A una década del asesinato de Berta Cáceres, reclaman garantías de no repetición
En este 2026 se cumplen diez años del asesinato de la activista ambiental e indígena Berta Cáceres. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el crimen fue una operación criminal organizada y que el Estado de Honduras tiene la […]
En este 2026 se cumplen diez años del asesinato de la activista ambiental e indígena Berta Cáceres. En su informe final, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el crimen fue una operación criminal organizada y que el Estado de Honduras tiene la responsabilidad de garantizar justicia y reparación.
En 2025 la CIDH instaló en Honduras el GIEI para investigar la autoría intelectual del crimen contra la activista indígena y defensora de derechos humanos Berta Cáceres y otros delitos relacionados. El grupo de expertos llevó adelante su trabajo técnico de forma independiente durante alrededor de once meses conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El GIEI se creó a partir de un acuerdo suscrito por la CIDH, el Estado de Honduras y la parte representante, COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
El pasado 12 de enero el grupo interdisciplinario entregó el informe final en un acto oficial en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Con la presentación de este documento se abre un momento decisivo, el de transformar sus conclusiones y recomendaciones en acciones concretas que conduzcan a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición.
¿Quién era Berta Cáceres?
Berta Isabel Cáceres Flores fue una mujer indígena de la comunidad Lenca, activista por los derechos humanos. Defendió el territorio y los derechos de su comunidad, se trata de un grupo étnico que ocupa parte del territorio de Honduras y El Salvador.
La misma Cáceres se describía como una militante con una doble lucha, la de pertenecer a un pueblo originario y además ser mujer, para ella esto aumentaba su condición vulnerable. También se asumía como una feminista que luchaba contra el capitalismo, el patriarcado y el racismo.
El 3 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, asesinaron a Berta Cáceres. El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete hombres por el asesinato de la líder ambiental e indígena, donde además se determinó que habían sido contratados por ejecutivos de DESA, la empresa que estaba construyendo una hidroeléctrica en el Pueblo Lenca, que implicaba el desplazamiento forzoso de las comunidades lencas en las zonas aledañas al Río Gualcarque, un proyecto al que Cáceres se enfrentó.
¿Qué dice el informe?
El informe del GIEI señala que el asesinato de la activista se trató de un crimen empresarial, financiero y político, elaborado mediante una arquitectura criminal compleja que articuló intereses económicos, financiamiento internacional, estructuras de seguridad, corrupción institucional y graves omisiones estatales, configurando un modo de operación sostenido en el tiempo.
En el documento se afirma que el asesinato de Berta Cáceres fue encomendado a un grupo profesional de sicarios contratados exclusivamente para eso y para ponerle fin a su lucha en contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El Grupo de expertos instalado por la CIDH sostuvo que el crimen de la activista fue financiado con los recursos del proyecto Agua Zarca, específicamente los de bancos internacionales entre los que se encuentran el Centroamericano y el de Desarrollo de los Países Bajos.
El GIEI señaló que el asesinato de Cáceres fue prevenible y previsible porque el Estado hondureño contaba con información concreta y en tiempo real sobre la planificación que incluye interceptaciones telefónicas que detallaban armas, pagos y logística, pero que no actuó para proteger a la activista indígena.
El informe de los expertos, también considera un plan de reparación integral para las comunidades indígenas afectadas por el crimen y las injusticias derivadas del conflicto territorial relacionado con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
El trabajo del GIEI en el caso del asesinato de Berta Cáceres representa no sólo en el avance de las autorías intelectuales de un crimen simbólico, sino también la necesidad de sistemas de justicia más eficientes y organismos internacionales que acompañen a las víctimas frente a estructuras de poder económico y político que amenacen sus derechos fundamentales.
El equipo de expertos señala que las garantías de no repetición implican transformaciones estructurales que exceden el esclarecimiento penal del caso. Entre las mismas se encuentran la revisión de los mecanismos de otorgamiento de concesiones, el fortalecimiento de los sistemas de protección a activistas y la adopción de políticas que aseguren el respeto a los derechos de los pueblos originarios.
Con la presentación de este Informe Final, la CIDH incorpora elementos renovados y actualizados que le permitirán continuar el seguimiento en el caso de Berta Cáceres, así como los de otras personas defensoras de derechos humanos que enfrentan atentados y represalias por su activismo. A su vez, la CIDH reconoce el apoyo brindado por el Estado hondureño para el trabajo GIEI, así como la lucha incansable de los familiares de Berta Cáceres, cuyo compromiso sostenido ha sido fundamental para mantener viva la búsqueda de memoria, justicia, verdad y reparación histórica.
Presidente de la Fundacion para la democracia
