Denuncian que Polonia colaboró con deportaciones de migrantes ucranianos hacia una zona de guerra

Según la denuncia, más de 50 personas fueron trasladadas por el ICE a través de territorio polaco antes de ser enviadas a Ucrania, pese al conflicto armado en curso.

La semana pasada, Amnistía Internacional y Human Rights First (HRF) difundieron una carta dirigida al viceprimer ministro y al ministro del Interior de Polonia para exigir que el gobierno polaco deje de colaborar con las deportaciones masivas e ilegales impulsadas por Estados Unidos contra personas migrantes.

De acuerdo con la denuncia de estas organizaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estadounidense utilizó aeropuertos y territorio polaco en al menos dos operaciones realizadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026 para trasladar a más de 50 personas hacia Ucrania, un país que continúa atravesando una guerra activa.

Amnistía Internacional y HRF llamaron a las autoridades polacas a que suspendan cualquier tipo de cooperación con las políticas antimigratorias y las violaciones al derecho internacional promovidas por la administración de Donald Trump. Además, solicitaron reparaciones para las personas afectadas por estos traslados forzosos.

En esa línea, la directora de Amnistía Internacional Polonia, Anna Błaszczak-Banasiak, recordó que Polonia respaldó a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y brindó protección temporal a cerca de un millón de refugiados ucranianos. “El país no debería desempeñar ningún papel en estas operaciones ilegales que separan familias, fragmentan comunidades y ponen vidas en riesgo”, sostuvo.

Según información obtenida por el Observatorio de Vuelos del ICE de Human Rights First, el 17 de marzo de 2026 dos vuelos del organismo estadounidense aterrizaron en el aeropuerto Rzeszów-Jasionka con ciudadanos ucranianos a bordo, cuyo paradero actual sigue sin conocerse.

Otro operativo ocurrió el 18 de noviembre de 2025, cuando un vuelo del ICE llegó a Polonia y las 50 personas trasladadas fueron llevadas hasta el puesto fronterizo de Sheghini-Médica para luego ser enviadas a Ucrania. Según lo publicado en medios de comunicación, funcionarios estadounidenses trasladaron al grupo por vía aérea hasta Polonia y posteriormente agentes polacos los escoltaron hasta cruzar la frontera ucraniana.

Amnistía Internacional y HRF también señalaron que algunas de las personas deportadas habían ingresado previamente a Estados Unidos mediante el programa humanitario “Unidos por Ucrania”, impulsado en 2022 por el gobierno de Joe Biden. Varias de ellas se encontraban esperando respuestas sobre la renovación de sus permisos de permanencia. Como consecuencia de estas expulsiones, numerosas familias quedaron separadas.

Las organizaciones añadieron además que el ICE informó sobre traslados hacia Ucrania sin especificar cuántas personas estaban involucradas. El 18 de agosto de 2025 publicó incluso fotografías en la red social X relacionadas con estas operaciones, aunque posteriormente eliminó la publicación.

Según el derecho internacional, Polonia tiene la obligación de no expulsar ni devolver personas hacia territorios donde su vida o su libertad puedan correr peligro. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights First reiteraron que Ucrania todavía no reúne condiciones seguras para el retorno de personas refugiadas, aunque consideran posible que esto ocurra en el futuro cuando finalice el conflicto armado.

La guerra entre Rusia y Ucrania sigue en curso, es por eso que ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, también pidió a los Estados evitar las devoluciones hacia territorio ucraniano.

Amnistía Internacional y HRF instaron al gobierno polaco a defender los derechos humanos y rechazar cualquier forma de cooperación con las deportaciones promovidas por Washington. “El gobierno debe negarse a tolerar, facilitar o participar de cualquier manera en esta campaña cruel e inhumana de traslados masivos impulsada por el gobierno de Trump”, afirmaron.

Por su parte, Błaszczak-Banasiak sostuvo que las autoridades polacas deben investigar lo ocurrido, determinar el paradero de las personas trasladadas y garantizar que sean protegidas frente a devoluciones forzadas, además de recibir un trato digno y acceso a recursos efectivos.

Antecedentes

Desde enero de 2025, la administración de Donald Trump endureció las políticas migratorias y restringe las posibilidades de permanencia de personas extranjeras en Estados Unidos tras suspender programas de permisos humanitarios y mecanismos de protección temporal para distintas nacionalidades. Estas medidas dejaron a más de 1,5 millones de personas expuestas al riesgo de deportación.

Entre los programas afectados se encuentra “Unidos por Ucrania” (U4U), creado durante la presidencia de Joe Biden y que permitió el ingreso de unas 280.000 personas ucranianas a Estados Unidos. Actualmente, el programa permanece suspendido indefinidamente para nuevas solicitudes.

Al mismo tiempo, Amnistía Internacional y Human Rights First también manifestaron su preocupación por el uso del aeropuerto de Shannon, en Irlanda, como punto de escala y repostaje para vuelos del ICE vinculados a deportaciones consideradas ilegales.

Guillermo Whpei

Presidente de la Fundacion para la democracia