La lucha contra la transfobia como eje fundamental de los derechos humanos
Las comunidades de personas transgénero son uno de los blancos más vulnerables en un escenario de políticas regresivas y desfinanciamiento de instituciones de derechos humanos. Un ataque donde se combinan identidad, clase social y prejuicio. En el amplio abanico de las luchas por el derecho a la identidad dentro del movimiento de la diversidad, la […]
Las comunidades de personas transgénero son uno de los blancos más vulnerables en un escenario de políticas regresivas y desfinanciamiento de instituciones de derechos humanos. Un ataque donde se combinan identidad, clase social y prejuicio.
En el amplio abanico de las luchas por el derecho a la identidad dentro del movimiento de la diversidad, la concientización contra la transfobia se convirtió en los últimos años en un eje central de debate. Profundizar sobre las históricas vulneraciones de las poblaciones transgénero en términos económicos, culturales y sociales se ha vuelto parte central de la agenda de los derechos humanos. A pesar de los avances en este punto, todavía en 2025 persisten una multiplicidad de factores que no solo invisibilizan este tipo de discusiones, sino que incluso las estigmatizan y las confrontan de manera directa. Esto se traduce en las permanentes manifestaciones de violencias y discursos de odio que ubican a las personas trans en una de las subjetividades más atacadas dentro del movimiento LGTBIQ+.
En el cierre de este 2025, Amnistía Internacional volvió a hacer hincapié en el trasfondo que habitan las violencias transfóbicas, en especial con las estructuras sociales en determinados países que desde su mismo paradigma legal habilitan estas discriminaciones. Casos como el Turquía, por ejemplo, citado por la entidad humanitaria, donde la marcha del Orgullo de ese país en 2024 fue violentamente atacada, da cuenta de este fenómeno. Según denunció Amnistía, el propio gobierno instigó en 2023 severas prohibiciones y normativas en contra de la realización de manifestaciones como la Marcha del Orgullo, lo cual sentó un preocupante precedente para la comunidad local.
Asimismo, la denominación para el 2025 como el “Año de la Familia” en ese país, ha sido tomado por activistas de la comunidad de la diversidad turca como un discurso oficial que intenta instaurar una mirada conservadora y patriarcal de cara a la sociedad, en vista de invisibilizar los derechos de las disidencias sexuales.
A mediados del año pasado, Amnistía fue tajante con el caso turco al denunciar la discriminación institucionalizada que ya entonces se preveía hacia la comunidad de la diversidad, con un fuerte enclave transfóbico. Asimismo, en abril de este año AI puso la lupa sobre el caso de Reino Unido, donde un fallo de la Corte Suprema generó revuelo al establecer que la feminidad debía basarse en criterios biológicos, vulnerando el derecho de las personas cuyo género difiere del asignado al nacer.
Los constantes ataques a las comunidades transgénero han propiciado incluso acciones tales como el caso de Naciones Unidas, que en junio de este 2025 lanzó un nuevo informe referente a violencias sexuales y dedicó un apartado específico a lo relativo a la discriminación basada en estereotipos biologicistas. En él se citaba el mencionado caso de Reino Unido y advertía sobre las implicancias que este tipo de precedentes podían marcar en el refuerzo de estereotipos sexistas y opresivos de la diversidad y de los derechos humanos.
A esto debe sumarse las reacciones regresivas desde las altas estructuras de los gobiernos que, en muchos casos, apelan a discursos que fomentan la discriminación y ubican a las poblaciones transgénero como blancos sociales directos. Según un informe de este año de la organización ILGA- Europe, países como Austria, Albania, Georgia, Bosnia, entre otros, han mostrado emergentes de partidos políticos de derecha que han hecho del discurso anti-LGBTI+ en eje directo de campaña.
Discriminación por género y pobreza
Las vulneraciones de derechos humanos en la población transgénero y travesti se encarnan no sólo en un plano discursivo sexista y estereotípico, sino también en un plano económico y social. Los ataques a poblaciones travestis son, a menudo, contextualizadas en escenarios de marginalidad social, pobreza y violación de derechos que profundizan su exposición a riesgos. Según un informe de este año de la Federación LGTBI+ de la Argentina, cerca de la mitad de las personas trans de ese país se encuentran en riesgo de pobreza.
Acorde a lo relevado por el organismo, 1 de cada 4 hogares integrados por personas trans cuenta con ingresos menores a los 1000 euros mensuales. A su vez, solo la mitad de la población transgénero asegura no haber tenido ningún tipo de experiencia de indigencia. Por otro lado, 3 de cada 10 personas consultadas cuenta con solo 3 meses de trabajo remunerado al año, ubicándose en el estrato de “baja intensidad laboral”.
El mensaje de la ONU en 2025
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y la Bifobia -conmemorado el pasado 17 de mayo-, la Organización de las Naciones Unidas volvió a reiterar su mensaje de concientización en torno a esta problemática que, año a año, genera más alarmas en el mundo de los derechos humanos. Allí, el organismo internacional remarcó el difícil escenario que atraviesan en la actualidad las políticas e instituciones dedicadas a luchar por la garantía de derechos de los colectivos de la diversidad. Uno de los problemas más reiterados en este plano es el vinculado a la paulatina falta de financiamiento que muchos gobiernos del mundo han aplicado sobre organizaciones y entidades dedicadas a este tipo de agenda.
Presidente de la Fundacion para la democracia
