Periodismo y derecho a la información ante la crisis venezolana
En contextos de crisis política y represión institucional, como el que atraviesa Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, la libertad de prensa enfrenta desafíos que requieren la protección efectiva de periodistas como condición para garantizar el derecho a la información. Para defender la libertad de prensa como un derecho fundamental, la Organización de […]
En contextos de crisis política y represión institucional, como el que atraviesa Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos, la libertad de prensa enfrenta desafíos que requieren la protección efectiva de periodistas como condición para garantizar el derecho a la información.
Para defender la libertad de prensa como un derecho fundamental, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) impulsó el Plan de Acción para la Seguridad de los Periodistas, cuyo objetivo es promover un entorno libre y seguro para periodistas y trabajadores de medios de comunicación, tanto en contextos de conflicto como en otras situaciones, con el fin de fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo.
En un informe presentado en 2024 al Consejo de Derechos Humanos (A/HRC/56/53), la Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión arroja luz sobre los periodistas en el exilio que se enfrentan a graves amenazas debido al aumento de la represión transnacional por parte de los Gobiernos de sus países de origen. Según este texto, muchos periodistas en el exilio carecen de estatuto jurídico o protección y derechos en los países a los que llegan, por lo tanto, se exponen a ser detenidos, deportados o agredidos y, en algunos casos, se ven obligados a abandonar su profesión.
La actualidad venezolana
El 3 de enero de 2026 fuerzas militares de Estados Unidos ingresaron a Venezuela y lanzaron ataques aéreos en Caracas, La Guaira y Miranda en aeropuertos, fuertes y otros complejos militares. El operativo denominado por los norteamericanos como “Resolución Absoluta”, resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama de Venezuela, Cilia Flores, quienes ambos fueron trasladados fuera del país.
Según el gobierno de Donald Trump, la operación involucró una combinación de aeronaves y fuerzas especiales con el objetivo de detener presuntas actividades vinculadas al narcotráfico. La intervención fue ejecutada sin autorización del Congreso estadounidense ni de organismos multilaterales.
Los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas sostienen que el uso de la fuerza contra la soberanía de otro Estado sin mandato del Consejo de Seguridad constituye una intervención militar unilateral y una violación del derecho internacional, que prohíbe la agresión y exige el respeto a la soberanía nacional.
En una rueda de prensa en Ginebra, Ravina Shamdasani, portavoz de la oficina de Derechos Humanos de la ONU, rechazó la justificación de Estados Unidos para su intervención y sostuvo que la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos no se pueden lograr a través de una intervención militar unilateral violando el derecho internacional.
En esa misma línea, Shamdasani agregó que la actuación de Estados Unidos está lejos de ser una victoria para los derechos humanos porque contraviene la soberanía venezolana y la Carta de las Naciones Unidas, además de dañar la arquitectura de la seguridad internacional.
La portavoz para los Derechos Humanos llamó a que se respeten los derechos fundamentales de los venezolanos, incluido el derecho a la autodeterminación, y la soberanía sobre sus vidas y sus recursos. “El futuro de Venezuela debe ser determinado únicamente por el pueblo venezolano”, insistió.
La libertad de prensa
Tras el operativo de Estados Unidos, investigadores de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU expresaron preocupación y afirmaron que la responsabilidad por los abusos documentados desde hace años en Venezuela no debe quedar eclipsada por la crisis actual.
Luego de años de represión y control de la información por parte del gobierno de Nicolás Maduro, las condiciones para el periodismo en Venezuela se han deteriorado aún más después de la operación militar sin mandato del Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos del 3 de enero seguida de la inestabilidad institucional.
En este escenario, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha manifestado que los periodistas enfrentan riesgos mayores e imprevisibles en un entorno cada vez más fragmentado, donde prevalece la arbitrariedad. La intimidación, las amenazas directas, la revisión de teléfonos y las eliminaciones forzadas de contenidos periodísticos, se ven ahora agravadas por nuevos peligros. Estas amenazas son de múltiples actores, es decir, no provienen de una sola autoridad estatal que antes resultaba identificable, por lo se incrementa significativamente la inseguridad para los profesionales de los medios de comunicación.
RSF también ha destacado que se trata de un momento crucial para que el mundo comprenda lo que está ocurriendo en Venezuela y las consecuencias de la intervención de Estados Unidos, insta a las autoridades a permitir la entrada de periodistas extranjeros al país y a dejar de restringir el trabajo de los medios locales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, denunció que desde el 3 de enero 23 periodistas y trabajadores de medios permanecen privados de libertad de manera “injusta y arbitraria” y además, alrededor de 60 medios siguen bloqueados de internet en Venezuela.
Desde RSF reclaman que el gobierno venezolano actualmente no brinda información oficial, a la vez que los medios independientes continúan debilitándose por la presión política, las dificultades económicas y el exilio, por lo que se ha profundizado el vacío informativo sobre lo que sucede en Venezuela luego de la intervención estadounidense.
Presidente de la Fundacion para la democracia
