La ocupación israelí en el Sur de Siria suma denuncias por desplazamientos y destrucción de hogares

Amnistía Internacional documentó la demolición de viviendas, huertos y tierras agrícolas en Quneitra y pidió investigar los hechos como posibles crímenes de guerra ante la ausencia de hostilidades activas.

La caída del gobierno de Bachar al Asad en 2024 estuvo seguida por una incursión de fuerzas israelíes en territorio sirio. Según documentó Amnistía Internacional, tropas israelíes cruzaron desde los Altos del Golán (territorio ocupado por Israel desde 1967) hacia distintas localidades de la gobernación de Quneitra, en el sur de Siria. La operación alcanzó tres pueblos ubicados dentro de la zona desmilitarizada supervisada por Naciones Unidas, donde efectivos militares ingresaron en viviendas y ordenaron a parte de la población abandonar sus hogares.

De acuerdo con la investigación de la organización de derechos humanos, durante los seis meses posteriores las fuerzas israelíes destruyeron o dañaron al menos 23 estructuras civiles utilizadas como viviendas familiares. El relevamiento, basado en imágenes satelitales y testimonios de habitantes de la zona, también registró destrucción en tierras agrícolas y áreas de cultivo.

Para Amnistía Internacional, estos hechos se inscriben en un patrón más amplio de destrucción de infraestructura civil en Oriente Medio. Kristine Beckerle, directora regional adjunta para Oriente Medio y el Norte de África de la organización, sostuvo que las investigaciones muestran expulsiones reiteradas de familias seguidas por la demolición de sus viviendas. Al respecto, remarcó que la protección de las fronteras israelíes no puede utilizarse como argumento para justificar la destrucción de hogares y localidades dentro del territorio de otro Estado, ya que estas acciones contravienen el derecho internacional humanitario.

El relato de los testigos a Amnistía Internacional indica que no había hostilidades activas ni inmediatamente antes ni durante ni después de que se causaran daños y la destrucción de edificios civiles en el sur de Siria. Por su parte, la organización verificó estos hechos a través de videos o imágenes que mostraban excavadoras derribando casas o escombros que aparentemente pertenecían a casas en los pueblos.

Además de obtener testimonios en el terreno, Amnistía Internacional revisó publicaciones de prensa, incluidas informaciones difundidas por medios israelíes, declaraciones oficiales de las autoridades de Israel e imágenes satelitales de las zonas afectadas. A partir de ese material, la organización pudo corroborar las demoliciones denunciadas y ubicarlas dentro del período señalado por los residentes entrevistados.

La investigación también registró la construcción de nueve instalaciones militares israelíes desde diciembre de 2024 en las gobernaciones sirias de Quneitra y Deraa, próximas a los Altos del Golán, territorio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado de manera unilateral en 1981. Según el informe, esta expansión consolidó una presencia militar más amplia dentro de territorio sirio. Varias de las viviendas destruidas se encontraban cerca de esas nuevas bases o en áreas donde posteriormente fueron construidas instalaciones militares.

Las autoridades israelíes sostienen que sus operaciones en Siria responden a necesidades de seguridad. En reiteradas ocasiones argumentaron que buscan destruir armamento, neutralizar sistemas de defensa antiaérea y evitar amenazas provenientes de Hezbolá o de grupos vinculados a Irán que operan en territorio sirio. En esa misma línea, en diciembre de 2025 el ministro de Defensa israelí afirmó que las fuerzas armadas permanecerían en las zonas ocupadas recientemente.

Meses después, en abril de 2026, el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel había establecido una «zona de separación de seguridad» delimitada por lo que denominó una «línea amarilla». Según Amnistía Internacional, esa área abarca sectores de Siria donde la organización documentó daños y destrucción de viviendas civiles, además de incluir los Altos del Golán ocupados y partes del sur del Líbano.

Al defender esta política, Netanyahu sostuvo que la zona creada busca impedir ataques contra Israel y eliminar amenazas inmediatas. Según explicó, las Fuerzas de Defensa de Israel permanecen desplegadas en el área para garantizar la seguridad frente a posibles agresiones.

Frente a estos argumentos, Amnistía Internacional recordó que el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra prohíbe la destrucción de bienes por parte de una potencia ocupante, salvo en situaciones en las que exista una necesidad militar absolutamente indispensable derivada de operaciones bélicas.

La prohibición no se limita a la destrucción total de bienes, sino que también abarca su destrucción parcial y su confiscación. Sobre esto, Amnistía Internacional explicó que la norma de la necesidad militar imperiosa establece que cualquier destrucción de bienes debe ser materialmente indispensable, es decir, que no exista otra alternativa en el marco de una operación militar. A su vez, aclaró que las operaciones militares comprenden actividades directamente vinculadas al combate, incluidos movimientos, maniobras y preparativos.

A partir de la investigación en territorio sirio, Amnistía Internacional afirmó que la destrucción y los daños causados a estructuras civiles al sur de ese país se produjeron sin que existiera la necesidad imperiosa de una presencia militar derivada de las operaciones bélicas. Por este motivo, el informe suma elementos que permiten concluir que el ejército israelí realizó acciones que violan el derecho internacional humanitario y constituyen infracciones graves al IV Convenio de Ginebra.