que vivieron estas situaciones de cerca, además de abogados, médicos, docentes y autoridades. También revisó videos y otras imágenes.

Los agentes de ICE, CBP y otras agencias aparecían encapuchados, fuertemente armados y en vehículos sin identificación oficial. Según los testimonios reunidos, la apariencia física, el color de piel, el idioma o el acento podían ser motivos para detener a alguien.

También hubo operativos donde suele trabajar la comunidad migrante, como obras de construcción, restaurantes y estacionamientos de ferreterías. 

Y muchas veces el estatus migratorio se comprobaba después de la detención, no antes. Incluso hubo personas que intentaron mostrar los documentos y, según amnistía, esos papeles fueron ignorados. 

Entre quienes terminaron detenidos hubo ciudadanos estadounidenses, personas con residencia regular, indígenas y solicitantes de asilo.

Las casas tampoco quedan afuera

Pero las redadas no terminaban en las calles. También podían llegar a una casa.

Hubo operativos en los que se derribaron puertas sin orden judicial, incursiones durante la noche con helicópteros Black Hawk y vehículos utilizados para acorralar personas. También hubo personas arrojadas al suelo aunque no estuvieran ofreciendo resistencia. 

Amnistía documentó siete casos de disparos de armas de fuego contra personas. Entre ellos aparecen las muertes de Silverio Villegas González y Renee Good y Alex Pretti.

También hubo personas heridas por disparos, como Marimar Martínez, Julio Cesar Sosa-Celis, Philip Brown y Justin Bryant Nelson. 

Las versiones oficiales tampoco quedaron fuera de la investigación. Amnistía sostiene que varias de las explicaciones dadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no coinciden con lo que muestran videos y testimonios.

En Chicago y Minneapolis también hubo gas lacrimógeno, spray de pimienta y otros irritantes químicos contra manifestantes, observadores y redes de respuesta rápida. En algunos casos, ni siquiera hubo advertencia antes de dispersar a la gente. 

Y después está la vigilancia. Porque los operativos no terminaban cuando una persona lograba irse.

Se utilizaron sistemas de reconocimiento facial, drones y helicópteros para monitorear personas. También se denunció una práctica que Amnistía describe como “llevar a casa”: agentes que seguían a activistas o integrantes de redes de respuesta rápida hasta la puerta de sus propios domicilios.

Detener, vigilar y dejar sin respuestas

Ser detenido era apenas el comienzo del problema.

En lugares como el centro Broadview, en Chicago, y el edificio Whipple, en Minneapolis, algunas personas terminaron pasando semanas en espacios que no estaban pensados para estadías tan largas. 

Los testimonios recogidos por Amnistía hablan de hacinamiento, falta de camas y problemas para acceder a comida, agua o atención médica. Y mientras tanto, las familias muchas veces ni siquiera sabían dónde estaban sus seres queridos. Lo mismo ocurría con algunos abogados que intentaban obtener información sobre las personas detenidas.

Para Amnistía, estas situaciones podrían constituir detención en régimen de incomunicación y posibles casos de desaparición forzadas.

Frente a todo esto, la organización reclama cambios importantes en la política migratoria de Estados Unidos. Entre otras cosas, pide desmantelar ICE, retirar el financiamiento a la Patrulla Fronteriza y destinar esos recursos a salud, vivienda y educación. 

También reclama investigaciones sobre las muertes, las personas heridas por armas de fuego y otros abusos denunciados. A eso se suma el pedido de terminar con los perfiles raciales y con los acuerdos que permiten que policías locales actúen como agentes migratorios. Amnistía también propone reducir la detención masiva, despenalizar la migración, crear un camino hacia la ciudadanía y poner límites al uso de tecnologías de vigilancia y reconocimiento facial.

Porque una detención no se termina cuando se cierra una puerta. Puede significar quedar lejos de la familia, perder el trabajo, no saber dónde está un ser querido o pasar días esperando una respuesta que nunca llega. Y deja de ser solamente un tema migratorio. También aparece una pregunta mucho más difícil: qué pasa con los derechos de una persona cuando el Estado decide detenerla o expulsarla.

Desde la Fundación para la Democracia Internacional también se viene poniendo foco en esa relación entre migraciones forzadas, xenofobia y discursos de odio.

Lo que ocurre en Estado Unidos vuelve a poner esa discusión sobre la mesa. Porque detrás de cada redada no hay solamente una política migratoria: hay personas, familias y vidas que quedan en el medio.