La reciente convocatoria por parte de la CIDH a una audiencia por el deterioro de la libertad de expresión este año en el país vuelve a sentar un precedente en una larga lucha en materia de derechos humanos.
Argentina se ubica en el centro de las miradas internacionales por la delicada situación que atraviesa la libertad de expresión en ese país. La reciente convocatoria de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una audiencia para dar explicaciones al respecto vuelve a poner en foco un debate que lleva años en el país. En tanto, el recrudecimiento del ataque a comunicadores, medios y diversas entidades disidentes al Gobierno genera una nueva alerta.
En efecto, el pedido de la CIDH hace alusión al “deterioro sostenido y alarmante” en materia de libertad de expresión y libertad de prensa en Argentina. En el pronunciamiento, invitan al Estado argentino a elaborar medidas para encauzar esta situación hacia un mejor escenario, para lo cual convocan a una audiencia el próximo 19 de noviembre. Los múltiples pedidos de parte de organizaciones de derechos humanos y asociaciones civiles fueron recogidas por Amnistía Internacional, entidad que incluyó este tema en su agenda de cara a noviembre, en el marco del 194° Período de Sesiones de la CIDH.
Junto a Amnistía, se suman al alistado una veintena de organizaciones del campo de los derechos humanos y agremiaciones del periodismo y los medios. Allí aparecen la Asociación de Reporteros Gráficos de Argentina (ARGRA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la Fundación Heinrich Böll, la Fundación Poder Ciudadano Fundar, entre otras. Asimismo, se destacan como firmantes múltiples figuras del ámbito del derecho y constitucionalistas.
Si bien las discusiones en torno a la libertad de expresión y de prensa tiene un largo historial de hechos significativos en Argentina, el período de gobierno del actual presidente Javier Milei inauguró un nuevo ciclo de preocupaciones. Esto se ejemplifica en hechos como el desmantelamiento de medios públicos como la agencia estatal de noticias Télam, pasando por múltiples agravios públicos del mandatario hacia periodistas argentinos, hasta el disparo al fotoperiodista Pablo Grillo por parte de un efectivo de Gendarmería Nacional. Este último episodio encendió una fuerte alarma en la opinión pública por el contexto y la brutalidad con que se llevó a cabo.
Procesos de judicialización a periodistas, amenazas y “discursos estigmatizantes” desde la propia estructura del Gobierno, se suman a la serie de elementos que Amnistía Internacional destacó en este nuevo reclamo ante la CIDH.
“Nada que celebrar: un día del periodista sin libertad de expresión”, fue el título que ya en 2024 utilizó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) en su documento por el día del periodista en Argentina. En el texto, el gremio remarca que el propio Estado argentino había firmado una declaración de la UNESCO a favor del respeto por la libertad de expresión. Este gesto se contradecía, acorde al documento, con las políticas restrictivas y represivas desplegadas en apenas los primeros meses del gobierno de Javier Milei. Allí detallan la baja de los sitios web y redes de Radio Nacional, TV Pública, además del acorralamiento económico a medios sin fines de lucro a partir de la baja a la pauta oficial. Además, se menciona el vaciamiento del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo originalmente pensado para regular las políticas y actividades en materia de comunicación y medios.
Lo señalado respecto al actual período político argentino comparte líneas con reclamos similares durante lapsos políticos anteriores. Ya en 2016, inicios del gobierno del entonces presidente Mauricio Macri, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), elaboró el informe “Libertad de expresión: perspectivas desalentadoras”. Allí advertía sobre acciones tales como la quita de jerarquía de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) vía Decreto.
Esta situación se enmarcó en el proceso de reformulación de gran parte de los postulados de la llamada “Ley de Medios” (ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522), orientada a garantizar la pluralidad mediática. Según el informe, este tipo de modificaciones legales se manifestó en casos como la persecución y confiscación del medio alternativo Antena Negra TV. Más atrás en el tiempo, durante el período presidencial Cristina Fernández de Kirchner, fueron públicamente conocidos los conflictos institucionales e ideológicos entre el oficialismo y el grupo multimediático Clarín.
Libertad de expresión: una larga lucha argentina
Estos conflictos y episodios no son nuevos. La censura y persecución a la libertad de expresión y de prensa es uno de los elementos más destacados en relación a las implicancias del último período dictatorial argentino (1976-1983). Desde la vigilancia a la cultura a través del Asesor Literario del gobierno (encargado de chequear todos los guiones televisivos antes de su emisión), pasando por el control del entonces Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), hasta las conocidas acciones clandestinas del terrorismo de Estado, que operó mediante secuestro, tortura y desapariciones de periodistas y activistas políticos en todo el país.
Recuperado el orden democrático, este precedente sentó un enclave fundamental en materia de lucha por los derechos humanos y la libertad de expresión como uno de sus pilares centrales. Asimismo, en el propio período democrático extistieron hitos que marcaron el reclamo de la sociedad civil, la cultura y los medios en este tema. Casos como el pedido de censura previa al programa del conocido humorista político Mauricio “Tato” Bores por parte de la jueza María Servini de Cubría, en 1992, fue uno de ellos. A este se suma el asesinato del fotoperiodista José Luis Cabezas, quien fue hallado muerto tras fotografiar al empresario Alfredo Yabrán, por entonces objeto de una investigación judicial por corrupción de alto impacto. El “caso Cabezas” se convirtió en uno de los máximos símbolos de la lucha por la libertad de expresión en Argentina.
