La ONU avanza en un marco global para exigir responsabilidades por la crisis climática
El debate se apoya en un fallo que reconoce el cambio climático como una obligación legal y un problema de derechos humanos. Amnistía Internacional destacó un proyecto de resolución de la ONU sobre el cambio climático que trata de convertir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los […]
El debate se apoya en un fallo que reconoce el cambio climático como una obligación legal y un problema de derechos humanos.
Amnistía Internacional destacó un proyecto de resolución de la ONU sobre el cambio climático que trata de convertir la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre las obligaciones de los Estados en relación con la “amenaza urgente y existencial” que representa el cambio climático, lo que representaría una hoja de ruta para la adopción de medidas concretas y la rendición de cuentas por parte de los Estados.
Si bien no es vinculante, Amnistía señala que la opinión emitida por el más alto tribunal del mundo en 2025 es considerada como una opinión autorizada que aclara las obligaciones de los Estados respecto del cambio climático. Destacan que reforzará las iniciativas para pedir responsabilidades a los líderes mundiales, guiar la eliminación gradual de los combustibles fósiles y reforzar las leyes y políticas sobre el clima, además de promover la justicia climática para todas las personas del mundo.
Actualmente, los Estados miembros de la ONU negocian el proyecto que expresa su pleno acompañamiento a la opinión de la CIJ, y se prevé que lo voten a finales de abril de 2026. Vanuatu es uno de los países que lidera los esfuerzos para que esta resolución se apruebe, esta nación insular del Pacífico ha advertido en varias oportunidades que debido al aumento del nivel del mar, podría desaparecer.
La opinión consultiva de la CIJ de 2025
El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva reafirmando que los Estados tienen obligaciones vinculantes bajo el derecho internacional para combatir el cambio climático. Se trató de la primera vez que la CIJ examinaba el marco jurídico internacional aplicado al cambio climático. Amnistía Internacional destacó que es un hito que fue posible gracias a un trabajo conjunto y sostenido de gobiernos, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.
La opinión de la Corte fue unánime y dejó en claro que proteger el sistema del clima global es una obligación legal y no una opción política, ya que, de no hacerlo, amenazan los derechos humanos y el bienestar de la población en su presente y su futuro. La CIJ también afirmó que los países deben actuar de forma conjunta para remediar los daños existentes y prevenir más estragos climáticos.
En esa línea, la Corte sostuvo que “el medioambiente es la base de la vida humana de la que dependen la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras” y que los daños al clima ya están poniendo en peligro a millones de personas.
Amnistía sostiene que la resolución de la CIJ refuerza las protecciones para las poblaciones que sufren la injusticia climática y refuerza la realidad de que los derechos humanos y la protección medioambiental son inseparables.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos sostienen que el cambio climático es una emergencia en materia de derechos humanos a nivel mundial. La quema de combustibles fósiles emite gases de efecto invernadero que retienen el calor y son la causa principal de la crisis ambiental. Diversos estudios sostienen que el mundo va camino de superar los 1,5 °C de calentamiento para la próxima década, lo que agravará los efectos del cambio climático y llevará al límite a muchos ecosistemas y comunidades.
Mientras tanto, señala Amnistía, algunos líderes mundiales toman decisiones políticas que significan un retroceso en materia climática justo cuando se necesita una acción más enérgica para superar este problema. También destaca que la infraestructura de los combustibles fósiles representa riesgos para la salud de al menos 2.000 millones de personas, una cuarta parte de la población mundial.
La guerra y el cambio climático
En un escenario de guerra en Medio Oriente, el debate del desarrollo de los combustibles fósiles parece más lejano aún, sobre todo porque afecta directamente a las cadenas de suministro energético de varios países del mundo. El estrecho de Ormuz se encuentra cerrado desde hace un mes, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y la República Islámica lo cerró en represalia. Por esta vía navegable transita aproximadamente el 20% del comercio mundial de petróleo y gas por vía marítima.
Entre las naciones más afectadas, se encuentran las insulares del Pacífico (quienes impulsan la aprobación de la resolución de la ONU), y el principal riesgo es que la situación en el estrecho de Ormuz provoque un aumento de los precios de combustible y, por lo tanto, de los costos de los fletes y las tarifas de transporte en las cadenas de suministro.
A través de esos canales de combustible y precios, un conflicto lejano puede golpear a islas situadas a miles de kilómetros de distancia. Si bien puede resultar una crisis lejana es cierto que que sus efectos impactan de forma directa en estas economías dependientes, desconectando a las vulnerables comunidades insulares del resto del mundo y exacerbando su riesgo frente a las presiones climáticas derivadas del aumento del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos.
Presidente de la Fundacion para la democracia
