Endurecimiento de políticas migratorias de EEUU en la mira de los organismos de derechos humanos

La profundización de las políticas de deportación, la estigmatización en nombre de la “lucha contra el crimen” y las trabas a las solicitudes de asilo despiertan cada vez más preocupación por sus vulneraciones sobre la población.

Las vulneraciones a los derechos humanos en las poblaciones migrantes es un problema que permanece entre los principales ejes de preocupación a nivel internacional. Si bien el fenómeno tiene múltiples aristas y complejidades contextuales en todo el mundo, Estados Unidos se ha posicionado como uno de los enclaves más fuertes en materia de debates sobre las poblaciones migrantes. Las políticas migratorias impulsadas por la administración gubernamental de Donald Trump han generado en los últimos años una especial alerta en entidades de todo el mundo. En un contexto de fuertes embates geopolíticos, los migrantes en ese país se convierten en un actor clave de disputa.

En este caso, la organización Human Rights Watch (HRW) se pronunció en los últimos días alrededor de la nueva legislación impulsada por el presidente Trump en materia de deportaciones. Según trascendió de manera reciente, la administración norteamericana decidió endurecer las políticas migratorias en nombre de la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, generando nuevas pautas persecutorias para personas migrantes con antecedentes delictivos. 

HRW lanzó un informe donde plantea que estas políticas atentan contra la seguridad pública y, lejos de fortalecer la lucha contra el crimen, ubican en un lugar de extremo riesgo a migrantes que, por su nivel de vulnerabilidad social, a menudo son utilizados por estructuras criminales más poderosas que abusan de su condición legal. La entidad internacional se centra en que las nuevas medidas de deportación debilitan los programas gubernamentales federales para proteger y ofrecer asilo legal a migrantes obtengan residencia legal y puedan cooperar con las fuerzas de seguridad. Desde el organismo sostienen que se trata de una política amenazante y extorsiva para migrantes que, ante el peligro de la deportación, se ven cautivos de sus abusadores y obligados a no denunciarlos.

Esta es una situación que ya viene siendo observada desde hace tiempo por los organismos internacionales. En febrero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresó su preocupación por el impacto en materia de derechos humanos por parte de las políticas migratorias impulsadas por Trump. Entonces, el gobierno norteamericano había anunciado que solo admitiría asilo solamente a refugiados que pudieran asimilar “completa y adecuadamente” al sistema de EEUU. Esto fue tomado por la CIDH como un criterio que habilitaba aplicaciones arbitrarias y discriminatorias sobre los migrantes, en un contexto pleno de oleadas migratorias por crisis humanitarias. 

El repudio de organismos internacionales

A mediados de 2025, Amnistía Internacional (AI) había manifestado su repudio a una medida lanzada en ese entonces que imponía nuevas restricciones migratorias. Se trataba de la prohibición de viajar a personas que provinieran de países como Afganistán, Chad, Libia, Ecuador, Sudán, entre otros países. La organización denunció que esta medida mostraba un claro sesgo discriminatorio, racista y estigmatizante hacia poblaciones musulmanas o negras. Asimismo, la entidad internacional señalaba que la medida atentaba contra quienes solicitaban asilo para refugiarse de crisis severas en sus países.  

Durante el mes de mayo, Naciones Unidas también alertó sobre graves vulneraciones a los derechos humanos vinculadas a las deportaciones de Estados Unidos, muchas de ellas en nombre de las leyes de lucha contra “enemigos extranjeros”, aplicadas a presuntos integrantes de grupos criminales. En ese marco, en los primeros cuatro meses de este año, se registraron más de 140.000 personas deportadas de EEUU. De este total, el organismo alertó por el paradero desconocido de más de 200 venezolanos y 30 salvadoreños, sin una respuesta clara. En la mayoría de estos casos, según expresaron desde la ONU, se han desconocido derechos elementales como el de una representación legal para la defensa y maltratos en las condiciones de detención.   

La Comisión Nacional de Derechos Humano de México también lanzó un informe este año donde se refieren a los constantes discursos de odio, criminalización de la migración y las violaciones a derechos humanos de la que son blanco las poblaciones mexicanas en Estados Unidos. Entre varias acciones, la CNDH de México denuncia acciones tales como la separación de niños y niñas de sus padres migrantes.

Ser migrante en la era Trump

Si bien los debates alrededor de las oleadas migratorias -principalmente de poblaciones latinoamericanas- ha sido eje de disputas políticas en Estados Unidos desde hace décadas, el modelo de gobierno instaurado por Donald Trump ha profundizado las tensiones. Al cumplirse los 100 días de asumir su actual mandato, la mencionada organización Human Rights Watch lanzó un conteo de las “100 violaciones a los derechos humanos” perpetradas por la administración Trump. 

En este informe, se han destacado las acciones en materia de políticas migratorias. Allí señalan medidas tales como la aceleración de deportación a cubanos, venezolanos y haitianos en libertad condicional, las demoras de meses o años para personas que solicitan asilo en la frontera, la estigmatización de familias de países islámicos para solicitar asilo, entre otras.