La CIDH denunció nuevas violaciones a los derechos humanos en Venezuela
El organismo advirtió sobre detenciones arbitrarias, falta de atención médica y restricciones contra personas opositoras al gobierno venezolano. El 5 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la resolución 35/26, otorgó medidas cautelares a Carmelo De Grazia, Daniel De Grazia y Levin De Grazia luego de considerar que están […]
El organismo advirtió sobre detenciones arbitrarias, falta de atención médica y restricciones contra personas opositoras al gobierno venezolano.
El 5 de mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la resolución 35/26, otorgó medidas cautelares a Carmelo De Grazia, Daniel De Grazia y Levin De Grazia luego de considerar que están en una situación grave y de urgencia, tras concluir que sus derechos a la vida, la salud y la integridad personal podrían sufrir daños irreparables en Venezuela.
Según información de la CIDH, Carmelo De Grazia y Daniel De Grazia estarían privados de la libertad desde el 19 de abril de 2024, sin recibir atención médica adecuada y bajo condiciones inadecuadas de detención. Mientras que Levin De Grazia permanecería bajo arresto domiciliario y sería sometido a hostigamiento por funcionarios estatales. Por su parte, el Estado venezolano no brindó información a la CIDH sobre la situación denunciada.
La Comisión remarcó que la adopción de medidas cautelares no prejuzga sobre futuras denuncias o investigaciones vinculadas a presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela.
La CIDH llevó ante la OEA el reclamo por los presos políticos en Venezuela
A principios de mayo, la Comisión exigió ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la libertad plena de todas las personas presas políticas y reclamó al Estado venezolano transparencia y una visita a los centros de detención “con acceso irrestricto”.
En esta línea, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, en un comunicado leído ante el Consejo Permanente de la OEA, señaló que “La privación arbitraria de la libertad por motivos políticos es una de las expresiones más graves del derrumbe del Estado de Derecho. En Venezuela esto no es un exceso aislado: es una política de Estado, sostenida y deliberada”.
Por esto, reclamó que toda detención arbitraria debe cesar “de inmediato” y, a su vez, exigió la libertad plena de todas las personas presas políticas y de conciencia en Venezuela, ya que las liberaciones parciales no agotan las obligaciones del Estado.
Ralón Orellana también pidió “acceso pleno y verificable a la información pública” y “listas oficiales de personas detenidas, procesadas y amnistiadas, con nombres y estado procesal”. Además de “protección absoluta contra la tortura y reformas estructurales que garanticen la no repetición y el restablecimiento de la democracia”.
Desde la CIDH también volvieron a pedir de manera urgente una visita con acceso irrestricto a los centros de privación de libertad en la República Bolivariana de Venezuela y afirmaron que la Comisión está dispuesta a cooperar, pero que el Estado venezolano debe responder en consecuencia.
Organismos internacionales han realizado distintos reclamos hacia Venezuela bajo el argumento de que no hay derechos humanos plenos sin una democracia plena.
Por su parte, la CIDH advirtió que la situación de las personas detenidas por razones políticas en Venezuela no es “un exceso aislado”, sino que se trata de una política de Estado sostenida y deliberada.
El presidente de la CIDH detalló que, a través de los más de 300 testimonios de víctimas relevados por el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (MESEVE), concluyeron que “la evidencia es abrumadora” sobre la situación de los presos políticos en el país.
A través del MESEVE, la Comisión realizó alrededor de 30 audiencias temáticas para darle seguimiento a los casos. Señalaron que “Solo en 2025 otorgamos 36 medidas cautelares, la mayoría a personas privadas de libertad por motivos políticos: defensoras de derechos humanos, periodistas, familiares de detenidos y, en varios casos, núcleos familiares completos”.
Al respecto, la Comisión alertó que hasta abril habría 454 personas detenidas por razones políticas, entre ellas un adolescente, 44 mujeres, 286 civiles y 186 militares. Aunque esto supone una cifra menor a las más de 2.062 detenciones por razones políticas documentadas por organizaciones sociales en la segunda mitad de 2024.
Al mismo tiempo, Ralón Orellana señaló en su documento presentado ante la OEA que “persisten la desaparición forzada, la tortura, la incomunicación prolongada y la negación de atención médica”, una serie de circunstancias que vinculó a las “al menos 18 personas” fallecidas “bajo custodia del Estado”.
El presidente de la CIDH informó que ha tomado nota de la Ley de Amnistía que la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio por finalizada a finales de abril de 2026 luego de haber beneficiado, según el gobierno venezolano, a más de 8.600 personas que habrían conseguido la “libertad plena”.
Por otro lado, el responsable de la Comisión insistió en que las organizaciones sociales y de derechos humanos registraron solo 186 casos de libertad plena, mientras que 554 personas permanecen con medidas cautelares.
Tanto la CIDH como otros organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos observan con preocupación que las personas liberadas mediante la Ley de Amnistía continúan bajo una especie de “libertad vigilada”, ya que permanecen sujetas a condiciones como “la prohibición de salida del país, la prohibición de manifestarse o de hablar con la prensa”.
Presidente de la Fundacion para la democracia
