Denuncian crímenes de guerra y limpieza étnica en Burkina Faso

Un informe de Human Rights Watch señala que fuerzas estatales, milicias y grupos armados cometieron asesinatos masivos y desplazamientos forzados, en un escenario de impunidad y silencio internacional.

Según un documento publicado por Human Rights Watch (HRW), el ejército de Burkina Faso junto a milicias aliadas asesinó a más de 1800 civiles y desplazó desde 2023 a miles de personas. La organización sostiene que estos hechos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad en los que podrían ser responsables tanto el gobierno como altos mandos militares.

El equipo de HRW documentó el impacto sobre la población civil de un conflicto armado que califican como de “escasa atención a nivel mundial”. El informe menciona 57 hechos que relacionan a las fuerzas militares burkinesas y junto a milicias aliadas conocidas como Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), así como al grupo armado islamista Jama’at Nusrat al-Islam wa al-Muslimin (JNIM), desde que la actual junta militar tomó el poder en septiembre de 2022.

Sobre esto, Philippe Bolopion, director ejecutivo de Human Rights Watch afirmó que la junta militar está cometiendo abusos “horribles”, además de no garantizar la rendición de cuentas en todos los bandos y restringir la información para ocultar el sufrimiento de la población civil atrapada en la violencia.

Bolopion añadió que el gobierno de Ibrahim Traoré aumentó la 
represión contra la oposición política y los medios de comunicación independientes, “creando un clima de terror y restringiendo gravemente el flujo de información sobre el conflicto y su impacto”, expresó el director ejecutivo de HRW.

Por otro lado, el documento señaló que el ejército burkinés y las milicias atacaron a comunidades fulani por su “apoyo” a grupos armados islamistas, lo que dio lugar a la limpieza étnica del pueblo nómada fulani. 

HRW indicó que en noviembre de 2023 milicias aliadas al gobierno de Traoré mataron a 13 personas pertenecientes a la comunidad fulani, en la aldea occidental de Bassé, una localidad del departamento de Bourzanga, en la provincia de Bam. Los cuerpos de las víctimas tenían los ojos vendados, las manos atadas a la espalda y heridas de bala, según testigos que hablaron con la organización. 

El informe de la organización sostiene que los miembros de todas las partes en conflicto en Burkina Faso tienen una impunidad casi total. Familiares y víctimas han manifestado que no confían en las instituciones judiciales nacionales o que no pueden acceder a ellas. Por su parte, las autoridades niegan o minimizan las denuncias de abusos, sobre todo aquellos perpetrados por parte de las fuerzas militares y las milicias.

Un conflicto que se expande en el Sahel

Durante los últimos años, organizaciones de derechos humanos han señalado que los crímenes cometidos en Burkina Faso son parte de un patrón de violencia en la región central del Sahel en el continente africano, caracterizada por un deterioro de los derechos humanos y marcada por mayores amenazas a los civiles que se encuentran atrapados en conflictos armados.

Desde el año 2020, Burkina Faso, Mali y Níger han experimentado golpes militares. Debido a esto, el estado de derecho se ha visto erosionado, ampliando la impunidad frente a violaciones de derechos humanos y dejando a sus poblaciones más vulnerables. 

En esta línea, organizaciones denuncian que las juntas militares han mostrado intolerancia hacia la oposición política y los medios de comunicación independientes. Como consecuencia, el espacio cívico y político se ha visto reducido como medida represiva contra periodistas, activistas y miembros de los partidos políticos de la oposición. Al mismo tiempo, los líderes militares de estos tres países han consolidado su poder sin la realización de elecciones, retrasando la posibilidad de un retorno democrático al gobierno.

La denuncia no es solo contra las fuerzas de seguridad gubernamentales sino contra los grupos islamistas que han cometido graves violaciones contra los derechos humanos y el derecho internacional en Mali, Níger y Burkina Faso. En marzo de 2026, el conflicto armado en esta región mató a miles de civiles, lo que ha provocado una de las crisis humanitarias más graves del mundo ya que obligó a alrededor de 3 millones de personas a desplazarse de sus hogares.

Por su parte, las autoridades de las juntas militares de los países del Sahel han ignorado los llamados a la rendición de cuentas y a cumplir con sus obligaciones legales de investigar, establecer responsabilidades concretas para no permitir que la impunidad se agrave y dar respuesta a las víctimas. En enero de 2025, los tres países oficialmente dejaron la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y en septiembre de 2025, los tres países también expresaron su intención de abandonar la CPI, una medida que pondría en peligro el acceso a la justicia de las víctimas de crímenes de derechos humanos.

La ONU llamó a los países del Sahel a actuar conforme al marco legal internacional y facilitar un retorno al ejercicio pleno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, en particular, los afectados por decisiones catalogadas como arbitrarias o poco justificadas.

Guillermo Whpei

Presidente de la Fundacion para la democracia