La ley de Amnistía en Venezuela reabre el debate sobre sanciones en la Unión Europea
El ministro de Relaciones Exteriores español anunció que solicitará formalmente el levantamiento de las medidas restrictivas luego de la aprobación de una ley para liberar a los presos políticos en Venezuela. El debate de la Ley de Amnistía en Venezuela y otras acciones que consideran que el gobierno de Delcy Rodríguez va “por el buen […]
El ministro de Relaciones Exteriores español anunció que solicitará formalmente el levantamiento de las medidas restrictivas luego de la aprobación de una ley para liberar a los presos políticos en Venezuela.
El debate de la Ley de Amnistía en Venezuela y otras acciones que consideran que el gobierno de Delcy Rodríguez va “por el buen camino”, le han dado a España el impulso para pedir a la Unión Europea (UE) que levante las sanciones contra el país caribeño.
El ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, afirmó que solicitarán formalmente a la UE el retiro de las sanciones como una demostración de que Venezuela avanza en la dirección correcta y la UE debería enviar una señal de acuerdo con esta nueva realidad venezolana.
La semana pasada, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó de manera unánime una histórica ley de amnistía para presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025. La legislación excluye a quienes promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del territorio venezolano.
Luego de la noticia, Albares se mostró optimista con que la ley fuera lo más amplia posible y que sirviera para que “los presos salgan a la calle”. Al mismo tiempo, incitó a la presidenta interina de Venezuela a seguir dando pasos en la misma dirección.
La respuesta de la Unión Europea fue a través del portavoz comunitario Anouar El Anouni quien recordó que la política de sanciones de la UE no es un fin en sí mismo, aunque destacó que las autoridades europeas están dispuestas a “utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para apoyar una transición hacia la democracia en Venezuela”.
La UE aplica sanciones individuales contra 69 personas a las que considera como responsables directas de socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en Venezuela. La actual presidenta interina se encuentra en esa lista desde 2018.
Entre las medidas que afectan tanto a Rodríguez como a las otras 68 personas está la imposibilidad de entrar o transitar por los países que forman parte de la UE, a su vez, los activos quedan congelados y no pueden ser utilizados ni transferidos. Las sanciones también impiden que estas personas reciban fondos o recursos económicos dentro del espacio europeo directa o indirectamente. Lo que también incluye a las empresas o instituciones europeas.
Delcy Rodríguez juró como presidenta encargada pocos días después de que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueran capturados en Caracas, el 3 de enero pasado, luego del bombardeo por parte de Estados Unidos a ese país. Ambos fueron encarcelados en Nueva York acusados de narcotráfico y otros delitos.
Según el artículo 234 de la Constitución de Venezuela, ante una ausencia temporal del presidente asume el cargo por un máximo de 90 días, prorrogables por igual período si así lo decide la Asamblea Nacional lo que abre un margen para un mandato de seis meses de Rodríguez antes de llamar a elecciones. Este escenario representa una oportunidad para varios países de la UE, sobre todo España, a mejorar la relación con Venezuela.
¿Qué exige Bruselas para levantar las sanciones?
En diciembre de 2025 el Consejo de Ministros de Exteriores de la UE decidió prolongar por un año más, hasta el 10 de enero de 2027, las sanciones contra las 69 personas vinculadas al gobierno de Venezuela, incluída la actual presidenta interina.
Según el documento oficial, la decisión se toma debido a las persistentes acciones contra la democracia, como las violaciones a los derechos humanos, la represión de la sociedad civil y la oposición al gobierno chavista, también relacionado con los hechos ocurridos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.
La Unión Europea aclara que las sanciones no buscan afectar a la población venezolana o a su economía en general, sino ejercer presión sobre las autoridades y funcionarios de gobierno para que se avance hacia una solución negociada, democrática y respetuosa de los derechos humanos.
Fuentes diplomáticas europeas señalaron en varias oportunidades que la evaluación se realiza de manera periódica y que el Consejo de Ministros Exteriores puede ajustar, suspender o reforzar las sanciones en función de la evolución de la situación política en Venezuela. En esa línea, la aprobación de la Ley de Amnistía puede convertirse en un elemento central para la revisión política de la decisión.
El pedido de España resulta difícil de modificarse en el corto plazo, ya que debería tener consenso de los 27 países miembros de la UE, lo que implica un debate político más extenso. Tanto el gobierno español como el resto de los gobiernos piden garantías verificables en materia de derechos humanos, independencia judicial y participación política. Sostienen, además, que la responsabilidad de poner fin a la crisis en Venezuela recae sobre sus autoridades y que las sanciones no son la causa de eso.
Presidente de la Fundacion para la democracia
