Políticas que ponen en riesgo los derechos de las mujeres y la diversidad
La irrupción de proyectos de ley y propuestas cada vez más regresivas en materia de igualdad de género despierta la preocupación del mundo de los derechos humanos. El caso de Perú y su ley de “igualdad de oportunidades” entre hombres y mujeres. El atropello a los derechos de las mujeres y diversidades de género es […]
La irrupción de proyectos de ley y propuestas cada vez más regresivas en materia de igualdad de género despierta la preocupación del mundo de los derechos humanos. El caso de Perú y su ley de “igualdad de oportunidades” entre hombres y mujeres.
El atropello a los derechos de las mujeres y diversidades de género es un problema que, aun instalado culturalmente en las sociedades, se torna aun más nocivo cuando las propias instituciones son las que ponen en riesgo la inclusión. El impulso de normativas o jurisprudencias que, por acción u omisión, erosionan las perspectivas inclusivas de género es un problema que todavía persiste y que alarma a las organizaciones civiles y de derechos humanos. El reciento caso de Perú volvió a poner en alerta a la comunidad internacional sobre esta materia.
Es que la aprobación parlamentaria de la mentada Ley de “igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres” provocó la reacción de la Organización de las Naciones Unidas, que incluso solicitó que el Congreso peruano impida la aplicación plena de este proyecto. La preocupación reside en cómo el proyecto remplaza el concepto de “igualdad de género” por “equidad de oportunidades”, incurriendo una peligrosa abstracción que atenta contra el espíritu de las leyes con perspectiva de género.
Según han señalado desde la ONU, este tipo de operaciones legales invisibiliza las desigualdades estructurales de mujeres y diversidades y podría abrir paso a un paulatino debilitamiento de las garantías y protecciones que amparan a estos sectores vulnerables. Asimismo, se ha advertido que esta nueva normativa socava derechos básicos vinculados a la salud reproductiva y sexual.
Por su parte, desde la ONU también señalaron que esta normativa impone nuevos obstáculos a la participación de los actores civiles en materia en denuncias contra el Estado peruano en materia de violencia de género. Asociaciones y organizaciones de derechos humanos podrían verse criminalizadas de manera arbitraria a partir de la aplicación de esta ley, incluso si el objetivo de estas fuera la mismísima lucha contra la discriminación.
El caso de Perú pone de manifiesto criterios regresivos desde las mismas estructuras legales del Estado, donde vuelven a reciclarse perspectivas de “sexo biológico” para aplicar en las leyes, invisibilizando la raíz misma de la lucha por los derechos de las minorías de género. Expertos han alarmado sobre cómo esto puede incidir no sólo desde lo legal sino también como un peligroso precedente simbólico de cara a la sociedad civil.
El Centro de Estudios de Política Internacional (CEPI) de la Universidad de Buenos Aires analizó el caso peruano y se refirió a los riesgos de fomentar una política de igualdad entre personas, pero despojada de la categoría de género. En un informe titulado “Un retroceso anunciado”, el CEPI remarca cómo este tipo de legislaciones reducen la sexualidad a un mero carácter corporal y biológico, despojado de las desigualdades sociales estructurales que ello implica. Despojar la dimensión social del género, advierte el informe, invisibiliza fenómenos como los altos índices de violencia sexual contra las mujeres en ese país.
La situación en América Latina
Otro de los casos que tomó repercusión este año en materia de retroceso de derechos de mujeres y diversidad fue el de Ecuador. A mediados de 2025, grupos activistas del país se pronunciaron contra el cierre del Ministerio de la Mujer. La decisión tomada por el mandatario local Daniel Noboa como parte de un programa de ajuste del sector público despertó la preocupación de la comunidad civil al tomar esto como un retroceso en derechos humanos para mujeres y minorías.
La fusión del ministerio de la Mujer con otros organismos se traduce en lo concreto en la reducción de su estructura, pasando de 9 secretarías a solo 3, vaciando los recursos y herramientas para políticas públicas. Esto fue advertido por la comunidad del movimiento de mujeres y de la diversidad como una peligrosa maniobra que deja a la deriva problemáticas que requieren atención urgente del Estado. La Coalición de Mujeres del Ecuador fue una de las entidades que se posicionó en pleno rechazo a la medida y protagonizó movilizaciones callejeras.
La advertencia de la ONU Mujeres
La organización de Mujeres de las Naciones Unidas ya había lanzado sus advertencias sobre la problemática del retroceso en materia de derechos de las mujeres y diversidades. En 2024, la entidad publicó un informe donde detalló los factores sociales de mayor impacto en el carácter regresivo de las políticas en varios países. Según datos divulgados por la entidad, se estima que hasta el año pasado unas 2000 millones de personas vivían en países donde los vínculos sexuales entre personas de la misma identidad sexo-genérica están penalizadas.
Frente a esto, la ONU Mujeres hizo hincapié sobre el avance de grupos políticos anti-derechos emergentes en diversas partes del mundo, y cómo las mujeres y diversidades tienden a ser el blanco predilecto de sus ataques.
Presidente de la Fundacion para la democracia
