Myanmar: una masacre contra la población Rohingya expone la impunidad de los actores armados
Human Rights Watch denunció que al menos 170 civiles fueron asesinados en la aldea Hoyyar Siri. Mientras los sobrevivientes continúan desplazados, las organizaciones reclaman justicia internacional. La organización de derechos humanos documentó una masacre perpetrada por el Ejército de Arakan contra la población musulmana rohingya en la aldea de Hoyyar Siri, Myanmar, el 2 de […]

Human Rights Watch denunció que al menos 170 civiles fueron asesinados en la aldea Hoyyar Siri. Mientras los sobrevivientes continúan desplazados, las organizaciones reclaman justicia internacional.
La organización de derechos humanos documentó una masacre perpetrada por el Ejército de Arakan contra la población musulmana rohingya en la aldea de Hoyyar Siri, Myanmar, el 2 de mayo de 2024. A través de un informe, Human Rights Watch (HRW) registró cómo las fuerzas armadas atacaron a civiles desarmados que intentaban huir del conflicto, en la que murieron al menos 170 personas, entre ellas, numerosos niños.
HRW documentó, mediante testimonios de supervivientes e imágenes satelitales, la destrucción total de la aldea y la posterior obstrucción de la justicia por parte de los perpetradores. Al mismo tiempo, denunció graves crímenes de guerra, como ejecuciones sumarias, saqueos e incendios provocados, cometidos tanto por el ejército rebelde como por la junta militar de Myanmar.
Según detalla el texto, la masacre de Hoyyar Siri tuvo un impacto catastrófico y duradero en la comunidad Rohingya, provocó la pérdida masiva de vidas con al menos 170 muertes confirmadas, incluyendo unos 90 niños, aunque las estimaciones locales sugieren que la cifra real podría ascender a 500 personas.
Por otro lado, en el documento también se da cuenta de que el ataque provocó la destrucción casi total de la aldea, dejando más de 170 estructuras reducidas a cenizas y convirtiendo el hogar de cientos de familias en un lugar inhabitable debido a la presencia de minas terrestres y al control del Ejército de Arakan.
Como consecuencia, muchos de los sobrevivientes de la masacre han sido confinados en el campo de Nassawr Para, calificado por organizaciones de derechos humanos como una «trampa mortal» donde sufren vigilancia constante, escasez severa de alimentos y agua, falta de atención médica y son sometidos a trabajos forzados sin remuneración.
Mientras tanto, el impacto social se agrava con denuncias de secuestros de mujeres y niñas, tortura de hombres mediante descargas eléctricas y la coacción para proporcionar testimonios falsos que limpien la imagen de los perpetradores. Por su parte, quienes lograron escapar a Bangladesh o Malasia viven en la pobreza extrema, lidiando con deudas agobiantes y un trauma psicológico profundo tras haber presenciado la ejecución de sus seres queridos.
Sin justicia
HRW denunció que hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida formal de rendición de cuentas contra los responsables de la masacre de Hoyyar Siri, y tanto el Ejército de Arakan como la junta militar de Myanmar continúan operando con impunidad.
Por su parte, La Liga Unida de Arakan y su brazo armado han negado categóricamente el asesinato de civiles, alegando que se adhirieron a las leyes de guerra, y han llegado a coaccionar a los sobrevivientes para que brinden testimonios falsos en video que los deslinden de responsabilidad. La junta militar tampoco enfrentó consecuencias específicas por su falta de protección a civiles o por el reclutamiento forzoso de Rohingya antes del ataque.
Mientras tanto, en el plano internacional si bien la Corte Penal Internacional ha solicitado una orden de arresto contra el líder de la junta, Min Aung Hlaing, por crímenes de 2017, y existe un caso de genocidio en curso ante la Corte Internacional de Justicia, estos procesos aún no han derivado en justicia directa por los eventos de 2024.
Por otro lado, organizaciones de derechos humanos afirman que los comandantes del Ejército de Arakan podrían ser penalmente responsables por crímenes de guerra bajo el principio de responsabilidad de mando y exigen que el Consejo de Seguridad de la ONU remita la situación a la Corte Penal Internacional para garantizar investigaciones independientes y enjuiciamientos justos.
En el informe Human Rights Watch recomienda una serie de acciones urgentes dirigidas a los distintos actores involucrados y a la comunidad internacional para abordar las atrocidades cometidas.
En primer lugar, Al Ejército de Arakan se le exige adherirse estrictamente al derecho internacional humanitario, desmantelar el campo de Nassawr Para permitiendo el retorno voluntario de los sobrevivientes a Hoyyar Siri, poner fin al trabajo forzado y cooperar plenamente con investigaciones independientes, facilitando el acceso a organismos como el Mecanismo de Investigación Independiente para Myanmar (IIMM).
A su vez, sobre el ejército de Myanmar, la organización llama a detener el reclutamiento ilegal de la población Rohingya y a investigar y procesar de manera imparcial a los responsables de crímenes de guerra.
HRW no le quita responsabilidad internacional al ataque, al contrario. En su documento, insta a toda la comunidad internacional, incluyendo a China, India y la ASEAN, a respaldar financieramente las investigaciones, mientras solicita al Consejo de Seguridad de la ONU imponer un embargo global de armas, aplicar sanciones selectivas contra los líderes implicados en abusos y remitir formalmente la situación de Myanmar a la Corte Penal Internacional.

