La ONU cuestiona las detenciones masivas en Francia durante protestas campesinas tras el acuerdo UE-Mercosur
La detención de 52 manifestantes reactivó el debate sobre el impacto del tratado comercial y el manejo estatal de la protesta social, según advirtieron expertos de las Naciones Unidas. Luego de la detención en París de 52 agricultores y representantes del sector, tres relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la criminalización de […]
La detención de 52 manifestantes reactivó el debate sobre el impacto del tratado comercial y el manejo estatal de la protesta social, según advirtieron expertos de las Naciones Unidas.
Luego de la detención en París de 52 agricultores y representantes del sector, tres relatores especiales de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la criminalización de los movimientos campesinos tras manifestaciones contra el acuerdo UE-Mercosur.
En un comunicado, los expertos sostuvieron que la detención de portavoces nacionales y líderes campesinos internacionales por actos simbólicos de desobediencia civil es una señal preocupante, al poner en riesgo el derecho de los campesinos a expresar sus reclamos sin temor a intimidaciones o represalias.
Las detenciones ocurrieron el pasado mes de enero, cuando la policía francesa arrestó a 52 personas durante una protesta frente al Ministerio de Agricultura. La manifestación cuestionaba el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y otras medidas vinculadas al sector, como la orden gubernamental de sacrificar rebaños enteros para hacer frente a los brotes de dermatosis nodular declarados en algunas regiones del país.
Entre los detenidos, mencionaron los relatores de la ONU, se encontraban tres portavoces nacionales de la Confederación Campesina y el coordinador general del movimiento internacional La Vía Campesina. El pronunciamiento fue firmado por el relator sobre el derecho a la alimentación y el medio rural, Carlos Arturo Duarte, la relatora sobre la libertad de reunión, Gina Romero y la relatora sobre defensores de derechos humanos Mary Lawlor.
Los representantes de la ONU afirmaron que los agricultores se están movilizando para proteger sus medios de vida y exigir participación en decisiones que afectan a su supervivencia, incluidas las políticas sanitarias y los acuerdos comerciales internacionales. En esa línea, señalaron que el Gobierno debe entablar un diálogo constructivo y no silenciarlos mediante detenciones.
Protestas y tensión tras el acuerdo
Las protestas contra el acuerdo UE- Mercosur continuaron en los días siguientes. En el puerto de Le Havre, uno de los principales centros logísticos del país, se instalaron barricadas a la entrada de la terminal de contenedores. Cerca de un centenar de agricultores controló camiones y sus cargas para denunciar el posible ingreso de productos que, según sostienen, no cumplen con las normas francesas y europeas.
La consigna central de los manifestantes apunta a frenar la entrada o circulación de importaciones agrícolas que, de acuerdo con el diagnóstico de los campesinos, profundizarían la fragilidad de las exportaciones francesas, afectadas por años de dificultades económicas, aumento de costos y presión competitiva internacional.
Los tres expertos señalaron que les preocupa la tendencia de criminalizar las actividades sindicales pacíficas y recordaron que los campesinos, al igual que otras organizaciones de la sociedad civil deben poder expresar sus demandas sin temor a intimidaciones o represalias. También advirtieron que estas prácticas pueden desalentar la participación social y debilitar el derecho a la protesta.
Las detenciones fueron «puramente arbitrarias», sostuvo Fanny Métrat, vocera del sindicato Confédération paysanne. Para la dirigente, la declaración de los expertos de la ONU es «muy importante» porque envía una señal clara sobre lo que calificó como una criminalización dirigida específicamente contra su organización. Está claro que la Confédération paysanne es una molestia», declaró Métrat.
Desde Ginebra, los especialistas agregaron que las autoridades tienen la obligación de facilitar las manifestaciones pacíficas y no de responder con el uso excesivo de la fuerza. En particular, advirtieron que el aumento de las detenciones masivas dirigidas contra determinados sindicatos, parece injustificado y podría resultar discriminatorio, especialmente si se repite como forma de respuesta ante las protestas sociales.
El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, luego de más de 25 años de negociaciones, fue firmado a principios de 2026 y dio lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 800 millones de consumidores. El tratado prevé la eliminación de aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur a la UE y el 91% en sentido inverso, buscando reducir costos, facilitar el intercambio comercial y promover inversiones.
El 21 de enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur. La medida no apunta al contenido político o económico del tratado, sino a su validez jurídica según el derecho comunitario, en especial en relación con la base legal elegida y el procedimiento previsto para su aprobación.
En concreto, se pidió al Tribunal que determine si el acuerdo, tal como fue estructurado, es compatible con los Tratados y con las normas que regulan la distribución de competencias, la celebración de acuerdos internacionales y el equilibrio institucional entre las principales entidades europeas.
Así, mientras se debate por el acuerdo UE-Mercosur sigue escalando en Francia, el foco también se pone sobre la respuesta estatal frente a las manifestaciones, con cuestionamientos internacionales sobre el uso de las detenciones masivas y el respeto a las garantías para la protesta pacífica.
Presidente de la Fundacion para la democracia
