Desapariciones forzadas en México bajo la lupa de la ONU por posible crimen de lesa humanidad
Un comité de Naciones Unidas alertó sobre patrones sistemáticos en el país y pidió apoyo internacional para reforzar las tareas de búsqueda e investigación en todo el país. La semana pasada, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) afirmó que hay indicios de que en México se han cometido desapariciones forzadas […]
Un comité de Naciones Unidas alertó sobre patrones sistemáticos en el país y pidió apoyo internacional para reforzar las tareas de búsqueda e investigación en todo el país.
La semana pasada, el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) afirmó que hay indicios de que en México se han cometido desapariciones forzadas que podrían ser reconocidos como crímenes de lesa humanidad, ya que, según indicaron, se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes puntos del país.
El Comité sostiene que se trata de una situación grave, y además mencionó el hallazgo de fosas comunes clandestinas en el país, con una estimación de más de 4.500 fosas que contienen más de 6.200 cadáveres y 4.600 restos humanos, además de unos 72.000 restos no identificados.
Por otra parte, la entidad destacó que las autoridades mexicanas continúan desbordadas por tal magnitud de la crisis. A la vez, manifestaron que sigue siendo urgente realizar reformas estructurales que prevengan las desapariciones y garanticen la rendición de cuentas.
En esta misma línea, el Comité afirmó que no encontró pruebas de una política federal para cometer desapariciones, y al mismo tiempo reconoció la postura del gobierno mexicano de que muchas desapariciones son cometidas por grupos relacionados con el crimen organizado y no por agentes estatales.
Sin embargo, destacan en su informe, que algunos casos denunciados tienen participación directa o autorización de funcionarios públicos. El Comité también aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad sean a escala nacional o perpetrados por autoridades del gobierno.
Al respecto, el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, explicó que lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y que sean dirigidos contra la población civil. Por otro lado, agregó que, a pesar de las medidas adoptadas durante los últimos años, la situación no demuestra mejoras sustanciales, según lo indican los datos oficiales disponibles.
La respuesta del gobierno mexicano
El pasado 2 de abril, el gobierno mexicano calificó de “falta de rigor jurídico” el informe realizado por el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas. La actual administración de Claudia Sheinbaum calificó el documento de “tendencioso” y de omitir los esfuerzos institucionales del gobierno liderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En un comunicado conjunto de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob) rechazaron este informe y afirmaron que el gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas.
Por otro lado, resaltaron que la actual administración emprendió una reforma legislativa e institucional, junto a colectivos de familiares, para atender esta problemática.
La crítica de las autoridades mexicanas al informe del CED, es que se centra en hechos ocurridos desde 2009 hasta 2017, años en los que gobernaron Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) respectivamente, y que pertenecen a otro partido político que no es el actual. Añadieron que desde el Comité omiten considerar las medidas tomadas por la administración de Sheinbaum.
En línea con las autoridades de gobierno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México rechazó el informe del CED y añadió que pedir que la ONU remita con urgencia el caso mexicano es parte de una lectura sesgada, contradictoria y sin perspectiva histórica ni internacional.
La CNDH sostuvo que el Comité basó sus peticiones en posturas de ONGs o de colectivos de familiares por encima de los esfuerzos financieros, presupuestales e institucionales desplegados por el Estado durante los últimos siete años.
El informe del Comité de la ONU señala a México como el país que concentra más acciones urgentes por desaparición forzada que cualquier otra nación del mundo, mientras que alerta que registró un repunte significativo en los últimos meses.
El CED detalla que el país norteamericano acumula 819 acciones urgentes entre 2012 y febrero de 2026, un 38% del total global, y solo entre septiembre de 2025 a febrero de 2026, sumó 40 nuevas solicitudes, lo que representa más de un tercio del total mundial del período.
Quienes respaldaron las observaciones del Comité de Naciones Unidas fueron los colectivos de familiares de desaparecidos, que además, advirtieron sobre la persistente impunidad y las limitaciones en las investigaciones de los crímenes, poniendo el foco en la necesidad de una rápida respuesta estatal frente a esta crisis estructural.
Por su parte, el Comité pidió que se establezca un mecanismo para esclarecer la verdad y dar asistencia y protección no solo a las familias sino también a las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.
Por otro lado, las autoridades mexicanas subrayan su “compromiso absoluto” para erradicar la problemática de las desapariciones forzadas y se muestran abiertas a la cooperación internacional, “pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual”.
Presidente de la Fundacion para la democracia
