La libertad de prensa en Maldivas enfrenta una nueva ola de persecución estatal
Human Rights Watch denunció que el gobierno maldivo encarceló periodistas, allanó medios independientes y profundizó medidas de censura en un contexto de creciente deterioro de la libertad de expresión. A mediados de mayo, dos periodistas fueron arrestados y encarcelados por cargos criminales en Maldivas, Human Rights Watch (HRW) denunció que se trata de la primera […]
Human Rights Watch denunció que el gobierno maldivo encarceló periodistas, allanó medios independientes y profundizó medidas de censura en un contexto de creciente deterioro de la libertad de expresión.
A mediados de mayo, dos periodistas fueron arrestados y encarcelados por cargos criminales en Maldivas, Human Rights Watch (HRW) denunció que se trata de la primera vez desde la adopción de la Constitución democrática de 2008, que trabajadores de prensa son enviados a prisión por cargos penales en el país.
La organización internacional exigió la liberación inmediata de Leevan Ali Naseer, de 29 años, y Mohamed Shahzan, de 31. Además, exigió el retiro de las acusaciones contra integrantes de medios de comunicación alcanzados por una creciente política de hostigamiento estatal.
Sobre esto, Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, afirmó que “el encarcelamiento injusto de dos periodistas y las redadas contra medios independientes envían un mensaje alarmante sobre el deterioro de la libertad de prensa en Maldivas”. A su vez, reclamó al gobierno que revierta “el peligroso retroceso” sobre los derechos democráticos.
Según la organización internacional, la escalada represiva comenzó el 27 de abril, cuando el Departamento contra el Crimen Grave y Organizado allanó las oficinas del medio digital Adhadhu en Malé, la capital del país, y secuestró computadoras y discos duros que pertenecían a periodistas.
Unas semanas antes, el portal había publicado el documental Aisha, donde se denunciaban presuntos casos de abuso de poder y conducta sexual inapropiada por parte del presidente Mohamed Muizzu contra un ex trabajador. Sin embargo, el mandatario negó públicamente las acusaciones.
Luego de eso, las autoridades maldivas impusieron prohibiciones de viaje al director ejecutivo de Adhadhu, Hussain Fiyaz Moosa, y al editor jefe Hassan Mohamed. El 10 de mayo, la Fiscalía presentó cargos contra ambos bajo el artículo 612(a) del Código Penal, relacionado con el delito islámico de “qazf”, es decir, acusaciones falsas de adulterio. La legislación contempla penas de hasta 19 meses de prisión y 80 latigazos.
Ese mismo día, el Tribunal Penal emitió una orden de silencio que prohibía cualquier discusión pública sobre el documental. Dos días más tarde, Naseer y Shahzan fueron condenados a 10 y 15 días de cárcel respectivamente por informar sobre esa resolución judicial y recibieron multas cercanas a los 26.000 rufiyas maldivas, lo que equivale a unos 1.700 dólares.
Medios locales denunciaron que ambos periodistas permanecían detenidos en condiciones insalubres dentro de la prisión de Maafushi. El 15 de mayo, funcionarios penitenciarios trasladaron a Naseer a una celda separada, lo aislaron y le negaron atención médica para tratar una afección cutánea que se agravó durante su detención.
Protestas y liberación de Leevan Ali Nasir
Las detenciones provocaron protestas en Malé impulsadas por periodistas y sectores opositores. Según denuncias de organizaciones locales, la policía reprimió las movilizaciones y arrestó a diez personas durante una manifestación organizada por el Frente Nacional Popular y el Partido Democrático de Maldivas. Al menos tres continúan detenidos.
En señal de protesta frente al avance represivo, trece medios de comunicación realizaron el 19 de mayo un apagón informativo de doce horas, suspendiendo sus publicaciones habituales.
El 22 de mayo Leevan Ali Nasir fue liberado y contó las condiciones precarias en las que se encontraba en prisión: «solicité atención médica, pero tardaron seis días en atenderme. Debido a esta demora, mi piel empeoró mucho. Durante ocho días, no pude comprar artículos de higiene personal porque la tienda de la prisión no funcionaba. Me sentía fatal porque no podía mantenerme limpio», dijo.
Nasir sostuvo que volverá a trabajar y que se unirá a las protestas que piden la liberación de Shahzan, cuya condena se cumple el próximo 27 de mayo.
Por otro lado, el director ejecutivo de la Asociación de Periodistas de Maldivas, Mohamed Junayd, expresó que la velocidad con la que actuaron el Ejecutivo, la Fiscalía y el Poder Judicial para encarcelar periodistas “resulta impactante”, en referencia al sistema judicial.
Desde que Muizzu asumió la presidencia en 2023, su gestión endureció el control sobre los medios de comunicación a través de distintas medidas restrictivas, que otorgó amplios poderes al gobierno para supervisar y sancionar medios de comunicación. Además, existe preocupación por la posibilidad de que se restablezca la aplicación de la pena de muerte.
Además, esto se da en un contexto donde grupos extremistas islámicos han atacado históricamente a activistas y periodistas acusados de publicar contenidos considerados ofensivos para el islam. Organizaciones de derechos humanos sostienen que algunos de estos grupos mantienen vínculos con sectores políticos influyentes y operan con altos niveles de impunidad.
Para Human Rights Watch, el caso refleja la fragilidad de los avances democráticos alcanzados en el país durante los últimos años. Elaine Pearson llamó al presidente Muizzu a que garantice públicamente la protección de la libertad de expresión y frene los ataques contra trabajadores de prensa y medios independientes.
Presidente de la Fundacion para la democracia
