Ecuador enfrenta una crisis de hambre aguda que afecta a 2,6 millones de personas

El aumento de los precios de los alimentos, la violencia, el desplazamiento forzado y los fenómenos climáticos profundizan la inseguridad alimentaria en el país, mientras organismos internacionales advierten sobre el riesgo de un deterioro aún mayor.

Ecuador atraviesa una crisis que está siendo impulsada por el aumento del precio de los alimentos, por la caída de los ingresos de las familias, por la violencia, la inseguridad y por fenómenos climáticos.

Según datos del informe humanitario 2025-2026, respaldado por Naciones Unidas y la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), 2,6 millones de personas, casi una de cada seis en el país, enfrentan niveles críticos de hambre aguda.

¿Cuál es la clasificación del IPC para Ecuador?

La clasificación respaldada por la ONU desarrolla cinco fases en la inseguridad alimentaria y ubica al país sudamericano principalmente entre la Fase 3 (Crisis) y la Fase 4 (Emergencia).

El IPC indica que en la Fase 3, las familias deben reducir lo que comen, vender sus bienes o endeudarse para sobrevivir. En la Fase 4 se trata del hambre como riesgo de vida, donde aparecen signos de desnutrición aguda y las estrategias para sobrevivir se agotan. 

Por su parte, la Fase 5 es la de la situación de catástrofe o hambruna y representa una situación de muerte por hambre y, si bien aún no se reporta masivamente en Ecuador, existe un riesgo de escalar hacia ella si no se actúa para frenar la inseguridad alimentaria.

Una combinación de factores

El IPC explica que lo que sucede en el país sudamericano es una combinación de factores que se refuerzan entre sí. Por un lado, está atravesado por una situación de violencia y de desplazamiento, actualmente Ecuador tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con 50,9 por cada 100.000 habitantes en 2025, frente a 7,7 en 2018. Esta violencia es la responsable de que entre 2022 y 2024, 316.000 personas se hayan visto obligadas a desplazarse y abandonar sus cultivos, sus tierras y sus trabajos para poder sobrevivir. 

Por otro lado, atraviesa un aumento de los precios de los alimentos y de los niveles de pobreza. Muchos hogares ecuatorianos gastan más del 70% de sus ingresos solo en comida, y aun así no alcanzan a cubrir sus necesidades.

Al mismo tiempo, Ecuador se ve atravesado por un clima extremo donde fenómenos como El Niño provocan inundaciones que destruyen cultivos, carreteras y medios de vida, especialmente en zonas rurales. La temporada de lluvias de 2026 ya afectó a más de 100.000 personas en todo el país.

Sumado a eso, hay una crisis en los servicios básicos como acceso al agua o al saneamiento adecuado en zonas rurales. Sin agua limpia aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades y se dificulta la preparación de alimentos.

Desde la ONU sostienen que la inseguridad alimentaria no es solo «tener poca comida», sino que se trata de un problema que afecta la nutrición infantil y el desarrollo cerebral, la capacidad de las familias para trabajar y estudiar, la estabilidad de comunidades enteras y el futuro del país.

En esta línea, para evitar que la situación se agrave, insisten en que es fundamental monitorear diversos factores de riesgo que afectan la disponibilidad y el acceso a los alimentos. En cuanto a lo productivo y climático, se debe vigilar la reducción de las
áreas de siembra de cultivos transitorios y perennes, así como el comportamiento de los fenómenos de El Niño y La Niña y sus efectos en la precipitación y humedad del suelo para el ciclo 2024-2025.

Por otro lado, se vuelve necesario observar la disponibilidad y la suba en los precios de insumos esenciales como fertilizantes y combustibles, además de las fluctuaciones en los precios internacionales de productos agropecuarios.

Desde una perspectiva económica y social, el monitoreo debe centrarse en la variación de los precios de la canasta básica alimentaria, especialmente en las zonas más vulnerables, y en la dinámica del mercado laboral, vigilando la pérdida de empleos o la reducción de salarios tanto en el sector agrícola como en el no agrícola.

Además, insiste el informe, se vuelve imperativo analizar cómo los índices de violencia y delincuencia impactan en la economía local, restringen el acceso seguro de la población a los alimentos y son los principales causantes de los desplazamientos internos. 

El documento señala que para abordar la situación de inseguridad alimentaria en Ecuador, las autoridades deben dar una respuesta inmediata y coordinada en las provincias clasificadas en la Fase 3, para mitigar las brechas en el consumo de alimentos y evitar un mayor deterioro del estado nutricional de la población.

Para esto, el informe sugiere la gestión y articulación de programas que permitan una respuesta inmediata, mejorando no solo el acceso a la comida sino también los medios de vida de quienes se encuentran en situaciones de crisis y emergencia.