Ecuador bajo examen de la ONU por denuncias de desapariciones forzadas
El Comité contra las Desapariciones Forzadas analizó en Ginebra la situación del país latinoamericano mientras organizaciones de derechos humanos advierten acerca del riesgo de nuevas violaciones en el marco de la política de seguridad del gobierno de Noboa. La semana pasada se llevó adelante una nueva sesión del Comité de las Naciones Unidas contra la […]
El Comité contra las Desapariciones Forzadas analizó en Ginebra la situación del país latinoamericano mientras organizaciones de derechos humanos advierten acerca del riesgo de nuevas violaciones en el marco de la política de seguridad del gobierno de Noboa.
La semana pasada se llevó adelante una nueva sesión del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, Suiza. Entre el 10 y el 12 de marzo, un grupo de expertos evaluó los avances y desafíos que Ecuador enfrenta para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas.
Desde Amnistía Internacional manifestaron que estos crímenes siguen impunes, y podrían repetirse, mientras la política de seguridad militarizada de Daniel Noboa se mantenga. También agregaron que los militares han cometido desapariciones forzadas y que las familias de las víctimas siguen exigiendo verdad, justicia y reparación.
El Comité contra la Desaparición Forzada, (CED), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parete de los Estados.
A través de un trabajo conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil e instituciones estatales, buscan erradicar, castigar, prevenir este delito y reparar los daños sufridos las víctimas.
Una sentencia histórica en Ecuador
En diciembre de 2025, un tribunal condenó a once militares a 34 años y ocho meses de prisión luego de la desaparición forzada de cuatro jóvenes afrodescendientes del barrio “Las Malvinas” en Guayaquil, mientras que otros cinco recibieron penas reducidas de 30 meses tras colaborar con la investigación. Por otro lado, un teniente coronel acusado como cómplice fue absuelto.
La sentencia también hizo hincapié en medidas de reparación como disculpas públicas y una ceremonia de desagravio en la Base Aérea de Taura. El fallo fue publicado oficialmente el 24 de febrero de 2026 y apelado inmediatamente por dos de los condenados. Sigue pendiente una sentencia de la Corte Constitucional que podría fortalecer el marco de reparación integral para las víctimas y sus familias.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, sostuvo que aunque este fallo significa un paso enorme hacia la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas, es necesario continuar de manera urgente con la búsqueda e investigación penal de todas las denuncias de desaparición forzada y que para eso “la colaboración plena de las Fuerzas Armadas es indispensable”.
La comparecencia de las Fuerzas Armadas ante el Comité
El 12 de marzo la delegación liderada por el consejero jurídico del Ministerio de Defensa de Ecuador, Leonardo Alvear, compareció ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, y señaló que las Fuerzas Armadas proyectan varias modificaciones en la formación del personal militar.
Alvear afirmó que los militares ecuatorianos están abiertos “a ser parte de este sistema de escrutinio entre ustedes a fin de obtener resultados óptimos para el futuro”. Agregó además que no existe el mal denominado “espíritu de cuerpo”, ya que las Fuerzas Armadas han permitido que la justicia ordinaria juzgue lo que han hecho.
El “espíritu de cuerpo” es definido en las Fuerzas Armadas y de Seguridad como el vínculo de lealtad y orgullo compartido entre pares. Sin embargo, recientemente en Ecuador, se ha debatido este concepto, por el uso de un “falso espíritu”, utilizado para encubrir delitos o irregularidades dentro de las instituciones
Otro de los integrantes de la delegación militar ecuatoriana, Víctor Allauca, sostuvo que las Fuerzas Armadas estaban dando la cara ante un escrutinio mundial y que eso significaba una muestra de transparencia.
Sin embargo, algunos asistentes a las sesiones del Comité en Suiza se asombraron de que la delegación de Ecuador haya sido representada por dos militares uniformados del Ministerio de Defensa, y señalaron que nunca habían registrado algo así, ni siquiera con países en guerra como Rusia o Ucrania.
Los representantes de los países siempre son funcionarios civiles de organismos estatales, cancillerías o embajadas, así como procuradores o fiscales. Lo que llamó la atención del Comité es que la delegación haya sido encabezada por las Fuerzas Armadas, que además estaban siendo observadas por el propio Comité durante las sesiones de la semana pasada.
Los expertos del CED expresaron preocupación por denuncias recibidas sobre vulneraciones de derechos durante el combate del Estado ecuatoriano contra el crimen organizado. A su vez, advirtieron sobre el uso reiterado de estados de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna.
En esta línea, Carmen Villa Quintana, relatora del Comité, sugirió algunos interrogantes por el toque de queda anunciado por el Gobierno de Daniel Noboa entre el 15 y el 30 de marzo de 2026 en cuatro provincias y pidió aclaraciones sobre las garantías adoptadas para evitar abusos.
El Comité también señaló que observó un “patrón preocupante” de detenciones sin notificación inmediata a las familias, sin registros escritos, con traslados poco transparentes y sin acceso a defensa legal. El CED llamó al gobierno de Noboa a
que cumpla las leyes ecuatorianas teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de derechos humanos y establezca mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Presidente de la Fundacion para la democracia
