Denuncian que el gobierno de Nicaragua financia la represión y comete crímenes de lesa humanidad
Un informe de expertos de las Naciones Unidas y más de 20 organismos humanitarios alertaron sobre un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos financiado con fondos públicos y extendido más allá de las fronteras del país. Durante estas últimas semanas organismos de derechos humanos solicitaron a los Estados miembros de las Naciones Unidas […]
Un informe de expertos de las Naciones Unidas y más de 20 organismos humanitarios alertaron sobre un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos financiado con fondos públicos y extendido más allá de las fronteras del país.
Durante estas últimas semanas organismos de derechos humanos solicitaron a los Estados miembros de las Naciones Unidas exigir que Nicaragua asuma responsabilidades por violaciones a los derechos humanos, entre las que destacan tortura, represión transnacional y apatridia, consideradas crímenes de lesa humanidad.
Quienes lideran la denuncia es el Colectivo 46/2, que agrupa a organizaciones y organismos humanitarios nicaragüenses y regionales, e instó a la ONU a respaldar la solicitud del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, para solicitar rendición de cuentas al Estado nicaragüense por graves violaciones a los derechos humanos.
El Colectivo 46/2 manifestó que apuestan por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional y pidió que la comunidad internacional se involucre en la tarea de vigilancia y rendición de cuentas, a partir de la información aportada por el Grupo sobre las graves violaciones a los derechos humanos y sus respectivos responsables.
Por su parte, en un informe del Grupo de Expertos en derechos humanos de la ONU, expone que el gobierno de Nicaragua está financiando la represión de sus opositores a través del desvío de fondos públicos y además, ataca a las personas exiliadas mediante una red transnacional de vigilancia e inteligencia.
En el documento presentado al Consejo de Derechos Humanos se exhorta a los presidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo a rendir cuentas y adoptar medidas para garantizar los derechos de todos los nicaragüenses, incluidos aquellos que se encuentran exiliados.
El Grupo de Expertos de la ONU señaló, con base en entrevistas y evidencia documental que desde 2018 fondos públicos han sido desviados para financiar la represión mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que buscaba canalizar el financiamiento de las operaciones de seguridad, grupos armados y actividades político-partidarias.
Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos de la ONU sostuvo que el mal uso y el desvío de recursos públicos contribuyen directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Para él, “la represión en Nicaragua no es improvisada” porque está estructurada y financiada dentro de un esquema de corrupción.
Por otro lado, el informe también mostró un amplio esquema transnacional de vigilancia e inteligencia utilizado para monitorear, intimidar y atacar a los miles de nicaragüenses que viven fuera del país. A su vez, se detalló que el gobierno privó de su nacionalidad a 452 personas, dejó a miles más como exiliados en situación de apatridia de facto al negarse a renovar o proporcionar documentos e impidió a muchos de ellos regresar a Nicaragua.
Desde la ONU llamaron al gobierno nicaragüense a adoptar medidas inmediatas para desmantelar la arquitectura de la represión, derogando todas las reformas legislativas restrictivas desde 2018, disolviendo los aparatos paraestatales y restableciendo la correcta separación de poderes.
A su vez, el Grupo de Expertos llamó al Gobierno de Ortega-Murillo a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos y a restablecer los derechos humanos de la sociedad civil de manera plena, los medios de comunicación y las instituciones religiosas.
En esa línea, también instó a que las autoridades permitan el acceso al país sin restricciones de los mecanismos internacionales de monitoreo para supervisar el retorno seguro de las personas exiliadas, así como los procesos de justicia y reparación.
Por su parte, Brody señaló que el Grupo de Expertos de la ONU está preparado para viajar a Nicaragua para monitorear los avances y apoyar la implementación de reformas en materia de derechos humanos. Insistió en la necesidad de comprometerse de forma directa y constructiva con las autoridades para trabajar en conjunto.
Sin respuesta del gobierno
El gobierno de Ortega-Murillo no ha respondido a los llamados de Naciones Unidas ni de otras organizaciones o instituciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en varias oportunidades quedó en evidencia lo que piensa de la ONU.
Durante un discurso por el aniversario 46° de la revolución sandinista, Daniel Ortega manifestó que las Naciones Unidas “no sirven para nada”, que hay que refundarlas y que eso significa que desaparezcan. Para Ortega, es necesario crear unas “nuevas Naciones Unidas” que den seguridad a los pueblos, que donde estén matando gente vayan y detengan esas muertes.
Según el presidente de Nicaragua, en la ONU “están unidos los poderosos” y que no hicieron nada ante la “agresión sionista” de Israel y de Estados Unidos contra Irán y el Estado palestino, a los que, según dijo buscan “desaparecer”.
Desde el Grupo de Expertos destacaron que debido a la magnitud y la duración de las violaciones, el restablecimiento de los derechos y la democracia requerirá un compromiso internacional sostenido y a largo plazo. Sostienen que mientras más se retrase esta acción, mayor será la carga. A su vez, destacan el valor de las víctimas quienes dan esperanzas de que el cambio, la justicia y la rendición de cuentas sean una realidad en Nicaragua.
Presidente de la Fundacion para la democracia
