Violencia en las cárceles reavivan el debate por los derechos humanos en Ecuador
El deterioro de las condiciones de vida, la ausencia de políticas públicas y los crecientes números de muerte en establecimientos ponen al Estado ecuatoriano en el centro de los reclamos. La crisis de violencia sobre poblaciones carcelarias en Ecuador reavivó la discusión por el estado de los derechos humanos en ese país. Las permanentes tasas […]
El deterioro de las condiciones de vida, la ausencia de políticas públicas y los crecientes números de muerte en establecimientos ponen al Estado ecuatoriano en el centro de los reclamos.
La crisis de violencia sobre poblaciones carcelarias en Ecuador reavivó la discusión por el estado de los derechos humanos en ese país. Las permanentes tasas de muertes en penitenciarías ecuatorianas que denuncian organizaciones humanitarias representan uno de tantos ejes de debate sobre vulneraciones de derechos. En lo reciente, un conglomerado de organizaciones de derechos humanos volvió a denunciar la “masacre” en la llamada Penitenciaría del Litoral, lugar que es escenario de una paulatina crisis desarrollada desde 2024. En un documento divulgado esta semana, reportaron la muerte de casi 400 personas en ese establecimiento por causas vinculadas a alimentación y salud. Una nueva alerta para una crisis de largo historial.
El permanente deterioro en las condiciones de vida de la población carcelaria es uno de los ejes que más han reiterado las organizaciones de derechos humanos que lanzaron el mencionado documento. Entre julio y agosto, en la cárcel del Litorial, las entidades denunciaron un promedio de 100 muertes mensuales. Asimismo, han denunciado la inoperancia del Estado ecuatoriano que, al tanto de esta situación, no ha generado mecanismos para revertirla.
Semanas atrás, Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas había realizado un llamado a que Ecuador realizara una inmediata “reforma integral” de su sistema carcelario. Entonces, la advertencia fue en torno a la muerte de más de 30 personas alojadas en la Centro de Privación de Libertad de Machala, en la región de El Oro.
En enero de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió al estado de deterioro de condiciones en las cárceles de Ecuador. En un pronunciamiento lanzado desde EEUU, la entidad reiteró su “preocupación” sobre los episodios de violencia reportados en este país de América Latina (ejemplificado en el ya citado caso de la Penitenciaría del Litoral). En el documento citaron el incidente ocurrido en diciembre de 2024, a partir de la explosión de granadas en las instalaciones del establecimiento. Previo a esto, en el mes de noviembre de ese año, también se habían reportado la muerte de 15 internos, reconocidos y denunciados por la CIDH.
La entidad interamericana señaló, entre los detonantes de este tipo de episodios, la carencia de controles estrictos en estos establecimientos para garantizar la paz intracarcelaria, combinado con la injerencia del crimen organizado. Asimismo, la CIDH remarcó que el Estado debe desarrollar políticas públicas de seguridad que, ante escenarios críticos, prioricen una mirada de derechos humanos.
El escenario fue similar en 2022, cuando trascendió a nivel nacional tras la muerte de más de 44 personas en la Cárcel de Santo Domingo de Tsáchilas, en mayo de ese año. Amnistía Internacional se pronunció sobre aquel episodio, donde denunciaron el deterioro estructural en términos de hacinamiento, corrupción en las estructuras de control penitenciario y la impunidad de los crímenes. En ese entonces, la masacre también estuvo vinculada a enfrentamientos entre bandas criminales. Desde 2020 a 2022, AI había registrado la muerte de unas 390 personas dentro de cárceles del país.
A esto se suma una nueva controversia actual, ante el reciente rechazo del Gobierno a la visita del Defensor del Pueblo, César Córdova, a la Cárcel del Encuentro, penitenciaría de máxima seguridad, para controlar y garantizar los derechos de la población. Córdova solicitó la visita para controlar las condiciones en las que los internos son alojados.
Violencia institucional en Ecuador
El deterioro de la vida puertas adentro de las cárceles en Ecuador emergen en sintonía con los reiterados señalamientos de violencia institucional en materia de seguridad puertas afuera. En septiembre de este año, Amnistía Internacional ha sido crítica sobre cómo la militarización de la seguridad interna del país ha decantado a violaciones a los derechos humanos. En concreto, AI ha denunciado casos de desapariciones forzadas de personas en el marco de operativos de seguridad.
El llamado “Plan Fénix” implementado por el gobierno nacional ecuatoriano, según la advertencia de Amnistía, contribuyó a acciones de las fuerzas armadas violatorias de los derechos humanos. Según investigaciones, se han relevado unas 10 desapariciones de personas ocurridas en 2024 en el marco de 5 operativos de seguridad. Desde 2023, se han registrado denuncias por la presunta desaparición forzada de más de 40 personas.
La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), denunció esta situación y reiteró que desde 2024 venían denunciando los tratos “crueles e inhumanos” en los establecimientos penitenciarios de ese país. En comunicados respectivos a la crisis de la Penitenciaría del Litoral, han denunciado problemas como casos de tuberculosis y otro tipo de patologías. Asimismo, han señalado que la declaración de los establecimientos carcelarios como “zona de seguridad” que habilitó la inserción de las Fuerzas Armadas en este ámbito, el incremento de la conflictividad fue notorio en la cárcel del Litoral.
Presidente de la Fundacion para la democracia
