ONU alerta sobre la persistencia de la violencia contra lideres sociales en Colombia
Aunque el gobierno implementó algunas medidas, las Naciones Unidas señalan que sin una estrategia integral y sostenida la violencia contra líderes sociales continuará. La semana pasada, un informe de derechos humanos de la ONU dio cuenta de cifras en Colombia sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos. Según estas cifras, entre 2016 y […]
Aunque el gobierno implementó algunas medidas, las Naciones Unidas señalan que sin una estrategia integral y sostenida la violencia contra líderes sociales continuará.
La semana pasada, un informe de derechos humanos de la ONU dio cuenta de cifras en Colombia sobre la violencia contra los defensores de derechos humanos. Según estas cifras, entre 2016 y 2025, el promedio fue de casi 100 personas asesinadas al año debido a su activismo político.
Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sostuvo que, si bien reconoce que el gobierno de Gustavo Petro avanzó en varias medidas importantes para frenar esta violencia, deben adoptarse “medidas eficaces” para que esta sea considerada una cuestión de prioridad estatal. Si esto no ocurre, la violencia continuará, advirtió Hurtado.
El documento indicó que en casi diez años hubo 972 asesinatos a defensores de derechos humanos y que la violencia contra estas personas está relacionada a una realidad estructural del país. Hurtado agregó que el aumento de estos crímenes está ligado al tráfico de drogas y de personas, a la minería y a la tala ilegales.
En el texto también se señalan los altos niveles de impunidad y la corrupción de las instituciones como factores que contribuyen a la violencia. A su vez, documenta que “entre 2022 y 2025, más de 400 defensores fueron asesinados y el 23% de las víctimas eran indígenas”, lo que representa un porcentaje muy alto si se tiene en cuenta que esta población representa solo el 4,7% de la población total del país.
Por otro lado, los números del informe muestran que el 86% de las víctimas fueron hombres, el 12% mujeres y el 2% personas de la comunidad LGBTIQ+. Además, los sectores más afectados incluyen campesinos (171 casos), indígenas (95 casos) y afrodescendientes (42 casos).
Dentro de ese escenario, la violencia se concentró en un 76% en diez departamentos, el más afectado es el Cauca con un 20%, seguido por Valle del Cauca, Nariño y Arauca. Además de los crímenes, según datos de la ONU, se registraron 2.018 casos de amenazas y ataques, que incluyen vigilancia, estigmatización y secuestros, utilizados para silenciar y desestructurar los procesos organizativos.
Causas y responsables
Entre las responsabilidades de los crímenes, los datos indican que el 73% se atribuyen a actores armados no estatales, el 8% a organizaciones criminales y el 4% a grupos de poder económico y político locales. Por otro lado, la violencia está ligada a la disputa por el control territorial y de economías ilícitas como el narcotráfico o la minería ilegal; la débil presencia integral del Estado y los altos niveles de impunidad.
Entre las preocupaciones principales de la ONU, se encuentra la reducción del 50% del personal en Colombia, ya que cerraron tres oficinas regionales en Medellín, Neiva y Villavicencio. Esto disminuyó la capacidad de monitoreo y asistencia técnica en siete departamentos, por lo que se generó una alarma entre las autoridades y organizaciones sociales.
Entre los sectores más afectados por este recorte están los pueblos indígenas, especialmente el Pueblo Nasa en Cauca y el Pueblo Awá en Nariño, quienes enfrentan riesgos extremos por la defensa de su autonomía y territorio.
Otro de los grupos afectados son las Juntas de Acción Comunal (JAC), sus dignatarios representan el 34% de los homicidios (137 casos), siendo presionados por grupos armados para ejercer control social.
Además de ellos, el informe de la ONU también advierte que los homicidios de mujeres defensoras se duplicaron entre 2022 y 2025, enfrentando además violencias basadas en género, ataques a su vida íntima y a sus familias.
Avances y desafíos
Las Naciones Unidas mencionaron los avances del actual gobierno de Colombia y, si bien hubo un reconocimiento a la labor de las y los defensores de derechos humanos y se reanudaron diálogos, el Estado no ha logrado revertir los patrones de violencia ya que persiste una falta de coordinación entre el nivel nacional y territorial, sostiene el informe.
Por un lado, porque el modelo actual del sistema de protección, de la Unidad Nacional de Protección (UNP), es considerado insostenible y sobrepasado, con un enfoque mayoritariamente individual y material que no se adapta bien a los contextos rurales.
Por otro lado, destaca el documento que la impunidad sigue siendo muy alta; de los casos investigados entre 2022 y 2025, solo el 6.87% ha alcanzado una sentencia. De acuerdo con las fuentes, la justicia en Colombia enfrenta múltiples obstáculos estructurales y operativos que explican por qué solo el 6,87% de los casos de homicidios de personas defensoras investigados entre 2022 y 2025 ha logrado una sentencia y en el 55% de los casos de homicidios ocurridos en el periodo mencionado, aún no se ha logrado identificar a una persona presuntamente responsable.
Las Naciones Unidas recomendaron fortalecer la articulación entre el nivel nacional y territorial, mejorar la capacidad de respuesta de las autoridades locales y avanzar en la superación de la impunidad. También propuso dotar de recursos y capacidades a los municipios para que puedan ejercer su función de primeros respondientes en temas de prevención y protección. Al mismo tiempo, advirtieron que los defensores de derechos humanos no deben poner en riesgo su vida y que buscarán contribuir con su trabajo para que la situación cambie en Colombia.
Presidente de la Fundacion para la democracia
