Amnistía Internacional denuncia la criminalización del Orgullo en Hungría
La organización exige retirar los cargos contra Géza Buzás-Hábel, organizador de la marcha del Orgullo de Pécs 2025 y advierte que el caso representa una escalada en la persecución contra la comunidad LGTBIQ+ en el país. A mediados de febrero, la Fiscalía de Distrito de Pécs, condado de Baranya, informó a Géza Buzás-Hábel que presentó […]
La organización exige retirar los cargos contra Géza Buzás-Hábel, organizador de la marcha del Orgullo de Pécs 2025 y advierte que el caso representa una escalada en la persecución contra la comunidad LGTBIQ+ en el país.
A mediados de febrero, la Fiscalía de Distrito de Pécs, condado de Baranya, informó a Géza Buzás-Hábel que presentó cargos en su contra por organizar la marcha del Orgullo en esa ciudad. El Tribunal pecsiense podría imponer una condena de hasta un año de cárcel.
Esto se da en un contexto donde la comunidad LGTBIQ+ en Hungría es perseguida. El año pasado se aprobó una reforma que prohíbe movilizarse y apoyar a la comunidad. A pesar de esto, el docente y activista por los derechos humanos Géza Buzás-Hábel, continuó manifestándose.
En contra de la policía y el Tribunal Supremo de Pécs, la quinta marcha del Orgullo se realizó en octubre de 2025 bajo el lema “no nos doblegaremos ante el miedo”. Los habitantes se movilizaron pacíficamente contra las restricciones del derecho de reunión y en favor de la igualdad de la comunidad LGTBIQ+.
El proceso judicial contra Géza Buzás-Hábel
La acusación de la Fiscalía de Pécs contra Buzás-Hábeles por el delito de violación de la libertad de asociación y reunión, ya que desobedeció una prohibición impuesta previamente por el Tribunal Supremo de Hungría.
Según un comunicado del Ministerio Público, se explicó que el maestro y activista comunicó en septiembre a la policía local su intención de realizar la marcha del Orgullo, con la participación de alrededor de mil personas. La respuesta institucional fue la de prohibir la movilización al día siguiente, en el marco de la modificación de la Ley de Protección Infantil. Buzás-Hábel recurrió la medida ante los tribunales.
Sobre la acusación contra el activista húngaro, Dávid Vig, director de Amnistía Internacional Hungría sostuvo que él no hizo nada malo y que se trató de un gesto de valentía organizar la marcha del Orgullo en Pécs. Vig expresó que sentían “indignación” porque en lugar de ser amenazado, con una condena penal, Géza Buzás-Hábel debería ser elogiado por defender la igualdad y los derechos humanos.
El 13 de febrero, Amnistía Internacional llamó a una Acción Urgente sobre el caso de Géza Buzás-Hábel, defensor de derechos humanos y organizador del Orgullo en Pécs. A través de un documento, afirmaron que la prohibición fue arbitraria y discriminatoria porque está basada en una legislación que califica la lucha por los derechos LGTBIQ+ como perjudicial para la infancia.
A través del texto, la organización le exige a la Fiscalía que “retire los cargos y suspenda el proceso penal”, argumentando que la organización de una marcha del Orgullo está protegida por normas europeas e internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional advierte, también, que este caso está estrechamente ligado a la escalada de discriminación y criminalización de la libertad de expresión en Hungría.
Desde 2021, las políticas contra la comunidad LGTBIQ+ en Hungría se endurecieron, se ampliaron las facultades estatales para ir contra los activistas y desde ese momento se usan herramientas como el reconocimiento facial para identificar y multar a quienes se movilizan en reuniones consideradas prohibidas.
Marco legal que respalda la prohibición
El 14 de abril de 2025, el Parlamento húngaro aprobó una legislación que permite cambios constitucionales impulsados por el gobierno de Viktor Orbán. Con la ley, Orbán tiene vía libre para prohibir las movilizaciones LGBTIQ+ y, a su vez, acepta sólo dos géneros, hombres o mujeres.
Viktor Orbán regresó a la presidencia de Hungría en 2010 y desde ese momento, se ha encargado de restringir los derechos de la comunidad LGTBIQ+, las reuniones de activistas por los derechos humanos, los medios de comunicación y la comunidad académica. Desde los sectores opositores al gobierno húngaro, estas medidas se utilizan como herramienta política para consolidar el apoyo de los sectores conservadores.
Los primeros países en llamar la atención por las leyes impulsadas por el Parlamento húngaro fueron los BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), que publicaron una declaración de condena contra el gobierno de Orbán.
Los BENELUX afirman estar preocupados por las leyes contra los derechos LGTBIQ+ en Hungría y manifestaron que, para ser parte de la familia europea es fundamental respetar y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Para estos países, se trata de una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros de la UE y el gobierno de Hungría debería cumplir con estos principios.
La respuesta del gobierno de Orbán sobre la política restrictiva contra la comunidad LGTBIQ+ se justifica bajo la excusa de la “protección” infantil. El mismo presidente afirmó que “defiende los derechos homosexuales” y que la ley aprobada en julio pasado “no tiene que ver con ellos”, sino con los derechos de los niños y los padres. Por otro lado, desde varias organizaciones señalan que bajo esa premisa se justifica la represión, la violencia y la discriminación, y los niños y las niñas de Hungría no están protegidos contra eso.
Presidente de la Fundacion para la democracia
