Irán intensifica la represión política y restringe derechos bajo el pretexto de la guerra

Amnistía Internacional denunció miles de detenciones, ejecuciones de carácter político y un cierre masivo de internet que afectó a millones de personas.

La organización de derechos humanos denunció que las autoridades iraníes usan el pretexto de «condiciones de guerra” para intensificar su represión de la disidencia mediante detenciones arbitrarias, la aceleración de actuaciones judiciales injustas, ejecuciones de motivación política, duras condenas de prisión y confiscaciones de bienes. 

Desde el ataque militar ilegal lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero de 2026, el gobierno de Irán detuvo arbitrariamente a más de 6.000 personas, entre ellas, manifestantes, periodistas, profesionales, defensores de derechos humanos, opositores y miembros de minorías étnicas y religiosas.

Por su parte, Amnistía advirtió que altos cargos judiciales ordenaron procedimientos acelerados contra las personas detenidas, incluso por cargos que suponen la pena capital, en medio de la preocupación generalizada por las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, así como por el uso de “confesiones” forzadas en juicios farsa manifiestamente injustos. 

La denuncia de la organización también señala que las autoridades iraníes sometieron a un aislamiento sistemático a más de 90 millones de personas, violando su derecho a la libertad de información, con el cierre de internet más prolongado del que se tienen noticias, que duró 88 días. Al mismo tiempo, criminalizaban la navegación en la web como “espionaje”, punible con la pena de muerte. Internet se restableció con restricciones a finales de mayo.

En esta línea, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional subrayó que “las autoridades iraníes están aprovechando la crisis para erosionar aún más los derechos humanos de la población en Irán”, y agregó que la sociedad iraní ya está sufriendo las consecuencias de los ataques aéreos ilegales de las fuerzas de Estados Unidos e Israel, sumadas a años de represión de su gobierno.  

A su vez, Guevara Rosas, detalló que para mantener el control de su poder el gobierno iraní desencadenó un ataque en toda regla contra la población de ese país, dirigido contra cualquiera que se atreva a criticar a la República Islámica, compartir en redes sociales información sobre los ataques estadounidenses o israelíes o la violaciones de derechos humanos.

Por otro lado, Amnistía Internacional insta a las autoridades de Irán a levantar todas las restricciones al uso de internet y pide dejar de imponer su cierre a la población. Al mismo tiempo, señala que deben poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente, proteger de la tortuga y otros malos tratos a todas las personas que están privadas de su libertad. Además, llama a “revelar la suerte y el paradero de las que son víctimas de desaparición forzada, y poner fin de inmediato a todas las ejecuciones con vistas a establecer una moratoria oficial de la pena de muerte”.

Amnistía también denuncia al gobierno por las amenazas con nuevos homicidios para quienes expresan oposición, disidencia al gobierno o defensa de la caída del sistema de la República Islámica y calificaron a quienes la critican de “traidores” y “colaboradores del enemigo».

El corte de Internet que impusieron las autoridades desde el 28 de febrero de 2026 hizo muy complicado poder documentar con detalle las violaciones de derechos humanos. Para este comunicado de prensa, Amnistía Internacional conversó con 10 fuentes con información fuera de Irán: familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos, y periodistas que sabían de violaciones. La organización también revisó vídeos que circularon por Internet, estudió mensajes de texto oficiales enviados por las autoridades, analizó declaraciones oficiales y lo que decían los medios estatales e investigó informaciones de medios independientes y organizaciones de derechos humanos que trabajan desde fuera de Irán.

Las autoridades crearon un sistema de acceso a Internet por niveles que era discriminatorio donde solo unas pocas personas con aprobación previa, como las que trabajan en instituciones del Estado o en ciertos sectores profesionales autorizados, podían acceder a un Internet global menos restringido mediante servicios “Internet Pro”. Mientras tanto, le negaban a la población en general el acceso a Internet y la posibilidad de conectarse entre sí y con el mundo exterior. Y como el acceso por Internet Pro dependía de tarjetas SIM registradas a nombre de cada usuario o usuaria y de sistemas de verificación de identidad, muchas personas temían que no fuera seguro frente a la vigilancia del Estado.

Al respecto, Erika Guevara Rosas llamó a la comunidad internacional a vigilar la situación iraní, ya que las autoridades no pueden usar un conflicto como una cortina de humo para fortalecer su aparato represivo. Al mismo tiempo, sostuvo que “los derechos humanos de Irán y la crisis de impunidad exigen acciones diplomáticas internacionales urgentes y sostenidas para impedir que las autoridades sigan cometiendo crímenes atroces, y también para abrir caminos hacia la justicia internacional, incluso haciendo que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación de Irán a la Corte Penal Internacional”