Advierten sobre el deterioro democrático y el avance de la violencia en la región

El informe anual 2025 señala retrocesos en derechos humanos, debilitamiento institucional y expansión del crimen organizado en América Latina.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual 2025, donde documentó los resultados alcanzados por el organismo y, a su vez, constituye un instrumento de transparencia institucional y una herramienta de referencia para los Estados y los organismos regionales e internacionales.

La CIDH destaca la publicación en un contexto marcado por las debilidades en el funcionamiento de las instituciones democráticas, hechos de violencia registrados en diversos contextos nacionales, los efectos del cambio climático, así como afectaciones a los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

A través de 19 presentaciones y reuniones bilaterales, la CIDH fortaleció su relación con los órganos políticos de la OEA. En ese trabajo conjunto se logró posicionar estándares interamericanos en los procesos de decisión y mantener un diálogo sostenido con los Estados sobre temas de suma relevancia como la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Al mismo tiempo, la CIDH también dio continuidad a los mecanismos especiales de seguimiento para Bolivia, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela, mediante diversas acciones, como visitas, capacitaciones, solicitudes de información e informes de seguimiento. Por otro lado, impulsó la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) con Honduras para la asistencia técnica internacional en la investigación del asesinato de Berta Cáceres y delitos conexos.

En su informe, la CIDH observó la persistencia de tensiones en los sistemas democráticos y en los niveles de confianza de la sociedad civil en las instituciones públicas, caracterizado por una alta polarización política y por el deterioro del principio de separación de poderes y del Estado democrático de derecho.

La Comisión advierte que las principales manifestaciones de esto se documentaron en la Justicia, donde se observaron actos de hostigamiento, remoción y traslado arbitrarios de funcionarios judiciales, de esta manera, lo que afectó la independencia judicial. A su vez, también identificó en algunos países procesos de concentración del poder en otros órganos del Estado, así como el debilitamiento institucional en materia de derechos humanos.

Violencia, deterioro de la seguridad y discursos negacionistas.

La Comisión destaca con preocupación que la defensa de derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en la región. Los activistas han sufrido ataques y amenazas de manera constante e incluso han sido asesinados. Añaden que la criminalización, a través del uso indebido del derecho penal, también continuó siendo usada como una herramienta para amedrentar, estigmatizar y obstruir la labor en defensa de los derechos humanos.

La CIDH advierte que estas prácticas, que están inscritas en contextos de estigmatización pública y discursos deslegitimadores, incrementaron los riesgos y contribuyeron a un entorno hostil para el activismo y la defensa de los derechos humanos en la región.

Por otra parte, el informe señala que la Comisión reconoce el avance de “discursos negacionistas y batallas culturales que buscan relativizar, reinterpretar o reescribir las graves violaciones cometidas en el pasado, así como la reducción o cancelación de recursos para la preservación de archivos y sitios de memoria, y ataques a estos, o el desmantelamiento de la institucionalidad dedicada a la memoria, verdad y justicia”.

Otra tendencia regional documentada en el informe de la CIDH es el deterioro de la seguridad ciudadana en un clima de expansión del crimen organizado y de graves hechos de violencia que van acompañados de discursos y políticas de “mano dura”. En esta línea, la Comisión describe operaciones policiales de alta letalidad, endurecimiento de penas, uso excesivo de la prisión preventiva, hacinamiento y deplorables condiciones de detención, así como la militarización y el uso extensivo de los estados de excepción. 

La Comisión añade que estos enfoques no son eficaces ni sostenibles porque no aseguran control territorial duradero ni desarticulan las estructuras económicas, financieras y de corrupción que sostienen al crimen organizado. A su vez, reproducen ciclos de violencia, impunidad y debilitamiento institucional.

El documento de la CIDH también afirma que la violencia afecta directamente a poblaciones vulnerables, en situación de exclusión y en territorios con una institucionalidad débil o sin presencia estatal. Esto está relacionado con la expansión de economías ilegales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, entre otros, así como las disputas por el control de estas economías entre grupos criminales organizados.

La Comisión sostiene que estas dinámicas han generado prácticas sistemáticas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, control territorial y explotación, así como diferentes formas de violencia y coacción que impactan de manera directa la vida, integridad y libertad de las personas. En algunos casos, estos grupos se han infiltrado en las instituciones de los Estados, reflejándose también altos niveles de corrupción.

La CIDH advierte que la cooptación de instituciones del Estado por la corrupción debilita no sólo las capacidades estatales de prevención, investigación y sanción de violaciones de derechos humanos sino que provoca efectos concretos en el acceso y protección de los derechos humanos. 

Guillermo Whpei

Presidente de la Fundacion para la democracia