Preocupación por la ley de amnistía en Venezuela y su impacto en detenidos políticos
La comunidad internacional sigue de cerca la normativa, mientras organizaciones denuncian exclusiones y riesgos en su implementación. Venezuela está cambiando su política más agresiva contra Estados Unidos luego del bombardeo del pasado 3 de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro. Bajo el gobierno interino de Delcy Rodriguez y las negociaciones de Donald Trump […]
La comunidad internacional sigue de cerca la normativa, mientras organizaciones denuncian exclusiones y riesgos en su implementación.
Venezuela está cambiando su política más agresiva contra Estados Unidos luego del bombardeo del pasado 3 de enero y la captura del presidente Nicolás Maduro. Bajo el gobierno interino de Delcy Rodriguez y las negociaciones de Donald Trump está en debate una Ley de Amnistía para los presos políticos venezolanos víctimas de los gobiernos chavistas.
La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recibió con «cautela» la aprobación inicial del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática por la Asamblea Nacional, ya que advierten que la legitimidad del documento depende de que se lleve adelante un proceso centrado en las víctimas desde una perspectiva transparente e inclusiva.
Alex Neve, miembro de la Misión sostuvo que la ley es «una oportunidad para brindar justicia» a los detenidos por razones políticas y expresó que la ley debe estar plenamente fundamentada en el derecho internacional de los derechos humanos.
En este sentido, otra integrante de la Misión, María Eloísa Quintero manifestó su preocupación por el alcance limitado del proyecto porque existe el riesgo de excluir a numerosas personas perseguidas por motivos políticos, ya que la ley en sí misma no garantiza la restitución plena de sus derechos.
Expertos señalan que la ley de Amnistía en Venezuela debe incluir mecanismos claros de implementación y supervisión de organismos independientes. Sería conveniente que la legislación cuente con la participación de víctimas y organizaciones de derechos humanos para evitar una posible incompatibilidad con los estándares internacionales.
En 2019, a través de la resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela por un año para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014 bajo la administración de Nicolás Maduro. El Consejo de Derechos Humanos, en la resolución 57/36, prorrogó el mandato de la Misión internacional por dos años más hasta septiembre de 2026.
Liberación de los detenidos
A mediados de febrero, 17 personas detenidas por motivos políticos en la Zona 7 al este de Caracas fueron liberadas, mientras crece la presión sobre el gobierno interino de Delcy Rodríguez para acelerar los procesos de excarcelación.
Luego de la liberación de los detenidos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, escribió en sus redes sociales “continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos ¡Todos unidos por la paz!”
Según la organización Foro Penal, una ONG de derechos humanos en Venezuela, uno de los liberados fue Gabriel Sánchez, un joven dentro del espectro autista que permanecía detenido desde noviembre de 2025.
De acuerdo con estimaciones de dicha organización aún quedan 644 personas presas por razones políticas. Sin embargo, la administración chavista no admite que en Venezuela existan presos por motivos políticos y acusan a los detenidos de conspirar para desestabilizar al gobierno.
Luego de la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, Venezuela fue visitada por representantes del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el objetivo de ejercer presión para que se concrete la liberación de las personas detenidas hace meses o años por sus actividades políticas.
¿Qué pasa con la ley?
Jorge Rodríguez, uno de los tres nombres más importantes del gobierno venezolano, había prometido que, para el 13 de febrero, todos los detenidos considerados presos políticos saldrían de la cárcel. Sin embargo, la Ley de Amnistía aún no está aprobada ya que existen diferencias políticas que obligaron a suspender nuevamente su discusión. En este sentido, algunos expertos señalan que las últimas modificaciones al proyecto alejan aún más la posibilidad de un acuerdo.
El texto completo aún no ha sido debatido en el congreso unicameral, pero el ambicioso alcance que se manejaba en un principio parece haberse reducido de forma notable, dejando afuera a más personas y escenarios de los previstos.
Distintas organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y familiares de los activistas señalaron que los borradores más recientes eliminan la lista de delitos que antes se consideraban políticos, tales como la incitación, la desobediencia civil, la sedición o la traición a la patria. Esto, según denuncian, otorga mayor margen de maniobra para decidir quiénes resultan beneficiados por la medida.
Las faltas que quedan excluidas del alcance de la ley, como narcotráfico, corrupción o faltas contra el patrimonio público, también pueden constituir una “argumentación errada”, explicó Alfredo Romero, director y presidente del Foro Penal.
Para la ONU aún está presente la necesidad de poner fin a todos los mecanismos represivos en Venezuela, ya que el país está lejos de colocar a los derechos humanos como prioridad. Teniendo en cuenta los estándares internacionales, el resto de los países debe hacer de esta una exigencia en este momento clave.
Presidente de la Fundacion para la democracia
