La criminalización de los activismos de derechos humanos sigue siendo motivo de preocupación
Las oleadas de movimientos antiderechos en combinación con los aparatos represivos de diversos Estados, ponen en jaque a defensores y defensoras de causas humanitarias en todo el mundo. Advertencias de organismos internacionales. Si bien la lucha por la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un eje central a nivel mundial desde mediados […]
Las oleadas de movimientos antiderechos en combinación con los aparatos represivos de diversos Estados, ponen en jaque a defensores y defensoras de causas humanitarias en todo el mundo. Advertencias de organismos internacionales.
Si bien la lucha por la defensa de los derechos humanos se ha convertido en un eje central a nivel mundial desde mediados del siglo XX a esta parte, también persiste hasta hoy la persecución contra sus activismos. La mentada criminalización de los defensores de derechos humanos es una constante en múltiples contextos y regiones del mundo. Organismos internacionales advierten sobre este tema y llaman a profundizar la lucha para proteger a los activismos y entidades de la sociedad civil que luchan por causas humanitarias.
En efecto, la lucha contra el carácter criminal que determinados sistemas adjudican al activismo por los derechos humanos es una constante en diversos ámbitos. Cambio climático, derecho a la identidad, lucha contra los delitos de lesa humanidad, organizaciones en rechazo al genocidio, activismo del movimiento LGTBI+, son variados los sectores que han visto sus respectivas causas señaladas por las autoridades, por un motivo u otro.
Tal es así que Amnistía Internacional (AI) decidió lanzar esta semana un documento donde sienta una serie de bases y recomendaciones para hacerle frente a este tipo de criminalizaciones en el plano judicial. La entidad internacional basó esta presentación con motivo de la creciente tendencia en el mundo a castigar y perseguir acciones como la desobediencia civil y las movilizaciones pacíficas.
“Dissent on trial” (disidencia en juicio) es el título de esta campaña de estrategias para ofrecer argumentos de defensa a los y las activistas de derechos humanos que a menudo se ven enfrentados a causas penales, juicios y chances de prisión por sus actividades. Acorde a lo relevado por la entidad, los argumentos que los gobiernos utilizan para perseguir a estos sectores casi siempre giran en torno a seguridad nacional, crimen organizado, leyes “antisubversivas”, entre otros marcos legales que sectores políticos utilizan para descalificar, cuando no atacar directamente, a los derechos humanos.
Uno de los ámbitos donde esto se puede observar con mayor claridad es el activismo ambiental. La persecución a manifestantes u organizaciones militantes ambientalistas a menudo tiene que ver con cómo estas actividades chocan de lleno con intereses empresariales y políticos sobre determinados territorios. En junio de este año, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APEDH), en Argentina, expresó su preocupación sobre el aumento “generalizado y sistemático” de vulneraciones de derechos vinculadas a fuerzas de seguridad locales con respecto a activistas de asuntos ambientales. Según la proclama de APDH, muchas de estos ataques son “avalados” por las autoridades regionales ya sea “por acción u omisión”.
Esta discusión no es nueva. En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó su documento “Criminalización de la labor de las defensoras y defensores de los derechos humanos”, donde realizaba un análisis exhaustivo de este fenómeno. Allí ya dejaba definiciones clave sobre cómo identificar y abordar esta problemática. Ya en ese entonces, la CIDH observaba un creciente ataque a representantes o activistas vinculados a ámbitos tales como el reclamo por el derecho a la tierra o al medio ambiente, reclamos laborales de parte de asociaciones sindicales, o vinculados a los derechos sexuales, reproductivos o de identidad de género.
Asimismo, la CIDH ya en aquel año remarcaba la importancia de proteger la integridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, al considerarlos actores fundamentales para el desarrollo de las democracias. Por ello, el documento realiza un llamado a los Estados a fortalecer su transparencia institucional y sus marcos legales para que no sean ejercidos “de forma indebida” contra estos activismos.
La situación en América Latina
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) lanzó un extenso documento este año donde advierte sobre las consecuencias más visibles de la persecución al activismo de derechos humanos en América Latina. Allí, la entidad internacional advierte que el hostigamiento a organizaciones y militancias se ha vuelto “recurrente” en la región, en muchos casos bajo “complicidad” de actores del aparato judicial.
En su documento, la OMCT pone especial énfasis en los reclamos de carácter ambiental y la consecuente persecución de activismos regionales, en muchos casos indígenas, asociaciones comunitarias territoriales, en su mayoría rurales o campesinos. Asimismo, en el documento destacan el rol de los sectores empresariales en estos conflictos, siendo estos los que suelen apelar a la justicia con denuncias contra estos activismos, en muchos casos invocando leyes de tipo “anti-terrorismo”.
Según Amnistía Internacional, en países como México, El Salvador, Ecuador, Guatemala, entre otros, los defensores de la tierra corren un especial riesgo de sufrir ataques y persecuciones. Según un informe de 2024 de esta entidad, en Brasil la mitad del país no contaba con el alcance del Programa de Protección de Defensores de Derechos Humanos. Perú directamente no tenía con un esquema protocolar de defensa de los defensores de derechos humanos.
Presidente de la Fundacion para la democracia
