Derechos Humanos cuestiona el modelo de seguridad en Brasil tras la “Operación Contención” en Río de Janeiro
El organismo regional alertó sobre patrones de violencia institucional, obstáculos en el acceso a la justicia y posibles violaciones del derecho a la vida en operativos policiales de alto riesgo. Durante la primera semana de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó sus observaciones a la República Federativa de Brasil luego de la […]
El organismo regional alertó sobre patrones de violencia institucional, obstáculos en el acceso a la justicia y posibles violaciones del derecho a la vida en operativos policiales de alto riesgo.
Durante la primera semana de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó sus observaciones a la República Federativa de Brasil luego de la visita del 1 al 6 de diciembre de 2025. El informe analiza la situación de derechos humanos y seguridad pública en el marco de la “Operación Contención” llevada adelante el 28 de octubre en Río de Janeiro.
La CIDH se reunió en Brasilia con autoridades judiciales nacionales y autoridades del poder ejecutivo del estado de Río de Janeiro y organizaciones de la sociedad civil. La Comisión también se encontró con defensores y expertos por los derechos humanos, que expusieron sus preocupaciones sobre patrones de violencia institucional, dificultades para el acceso a la justicia y los impactos desproporcionados de operativos de seguridad en las comunidades más vulnerables.
A su vez, la delegación de la CIDH escuchó los testimonios de familiares de las víctimas de diferentes operativos policiales y visitó el Complexo da Penha, donde se encontró con liderazgos comunitarios y familiares de las víctimas de la “Operación Contención”.
Entre las conclusiones, la CIDH advierte sobre el fracaso del paradigma de seguridad pública estatal y la caracterización de la «Operación Contención» como una masacre que evidencia fallas estructurales en la protección de los derechos humanos en Brasil.
Los detalles de la CIDH sobre el modelo de seguridad
En su informe, la Comisión sostiene que existió ineficacia del paradigma punitivo, ya que el modelo de seguridad basado en operaciones de alta letalidad y militarización de territorios no ha logrado reducir el crimen, aunque sí produjo decenas de miles de muertes y fortaleció a las organizaciones criminales a través del reclutamiento en cárceles precarizadas.
Lo que el Estado de Río de Janeiro llamó la “Operación Contención” fue la movilización de alrededor de 2.500 policías civiles y militares, que tenía el objetivo de contener la expansión del Comando Vermelho y capturar a líderes de las facciones criminales el 28 de octubre pasado.
Sin embargo, el operativo dejó más de 120 muertos en los complejos del Alemão y de la Penha, convirtiéndose en la acción más letal de la historia de la ciudad. Además de generar un clima de caos en la capital fluminense, con bloqueos de importantes vías, suspensión de clases y al menos 50 micros utilizados como barricadas.
Para la CIDH, la «Operación Contención» representó un hito de violencia ya que se trató de la expresión más reciente y extrema de una respuesta estatal que prioriza la eliminación física sobre la protección de la vida.
Por otro lado, la Comisión destaca que la elevada letalidad era un resultado previsible del diseño de la operación, que se trató de un operativo desproporcionado. Además, la CIDH concluye que los hechos deben investigarse como una masacre, sugiriendo que la fuerza letal se usó de manera prioritaria aun cuando la inmovilización era posible
Relación con la Responsabilidad Estatal
La CIDH vincula estas conclusiones con las obligaciones internacionales del Estado brasileño bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión insiste en que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que cualquier uso de la fuerza por sus agentes se ajuste estrictamente a los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. El informe concluye que la «Operación Contención» representa una violación de estos estándares al utilizar tácticas militares en áreas residenciales.
El documento de la Comisión también advierte acerca de la responsabilidad estatal por la falla en su obligación de investigar de manera rápida, independiente e imparcial permitiendo que la propia policía recolecte pruebas en casos donde sus agentes están involucrados. Añaden que en Río de Janeiro el 98% de las muertes por violencia policial terminan archivadas.
Por otro lado, el informe de la CIDH menciona las fallas forenses y periciales, debido a la falta de preservación de las escenas del crimen, la manipulación de evidencias y la dependencia administrativa del Instituto Médico Legal (IML) respecto a la Policía Civil, lo que representa un incumplimiento de las garantías judiciales del Estado
A su vez, la Comisión señala que en Brasil existe un marcado sesgo étnico-racial en el que el 82% de las víctimas de violencia policial son afrodescendientes, por lo tanto, revela un patrón de actuación policial discriminatoria contrario a las obligaciones estatales de igualdad.
La CIDH también deja escritas recomendaciones para el Estado, entre ellas la de reorientar su política hacia la seguridad humana, garantizar la autonomía de los órganos periciales y federalizar las investigaciones de masacres policiales para asegurar su independencia.
En esa misma línea, la Comisión insistió en dar seguimiento a la situación observada y a sus recomendaciones orientadas a fortalecer la rendición de cuentas, garantizar verdad y justicia para las víctimas, asegurar su reparación integral y adoptar medidas prácticas y efectivas de no repetición.
Presidente de la Fundacion para la democracia
