Más de 4.300 cubanos fueron deportados a México y permanecen atrapados en un limbo legal

Human Rights Watch denunció que la administración Trump expulsó a miles de personas sin garantías de debido proceso. Muchos de los deportados, que habían vivido durante décadas en Estados Unidos, hoy no tienen acceso estable a vivienda, salud y documentación.

En un informe publicado la semana pasada, la organización de derechos humanos documentó que miles de ciudadanos cubanos deportados desde Estados Unidos a México enfrentan una situación de incertidumbre jurídica, falta de acceso a servicios básicos y dificultades para regularizar su situación migratoria. 

Human Rights Watch (HRW) sostiene que, desde el regreso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, Washington incrementó las deportaciones hacia territorio mexicano de personas que no pueden ser devueltas a sus países de origen. Entre ellas se encuentran miles de cubanos, muchos de edad avanzada y con problemas de salud, que residían desde hacía años e incluso décadas en Estados Unidos.

El informe titulado “Dejándonos a un lado para que muramos”, analiza la situación de ciudadanos cubanos y de otras nacionalidades trasladados a México entre enero de 2025 y marzo de 2026. Según la investigación, numerosos deportados quedaron en una situación de vulnerabilidad debido a la falta de acceso a vivienda, atención médica, empleo formal y mecanismos estables de regularización migratoria.

HRW entrevistó a 53 personas deportadas a las ciudades mexicanas de Tapachula y Villahermosa. Entre ellas había 41 ciudadanos cubanos, la mayoría hombres mayores de 60 años que habían vivido gran parte de su vida en Estados Unidos luego de abandonar Cuba por razones políticas o económicas.

Muchos de los entrevistados señalaron que tenían viviendas, negocios y vínculos familiares en territorio estadounidense antes de ser expulsados. Además, varios padecen enfermedades crónicas que requieren tratamientos permanentes y que luego de la deportación, se vieron interrumpidos o con dificultades para continuarlos. 

Sobre esto, la organización afirma que las personas consultadas no tuvieron la posibilidad de cuestionar judicialmente su traslado a México ni de presentar objeciones sobre el país de destino. Según HRW, esta situación plantea interrogantes sobre el respeto al debido proceso y a las garantías contempladas tanto en la legislación estadounidense como en normas internacionales de derechos humanos.

El informe indica que las dificultades continúan una vez que llegan a México. Ya que si bien las autoridades mexicanas aceptaron recibir a estas personas, numerosos deportados aseguran que carecen de apoyo estatal suficiente para cubrir necesidades básicas. En algunos casos, terminan viviendo en la vía pública o dependen de redes informales de ayuda para acceder a alimentos, medicamentos o alojamiento temporal.

Uno de los testimonios que aparecen en el informe de HRW corresponde a un ciudadano cubano de 58 años que describió la situación como un “abandono institucional”. Según relató a la organización, la imposibilidad de obtener documentación migratoria también limita el acceso al trabajo formal y dificulta cualquier posibilidad de reconstruir un proyecto de vida.

Al mismo tiempo, la investigación señala que las ciudades receptoras, ubicadas principalmente en el sur de México, enfrentan problemas estructurales vinculados a la violencia, la pobreza y la limitada capacidad de brindar asistencia a grandes contingentes de personas migrantes. Según lo documentado, las personas que fueron deportadas encuentran obstáculos para acceder a empleo, atención sanitaria y servicios públicos.

De acuerdo con los datos recopilados por Human Rights Watch, entre enero de 2025 y marzo de 2026 Estados Unidos deportó a más de 18.000 personas de terceros países. Alrededor del 70% fueron enviadas a México en el marco de acuerdos cuyos términos no fueron difundidos públicamente. El informe indica que los ciudadanos cubanos constituyeron el grupo más numeroso, con más de 4.300 personas trasladadas durante ese período.

La organización de derechos humanos también describe condiciones deficientes en centros de detención migratoria estadounidenses. Entre las denuncias aparecen situaciones de hacinamiento, acceso limitado a la atención médica, alimentación insuficiente, falta de información sobre los procesos migratorios y episodios de malos tratos por parte del personal de custodia.

Para HRW la mayoría de los cubanos deportados no cuenta con alternativas sencillas para obtener residencia permanente en México. Si bien existe la posibilidad de solicitar asilo, muchas de estas personas llevan décadas fuera de Cuba y podrían enfrentar dificultades para demostrar un riesgo actual de persecución en caso de regresar.

Es por eso que Human Rights Watch instó a Estados Unidos a garantizar evaluaciones individuales antes de concretar expulsiones a terceros países y respetar plenamente los derechos de las personas migrantes. Al mismo tiempo, exigió que los acuerdos de transferencia sean transparentes y contemplen mecanismos efectivos de protección.

Por otro lado, la organización pidió al gobierno mexicano fortalecer la asistencia de emergencia destinada a las personas deportadas y a generar vías de comunicación que permitan acceder a una situación migratoria estable. Para HRW, aceptar a personas que no pueden regresar a sus países de origen implica también la responsabilidad de ofrecer condiciones mínimas de protección y acceso a derechos básicos.