Feminicidios en Brasil alcanzan su cifra más alta desde 2015

Informes nacionales e internacionales advierten que la violencia de género contra las mujeres continúa entre las violaciones de derechos humanos más extendidas del país.

Después de una década de la sanción de la Ley del Feminicidio, Brasil volvió a registrar cifras récord de asesinatos de mujeres por razones de género. En 2025 alcanzaron 1.518 víctimas superando los 1458 casos registrados en 2024, que hasta entonces era el número más alto desde la tipificación de este delito, según datos del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Esto refleja una tendencia sostenida que enciende alertas en toda la región.

Distintos datos de instituciones nacionales e internacionales muestran que la violencia de género en Brasil no se limita solo a los feminicidios, sino que forma parte de la vida cotidiana de millones de mujeres. Durante los últimos 12 meses, el 37,5% de las mujeres mayores de 16 años declaró haber atravesado alguna situación de violencia. Se trata de la tasa más alta desde que el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) comenzó a monitorear estos indicadores en 2017. 

Las cifras alcanzan 21,4 millones de mujeres y constituye un escenario de gravedad alarmante. A pesar de que existe una mayor visibilidad pública del tema y del debate social en torno a los roles de género, los registros no evidencian reducciones sustanciales ni un incremento proporcional en la búsqueda de apoyo institucional.

Un aumento sostenido en la última década

El relevamiento oficial del FBSP también muestra que el promedio diario de feminicidios se mantiene en niveles críticos. El Ministerio de Justicia indicó que los datos equivalen a aproximadamente cuatro mujeres asesinadas por día en contextos de violencia doméstica, familiar o motivados por el odio de género.

Desde el 2015, el total de víctimas asciende a 13.448. Además, el número de 2025 podría aumentar una vez que los estados como São Paulo y Pernambuco incorporen los datos faltantes de diciembre. En términos territoriales, al menos 15 estados registraron incrementos interanuales, con números más altos en las regiones Norte y Nordeste.

En 2024 el feminicidio pasó a ser considerado delito autónomo, con penas que oscilan entre 20 y 40 años de cárcel y que pueden alcanzar los 60 años ante agravantes, constituyendo la sanción más severa del código penal brasileño. En paralelo, se instituyó el 17 de octubre como día nacional de luto y memoria de las víctimas, en referencia al caso de Eloá Pimentel, que marcó un punto de inflexión en la agenda pública.

Especialistas coinciden en que el aumento de los casos no puede analizarse únicamente desde la dimensión penal. Samira Bueno, directora ejecutiva del FBSP, advirtió durante la presentación del informe anual de Human Rights Watch que la persistencia de los feminicidios está asociada a las falencias estatales estructurales.

El informe de HRW, que investiga la situación de derechos humanos en más de cien países, identifica la violencia doméstica y de género como una de las violaciones más extendidas en Brasil.

Samira Bueno remarcó que el problema atraviesa distintos niveles de gobierno y sostuvo que “actualmente, en Brasil, estamos viendo una falta de financiación para estas políticas en los niveles municipal y estatal, especialmente en aquellas involucradas en la red de protección, que cuentan con la asistencia social, la sanidad y la policía para lograr un verdadero impacto en la vida de estas niñas y mujeres”.

Más leyes, mismos desafíos de aplicación

El aumento sostenido de los casos reabrió el debate sobre la eficacia de las herramientas institucionales vigentes y de su alcance en los territorios. Sobre todo teniendo en cuenta que Brasil tiene uno de los marcos normativos más amplios de la región en materia de violencia de género. La ley María da Penha, sancionada en 2006, es considerada un instrumento pionero a nivel internacional para la protección integral de las mujeres.

A esta legislación se le sumaron nuevas herramientas en los últimos años. En 2015 se incorporó el feminicidio como figura penal específica. En 2018 se tipificó el acoso sexual en espacios públicos y laborales y en 2021 se criminalizó el acecho.

Más recientemente, los tres poderes del Estado lanzaron el Pacto Nacional- Brasil contra el Feminicidio, orientado a coordinar acciones de prevención, asistencia y sanción a escala municipal y estadual. El plan contempla la articulación institucional, el fortalecimiento de redes de protección, producción de datos y campañas de concientización.

Sin embargo, organizaciones como HRW afirman que la eficacia de estas normas depende de su implementación en los territorios, el financiamiento y un monitoreo permanente.

El rol del Estado en la prevención

El movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos continúan desempeñando un papel central en la visibilización del problema y en la promoción de reformas legislativas. A través de campañas e incidencia pública, impulsan la creación de nuevos tipos penales, la actualización normativa y la ampliación de dispositivos de asistencia.

En el plano político, la actual administración de Lula da Silva estableció el Ministerio de las Mujeres en su primer día de gestión y promovió iniciativas institucionales orientadas a la igualdad de género. Sin embargo, recientes cambios de conducción en esta cartera atravesada por negociaciones electorales de cara a este 2026, generaron interrogantes sobre la continuidad de ciertas políticas prioritarias en el avance de la igualdad de género.

Diversos sectores advierten que los años electorales suelen desplazar estos temas de la agenda pública, reduciendo su centralidad presupuestaria y legislativa. En este escenario, organismos internacionales, instituciones y movimientos populares insisten en la necesidad de la vigilancia institucional y el monitoreo ciudadano para evitar retrocesos en materia de prevención, protección y acceso a la justicia. 

Guillermo Whpei

Presidente de la Fundacion para la democracia