Avanza en España una Comisión de la Verdad para esclarecer violaciones de derechos humanos del franquismo
Expertos de la ONU destacaron la medida como una oportunidad histórica para investigar violaciones de derechos humanos, garantizar la reparación y avanzar en la no repetición. Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas celebraron la decisión de las autoridades españolas de establecer una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos […]
Expertos de la ONU destacaron la medida como una oportunidad histórica para investigar violaciones de derechos humanos, garantizar la reparación y avanzar en la no repetición.
Un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas celebraron la decisión de las autoridades españolas de establecer una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil española y la dictadura de Franco.
Francisco Franco gobernó entre 1939 y 1975 bajo un régimen autoritario, personalista y represivo impuesto en España luego de la Guerra Civil. La dictadura franquista se caracterizó por la ausencia de libertades democráticas, el nacional-catolicismo, la censura y la represión sistemática de la oposición y finalizó con la muerte del dictador en 1975.
Es por eso que los relatores especiales de la ONU sostuvieron que la Comisión de la Verdad es una oportunidad histórica no solo para afrontar un pasado doloroso, sino también para revelar la verdad sobre los daños, las circunstancias y responsabilidades que los hicieron posibles.
Desde la ONU destacaron que se prevé que la Comisión elabore un informe final con conclusiones y recomendaciones para garantizar la reparación y prevenir la repetición. Además, añadieron que el proceso debe ser independiente y llevarse a cabo con la participación significativa de las víctimas.
Por otro lado, la Comisión de la Verdad también incluirá una subcomisión específica para investigar las violaciones cometidas contra mujeres detenidas en los centros del Patronato de Protección a la Mujer entre 1941 y 1985. Entre ellas se mencionan detenciones arbitrarias y sin juicio, trabajo forzoso, trata de personas y desaparición forzada de sus hijos recién nacidos.
En esa misma línea, los expertos afirmaron que aún queda “mucho por hacer” porque debe garantizarse la responsabilidad penal de los perpetradores, la reparación de las víctimas y el paradero de las personas desaparecidas. A su vez, esperan que se realicen reformas institucionales y legales para desmantelar los vestigios de la dictadura franquista.
¿Cómo funcionará?
La Comisión de la Verdad será presidida por el jurista y exmagistrado Baltasar Garzón, según lo acordado por el Consejo de la Memoria Democrática. Junto a él, integrarán el espacio Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, fue quien presidió la reunión del Consejo de la Memoria Democrática en la que se acordó la designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la dictadura franquista, según establece la Ley de Memoria Democrática.
Además, añadieron que la Comisión de la Verdad estará compuesta por diez personas de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. Por otra parte, el consejo también designó un grupo de personas suplentes que garantizarán el correcto funcionamiento de este órgano.
La Comisión de la Verdad en debate
Una de las voces que encendió alarmas sobre la Comisión de la Verdad fue el profesor de historia e investigador de la Universidad de Sevilla, Lino Camprubí, quien reconoció la legitimidad de las familias que buscan cerrar sus heridas y sostuvo que “oponerse a eso es absurdo”. También lamenta que “casi inmediatamente, esa memoria se convirtió en un arma política”. Añadió que el riesgo está en fijar una memoria legal porque puede convertirse en un modo solapado de silenciar las versiones alternativas.
En esa línea, Alberto Venegas, director de la revista Presura y profesor de Secundaria, duda de la implantación real de una “verdad oficial” en la investigación, aunque insiste en la necesidad de exhumar fosas comunes para garantizar el derecho al duelo privado.
Otro de sus críticos es el historiador Jorge Álvarez, ya que, para él la Comisión representa una intervención legislativa en la disciplina, y lo coloca como una “anomalía historiográfica” ya que, según él, el período de la dictadura 1936-1975 es el único de toda la historia de España que está legislado.
Por parte de las autoridades españolas, señalaron que el gobierno “refuerza su compromiso con las políticas públicas de memoria democrática y con el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra y la dictadura”, según un comunicado oficial.
Para el gobierno español, la apertura de la Comisión significa un paso decisivo para consolidar una memoria basada en el reconocimiento y la dignidad de las víctimas. Sin embargo, por parte de algunos historiadores e investigadores la historia, quienes sostienen que, no necesita reescribirse desde una leyenda “rosa o negra” sino más bien ser comprendida en toda su inmensidad y magnitud a través del rigor de historiadores y académicos. Mientras tanto, la Comisión de la Verdad recién ha comenzado.
Presidente de la Fundacion para la democracia
