La represión a la protesta social entre las principales preocupaciones de las entidades de derechos humanos
Episodios como los hechos de violencia social en Nepal meses atrás o el despliegue represivo en Argentina en los últimos dos años, han puesto en alerta a los organismos de derechos humanos por la “naturalización” de la persecución a las manifestaciones. Los actos de represión a las manifestaciones sociales han sido uno de los temas […]
Episodios como los hechos de violencia social en Nepal meses atrás o el despliegue represivo en Argentina en los últimos dos años, han puesto en alerta a los organismos de derechos humanos por la “naturalización” de la persecución a las manifestaciones.
Los actos de represión a las manifestaciones sociales han sido uno de los temas que más polémicas desató en el debate por los derechos humanos en múltiples partes del país. Si bien, diversas partes del mundo han sido escenario de estas conflictividades, Argentina ha sido uno de los lugares de mayor repercusión mundial en lo que hace a Latinoamérica, en especial en los últimos meses tras la actuación de la representación del gobierno argentino frente a las Naciones Unidas. La abierta reivindicación sobre sus políticas represivas de seguridad despertó la preocupación en organismos internacionales sobre un problema que crece a nivel mundial.
En contextos generalizados de crisis económicas, malestar social, fuertes polarizaciones frente a enfrentamientos internos e internacionales, la manifestación social en el espacio público se convierte en uno de los elementos clave de la sociedad civil para expresar su descontento frente al gobierno y sus instituciones. Casos destacados ocurridos este año como el de la insurrección popular en Nepal -devenida en la renuncia de su principal mandatario-, dieron cuenta de las transformaciones políticas y culturales que han sufrido las sociedades en la última década. En ese marco, la respuesta represiva por parte de los gobiernos se ha posicionado como eje central de debate en la plana diplomática internacional.
En vista del citado caso de Argentina, Amnistía Internacional (AI) lanzó un nuevo informe en la última semana, al cumplirse dos años de la implementación del mentado “protocolo antipiquetes”, a partir de diciembre de 2023. El esquema, presentado como un esquema de seguridad y control de parte del Ministerio de Seguridad argentino, se convirtió en el eje de múltiples repudios por su espíritu represivo a la disidencia política y, además, en la puerta a una serie de vulneraciones a las libertades ciudadanas que trajo consigo aparejado.
Amnistía advirtió sobre cómo esta política ha sido detonante de una fuerte escalada de represión por parte de las fuerzas de seguridad estatales, en un marco de violencia social que, lejos de contener el descontento de la población, ha tendido a silenciar la libertad de expresión. Manifestaciones multitudinarias de estudiantes universitarios, sindicatos de trabajadores, agrupaciones políticas, colectivos de jubilados, trabajadores de la cultura, entre otros, fueron el blanco predilecto de esquemas represivos en el espacio público. Estos incluyeron ataques con armas con balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes detenciones arbitrarias.
Este tipo de acciones, denuncia Amnistía Internacional, han terminado por “naturalizar” la violencia represiva de parte de las fuerzas de seguridad estatales, no sólo por la vía libre a las fuerzas policiales sino por la legitimidad otorgada por el discurso agresivo de las mismas autoridades del Gobierno.
El delicado precedente ante la ONU
Sin dudas, uno de los episodios más contundentes en materia de represión fue el del comportamiento de Argentina frente al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Allí, una delegación del gobierno de Javier Milei debió comparecer ante los informes elevados por una veintena de organismos de derechos humanos a la plana internacional, luego auditados por el Comité. La comitiva argentina no sólo no reconoció las múltiples denuncias por ataques a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, los casos de violencia institucional, las detenciones arbitrarias en protestas, sino que además reivindicó la doctrina de seguridad del país con un discurso negacionista. Las palabras de la delegación argentina generaron una reacción inmediata en organismos como la CIDH y AI.
Represión a la protesta en el mundo
El estallido social ocurrido en Nepal este año dejó una de las postales más cruentas de este año en materia de represión a la protesta, con un saldo de casi 20 muertos y centenares de heridos. La sublevación de la llamada Generación Z y la consecuente respuesta violenta de parte del entonces gobierno regente, fue una muestra de las transformaciones sociales emergentes en el mundo y la necesidad de un llamado a la contención social.
Este fue el mensaje expresado por Naciones Unidas tras el concretarse el reordenamiento institucional en Nepal, en un balance de los hechos ocurridos. La entidad internacional remarcó a la gestión entrante que la violencia “no es la solución” e instó a la nueva administración a respetar los derechos humanos, así como proteger la libertad de expresión, el derecho a la información y la transparencia democrática.
En octubre de este año, Ecuador también fue escenario de graves señalamientos en torno a la represión. International Service for Human Rights se pronunció al respecto al condenar el ejercicio excesivo de la fuerza de parte del Estado contra las manifestaciones sociales desplegadas en ese país.
Presidente de la Fundacion para la democracia
